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Los abogados de Hunter Biden piden que se anule su juicio por un supuesto error procesal

La defensa del hijo del presidente alega también que en su juicio se ha violado el derecho a tener armas que consagra la Segunda Enmienda de la Constitución

joe biden y hunter biden
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, con su hijo Hunter, en New Castle (Delaware), el día que fue declarado culpable.Anna Rose Layden (REUTERS)
Miguel Jiménez

La batalla jurídica de los abogados de Hunter Biden contra la decisión del jurado que le declaró culpable de tres delitos relacionados con la compra y posesión ilegal de un revólver ha comenzado. Los abogados del hijo del presidente han solicitado que anula y, en su caso, repita el juicio alegando un supuesto error procesal. Argumentan que presentaron un recurso ante el Tribunal de Apelaciones y que este nunca devolvió la jurisdicción, por lo que el juicio ni siquiera debería haber empezado. “Las condenas del señor Biden deben ser anuladas porque el tribunal carecía de jurisdicción para proceder a juicio”, señala en su conclusión un escrito fechado este lunes. En otro escrito, la defensa del hijo del presidente alega también que en su juicio se ha violado el derecho a tener armas que consagra la Segunda Enmienda de la Constitución

Los abogados de Hunter Biden citan un precedente, el caso DeFries, en el cual se anuló una condena precisamente por ese mismo error procesal. Como entonces, ahora, “el tribunal convocó a un jurado y procedió al juicio antes de que el Tribunal de Apelaciones devolviera la jurisdicción al tribunal emitiendo su mandato. En consecuencia, la condena debe ser anulada”, dice el escrito presentado en nombre de Hunter Biden ante el juzgado de Wilmington (Delaware) que se encargó del caso.

Según dicho escrito, esa deficiencia procesal no se arreglaría aunque el Tribunal de Apelaciones devolviera ahora la competencia al juzgado de Wilmington. El problema solo se subsanaría con un nuevo juicio, alegan. También reconocen que ese traslado y suspensión de la jurisdicción del juzgado federal no opera en el caso de apelaciones “frívolas”, según la doctrina del Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito, el distrito judicial al que corresponde el caso. Sin embargo, defienden que las apelaciones presentadas por Hunter Biden no tenían ese carácter, aunque fueran desestimadas.

La jueza tendrá que considerar si ese argumento jurídico tiene suficiente peso. Los abogados de Hunter Biden pueden usarlo también en sus recursos posteriores.

Condena inconstitucional

No es el único argumento que la defensa de Hunter Biden usa para solicitar la repetición del juicio. En otro escrito independiente, los letrados sostienen que los fundamentos de la reciente sentencia del Tribunal Supremo que avaló las restricciones para que las personas bajo una orden de alejamiento por violencia doméstica posean armas de fuego se prestan a una absolución en el caso del hijo del presidente, o “como mínimo” a un nuevo juicio.

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“El Tribunal Supremo ha subrayado de nuevo que la posesión de armas de fuego es presuntamente un derecho constitucional y que las solas excepciones válidas deben ser análogas a una excepción histórica que existía cuando se adoptó la Segunda Enmienda” de la Constitución, que consagró el derecho a poseer y portar armas de fuego.

En realidad, el fallo del Supremo, avalando la prohibición de que los maltratadores tengan armas, resulta en su resultado contrario en los intereses de Hunter Biden. Sus abogados, sin embargo, escarban en la argumentación de la sentencia para arrimar el ascua a su sardina. “El Tribunal Supremo rechazó enfática y unánimemente el otro argumento del Gobierno de la ley que se basaba en la afirmación de que el Congreso puede desarmar a personas que presume peligrosas o no responsables”, sostiene.

Los abogados de Hunter Biden indican que las prohibiciones de los artículos 922(g)(8) y 922(g)(3) de la legislación peenal estadounidense son muy diferentes y tienen antecedentes históricos muy distintos. El artículo 922(g)(8) se aplica solo a las personas que están “sujetas a una orden judicial” que “fue emitida tras una audiencia de la que dicha persona recibió notificación real, y en la que dicha persona tuvo la oportunidad de participar”, y dicha orden determina que la persona supone “una amenaza creíble para la seguridad física de la pareja o del menor” e impide que dicha persona “acose, aceche o amenace” a la pareja o al menor, explican.

Por el contrario, en su opinión, el artículo 922(g)(3), por el que se declaró culpable de uno de los delitos al hijo del presidente, podría vulnerar la Constitución porque “se aplica a un adicto o a un consumidor ilegal de drogas sin ninguna orden judicial que declare su peligrosidad en ningún sentido”. “Esta distinción es fundamental para el análisis de la Segunda Enmienda”, añaden, poniendo el acento en que el Supremo se rige por la analogía histórica con el momento en que se aprobó el texto constitucional.

“El señor Biden tiene derecho a una absolución porque no hay pruebas de que su conducta encaje en esta excepción histórica o, como mínimo, tiene derecho a un nuevo juicio porque el jurado nunca fue instruido y no hizo ninguna constatación fáctica sobre la aplicabilidad de esta instrucción”, argumentan. Ese otro escrito de 18 páginas concluye: “El Tribunal debe ordenar la absolución del señor Biden porque los cargos que se le imputan son inconstitucionales”.

El hijo del presidente de Estados Unidos fue declarado culpable de tres delitos por el jurado popular, aunque la jueza todavía no ha impuesto la sentencia. Los delitos (declaración falsa al comprar un arma de fuego; declaración falsa en los documentos a mantener en los archivos del vendedor del arma y posesión ilegal de un arma de fuego) están castigados con un máximo de 25 años de cárcel, pero no es habitual una pena así cuando la compra y posesión ilegal de un arma no viene acompañada por otros delitos violentos y el condenado no tiene antecedentes. Nunca antes el hijo de un presidente de Estados Unidos había sido juzgado en un caso penal.

Hunter Biden compró un revólver Colt Cobra 38SPL y rellenó el impreso 4473, un formulario de varias páginas en que negó ser consumidor ilegal o adicto a cualquier estimulante, droga narcótica o cualquier otra sustancia controlada. La pistola acabó 11 días después en un cubo de basura de un supermercado de Greenville, a unos 10 minutos en coche de la armería.

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Sobre la firma

Miguel Jiménez
Corresponsal jefe de EL PAÍS en Estados Unidos. Ha desarrollado su carrera en EL PAÍS, donde ha sido redactor jefe de Economía y Negocios, subdirector y director adjunto y en el diario económico Cinco Días, del que fue director.
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