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Más de 400 años de cárcel para 24 dirigentes kurdos por protestar contra la inacción de Turquía ante el ISIS

El exlíder izquierdista Selahattin Demirtas es condenado a 42 años por instigar hace una década manifestaciones por el asedio de los terroristas a la ciudad de Kobane que terminaron en disturbios con 37 muertos

Cárcel dirigentes kurdos
Un partidario del Partido de Izquierda Verde sostiene un retrato del exlíder kurdo Selahattin Demirtas, durante un mitin en Diyarbakir, el 13 de mayo de 2023.Sertac Kayar (REUTERS)
Andrés Mourenza

Tras más de tres años de proceso judicial, 24 dirigentes del principal partido kurdo de Turquía, HDP, fueron condenados el jueves a un total de más de 400 años de cárcel, acusados de instigar las protestas de hace 10 años contra la inacción de su Gobierno en el asedio de Kobane, ciudad kurdo-siria junto a la frontera turca, atacadas entonces por las fuerzas yihadista de Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés). Las manifestaciones derivaron en disturbios que causaron al menos 37 muertos. La oposición y organizaciones de derechos humanos han denunciado lo que consideran un juicio “político” basado en acusaciones falsas.

Al antiguo líder de la izquierda kurda Selahattin Demirtas ―la figura más popular del movimiento kurdo, según las encuestas― se le han impuesto 42 años de cárcel tras el procesamiento por “incitar a la comisión de crímenes”, hacer “propaganda terrorista” del grupo armado kurdo PKK y “atentar contra la unidad del Estado”. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya había pedido su liberación por considerar que se han violado sus derechos durante el juicio (lleva detenido desde 2016). Junto a él, han sido sentenciados a penas de prisión la colíder del partido HDP, Figen Yüksekdag (32 años de cárcel) y el alcalde de Mardin, Ahmet Türk (10 años). El resto de los condenados han recibido penas de entre 9 y 22 años de cárcel, si bien media docena de ellos serán puestos en libertad debido al tiempo transcurrido entre rejas en prisión preventiva. Otros nueve acusados, entre ellos el actual vicepresidente del Parlamento turco, Sirri Süreya Önder, han sido absueltos. En total, había más de un centenar de imputados, pero muchos de ellos escaparon de Turquía para evitar el juicio.

“Este macroproceso es la última jugada de una campaña de persecución que ha sustraído a los votantes turcos de sus representantes electos, minado el proceso democrático y criminalizado el discurso político”, denunció Hugh Williamson, de Human Rights Watch: “Se han utilizado procedimientos criminales espurios para apartar a cargos electos kurdos y acabar con su vida política, pero esto no servirá para terminar con el largo conflicto entre el Estado turco y el PKK”.

Los dirigentes del DEM (las siglas utilizadas ahora por el partido kurdo ante el proceso de ilegalización en curso contra el HDP) cargaron contra la sentencia y han asegurado que no le reconocen legitimidad. “Es una masacre del sistema judicial”, denunció la copresidenta del DEM, Tülay Hatimogullari, quien acusó al Gobierno del islamista Recep Tayyip Erdogan de situarse del lado del ISIS. “Es un juicio político”, denunció, por su parte, el jefe de la oposición, Özgür Özel, líder del partido centroizquierdista CHP.

En otoño de 2014, en plena expansión del grupo Estado Islámico, los yihadistas sitiaron la ciudad kurdo-siria de Kobane, provocando la huida de 200.000 personas que fueron acogidas en Turquía. La negativa del Gobierno turco a intervenir para salvar la ciudad llevó a que el HDP convocase manifestaciones que en muchos casos terminaron en graves disturbios y en enfrentamientos con la policía y seguidores de partidos islamistas y ultranacionalistas: fallecieron al menos 37 personas, de cuya muerte han sido acusados los dirigentes políticos kurdos. Las protestas terminaron al cabo de una semana tras un llamamiento a la calma del fundador del PKK, Abdullah Öcalan, aunque fueron un duro golpe al proceso de paz que entonces negociaban Ankara y el grupo armado kurdo (y que se rompería del todo a mediados del año siguiente).

Finalmente, el Ejecutivo turco autorizó el uso de su territorio para que los peshmerga del Kurdistán iraquí introdujesen artillería y refuerzos en Kobane, cuya defensa por parte de las milicias kurdo-sirias YPG (vinculadas al PKK) fue comparada al cerco de Stalingrado: si, en aquella batalla de la II Guerra Mundial, la resistencia soviética detuvo el avance de las tropas nazis, la de Siria supuso un punto de inflexión en la lucha contra el Estado Islámico.

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