La Administración de Biden modifica el sistema de asilo para rebajar la crisis migratoria

El Gobierno de Joe Biden ha planteado modificar el sistema de asilo para reducir la crisis migratoria en un año electoral. El Departamento de Seguridad Interior ha publicado este jueves una norma que agiliza el rechazo a los inmigrantes que no califiquen para esta protección, considerada desde hace décadas uno de los derechos fundamentales de Estados Unidos. La medida afectaría principalmente a quienes tengan antecedentes penales, lo que las autoridades estiman un universo pequeño entre las decenas de miles de migrantes que buscan acogerse a esta figura. La ley es solo una pieza más de una serie de iniciativas de migración que el mandatario demócrata desvelará en las próximas semanas y que están dirigidas a atender una de las principales preocupaciones rumbo a las elecciones presidenciales.

“Esta norma permite identificar y remover más rápidamente a los individuos que representen un riesgo a la seguridad y que no tienen base legal para permanecer en Estados Unidos”, ha señalado a través de un comunicado Alejandro Mayorkas, el secretario de Seguridad Interior del Ejecutivo.

De acuerdo con la institución, la propuesta agiliza el proceso que determina si un migrante puede pedir asilo o no. Actualmente, quien llega a la frontera estadounidense para solicitar protección es interrogado por las autoridades migratorias bajo la premisa del “miedo creíble”. Esto le permite seguir en libertad un proceso que puede tardar varios días, o incluso meses, hasta que un juez toma una decisión sobre el caso. La modificación planteada por el Gobierno de Biden pretende que un agente migratorio haga una valoración inicial sobre si debe negarse el asilo, por ejemplo, en el caso de personas con antecedentes penales o que estime que representen un riesgo para la comunidad.

Los agentes especializados en asilo también podrán tomar en cuenta más temprano en el proceso si un migrante que reclama el asilo puede evitar las amenazas que prueban el “miedo creíble” con una reubicación interna dentro de su país de origen.

Un alto funcionario de Seguridad Interior ha explicado en una llamada que la norma no cambia radicalmente el asilo para la gran mayoría de solicitantes, pero permite a los agentes de migración que analizan los casos contar con una nueva herramienta. Esta permitirá expulsar rápidamente a los inmigrantes que tengan o hayan tenido vínculos con organizaciones terroristas y que puedan ser una amenaza para la seguridad estadounidense.

En una comparecencia reciente de la cúpula de inteligencia ante el Congreso, los legisladores republicanos recordaban que en 2023 unas 169 personas bajo sospecha de trabajar con bandas criminales trasnacionales y grupos terroristas fueron detenidos en la frontera con México. Hasta marzo pasado iban 58 detenidos de estas características en 2024. El funcionario de Seguridad Interior afirma que la nueva norma desclasifica mucha información para que esta esté disponible para los agentes migratorios en las etapas más tempranas del proceso.

Algunos defensores de derechos humanos han criticado el cambio argumentando que la primera barrera que enfrentan los inmigrantes debe ser baja para evitar deportaciones injustas. Una repatriación suele convertirse en una mancha en el expediente que prohíbe volver a Estados Unidos por varios años. Desde el año pasado, Washington castiga por cinco años a quienes ingresan al país cruzando la frontera entre dos garitas migratorias.

La Administración Biden trata de ordenar el flujo migratorio que ha dejado números récords en la frontera con México. El Gobierno habilitó en mayo del año pasado una aplicación llamada CBP One, con la que pretende centralizar las peticiones de asilo. Las autoridades migratorias han insistido desde entonces que no tomarán en cuenta las solicitudes que se hagan en persona en una garita fronteriza y que estas deben hacerse desde sus países de origen antes de iniciar el viaje al norte. De acuerdo a las cifras oficiales de Seguridad Interior, 547.000 personas han agendado sus entrevistas iniciales a través de la plataforma digital. Algunos han esperado siete meses para obtener la cita.

CBP One ha sido criticada por las organizaciones de derechos humanos como una forma de restar los derechos de las personas a migrar. Tres organizaciones civiles, basadas en Texas y California, presentaron este miércoles una demanda en un tribunal federal porque aseguran que la aplicación, a la que se accede a través de un teléfono inteligente, viola las leyes de datos personales porque recopila información privada y datos biométricos de extranjeros.

Los cruces ilegales en la frontera han dado un balón de oxígeno al presidente Biden, quien busca reelegirse en noviembre en una contienda frente a Donald Trump, un exmandatario que mostró mano dura en la política inmigratoria. El número de aprehensiones cayeron en enero a 124.000, la mitad del récord registrado en diciembre, 249.735, que se convirtió en el mes con más detenciones desde que se tienen registros. El número seguía siendo estable en marzo, cuando se contabilizaron 137.000 detenciones. En la disminución ha sido clave el papel del Gobierno mexicano, que ha auxiliado a frenar el paso de muchos migrantes que quieren llegar al país del norte.

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