El Estado de Oregón vuelve a criminalizar la posesión de drogas ante el incremento de las sobredosis

Uno de los paradigmas pioneros de Estados Unidos en el tratamiento de las drogas y las adicciones parece vivir sus últimas horas. Tina Kotek, la gobernadora de Oregón, tiene sobre su escritorio una ley que pone fin a la ley que legalizó la posesión de drogas y priorizaba el tratamiento de las adicciones con dinero público. Tras solo cuatro años, los políticos han dado marcha atrás al experimento iniciado en las urnas en 2020, cuando el 58% de los votantes avaló la Iniciativa 110. Un agudo incremento de las sobredosis en medio de la epidemia del fentanilo ha sido suficiente para que la clase política vuelva atrás.

“Nos estamos moviendo en una dirección en la que decimos a nuestro Estado que lo escuchamos, que respetamos su voz y que estamos tomando acciones”, dijo el viernes el líder de los republicanos en el Senado estatal, Tim Knopp. La Cámara Alta aprobó ese día con holgura por 21 votos contra 8 para pasar una norma que convierte nuevamente en un delito la posesión de cocaína, fentanilo, heroína y metanfetaminas. Ni los hongos alucinógenos ni la marihuana, una droga legalizada desde 2014 para su uso recreativo, han sido tocadas por la nueva ley, conocida como la House Bill 4002 (HB4002).

La iniciativa crea un nuevo esquema punitivo. La posesión de drogas ilegales se convierte en un crimen menor que podrá ser castigado hasta con seis meses de prisión. Permite también a la policía confiscar las sustancias en parques, espacios públicos y campamentos. Asimismo, facilita la detención y penas más severas contra los traficantes.

Es un contraste significativo si se compara con el objetivo de la ley que el Senado codificó tras el triunfo en las urnas de la Medida 110, que entró en vigencia en febrero de 2021. La pena máxima para un usuario en posesión de drogas duras era una multa que iba de los 45 a los 100 dólares. No había cárcel, supervisión del Estado ni otras penalidades. Las personas multadas tenían 45 días para asistir a tratamientos clínicos financiados con el dinero tributado por los dispensarios de marihuana legal. La recompensa de asistir a estas terapias era ver borrados los cargos.

Después de un año en vigor, una auditoría mostró que el sistema arrojó resultados poco optimistas. Solo el 1% de las personas que recibían un citatorio para comenzar su tratamiento buscó ayuda. La Iniciativa 110, votada por 1,3 millones de personas, se inspiraba en el esfuerzo puesto en marcha en Portugal desde 2000, un país que cambió su enfoque de la guerra contra las drogas. No obstante, los políticos de Oregon se han dado cuenta ahora que uno de los factores clave de la reforma lusa era una posición más proactiva del Estado en el tratamiento de las adicciones.

Los legisladores no contaban con la epidemia de fentanilo que ha marcado a Estados Unidos en los últimos años. Esta ola de muertes dejada por este opiáceo sintético se ha ensañado con Oregón, un Estado de 4,2 millones de personas, que ha llegado a registrar un aumento interanual de 1.500% en el número de fallecimientos por sobredosis. Es el salto más pronunciado registrado en todo el país. La entidad registró 280 muertes accidentales por opiáceos en 2019. En 2022 fueron 956. La cifra bajó un poco el año pasado para colocarse en 628.

Hasta este lunes, la gobernadora demócrata Kotek no ha dicho cuando promulgará la ley con su firma. En enero, sin embargo, la mandataria aseguró que estaba dispuesta a hacerlo. Cinco de los ocho votos en contra de la HB4002 fueron de legisladores progresistas de su partido, en su mayoría afroamericanos, una de las razas más afectadas por la política de drogas de Estados Unidos. El senador Lew Frederick, de Portland, ha criticado la nueva norma, que considera como un retorno a la guerra contra las drogas. Con fallas o no, la nueva legislación tiene mucho respaldo. La Cámara Baja local la aprobó con una votación 51-7.

Los políticos demócratas han tratado de rebajar el fracaso del experimento con el anuncio de una inversión millonaria en la atención a las adicciones. Los senadores han aprobado la inversión de 211 millones de dólares en proyectos y programas destinados a tratar las adicciones, incluso dentro de las prisiones. Parte de estos recursos serán destinados a la prevención y a la salud mental. “Con esta ley redoblamos nuestro compromiso para asegurarnos de que la población tenga acceso a los tratamientos y cuidados que necesitan”, dijo el viernes el líder de la mayoría demócrata, Kate Lieber. La senadora asegura que esta ley será “el verdadero comienzo a una transformación del sistema de justicia”.

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