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90 días de experimento: Portland decreta el estado de emergencia para desengancharse del fentanilo

Las autoridades de Oregón planean un centro de atención a la epidemia del opiáceo sintético, que ha provocado un aumento de 500% en las sobredosis en los últimos años

Donny Mathew, una agente de policía de Portland, frente a una persona inconsciente en el centro de la ciudad, en mayo de 2023.
Donny Mathew, una agente de policía de Portland, frente a una persona inconsciente en el centro de la ciudad, en mayo de 2023.Beth Nakamura (AP)
Luis Pablo Beauregard

El fentanilo se ha ensañado con Portland. Las autoridades del Estado de Oregón han decretado esta semana la emergencia por 90 días para desengancharse del potente opiáceo que ha provocado una crisis de salud en Estados Unidos. La sustancia ha dejado en el condado de Multnomah, donde se ubica la ciudad, un incremento de las sobredosis mortales de 533% en los últimos cuatro años. “Nunca hemos visto una droga así de adictiva y estamos lidiando con nuestra respuesta”, admitió la gobernadora Tina Kotek. La medida pretende ser un experimento más en una ciudad que ha explorado nuevas rutas en la política de drogas sin los resultados esperados.

La declaración de la emergencia permite a las autoridades estatales, del condado y municipales establecer una zona cero en el centro de Portland, que ha visto cómo la emergencia ha provocado también una crisis económica. Decenas de negocios han abandonado el núcleo de la ciudad más poblada de Oregón, con 600.000 habitantes.

El centro de comando pretende unificar la respuesta ante la epidemia y borrar las trabas burocráticas entre los niveles de Gobierno. Los adictos al fentanilo podrán encontrar en un mismo edificio toda la atención que necesitan. Sin importar si esta es la necesidad de una cama en un centro de rehabilitación, una cita con un médico o para obtener programas sociales o apoyo para comer.

“Vale la pena invertir, luchar por y mostrar un camino claro a la rehabilitación para todos aquellos que están luchando contra la adicción al fentanilo”, aseguró la gobernadora Kotek en una rueda de prensa. Los detalles de la medida se darán a conocer en las próximas semanas, pero de momento la prensa local ha informado que la declaratoria no necesita de nuevos recursos económicos. Solo enfoca el gasto de los tres niveles en la atención de cientos de personas.

La medida ha sido recibida con escepticismo. “Deberíamos guardar el aplauso hasta que veamos qué es lo que sucede realmente”, dijo Sharon Meieran, una de las comisionadas del condado de Multnomah, al diario local The Oregonian. La funcionaria pidió adoptar la emergencia el año pasado para hacer frente a la epidemia que ha dejado 210 muertes entre 2018 y 2022 (el último año disponible en las estadísticas) y que ha acarreado un incremento en varios delitos. “Se han tomado demasiado tiempo en decidir que tenemos una crisis en las manos que ciertamente no va a terminarse en 90 días”, añadió.

El fondo del debate que se tiene ahora en Oregón es qué debe hacer el Estado con la Iniciativa 110, que despenalizaba la propiedad de pequeñas cantidades de drogas duras, entre ellas el fentanilo, la heroína y las metanfetaminas. La medida fue aprobada en 2020 por el 56% de los votantes de la entidad, uno de los más liberales en el combate a la prohibición de las drogas.

La iniciativa, la primera de su tipo en el país, pretendía cambiar décadas de un enfoque punitivo de la política de drogas, que ha provocado la sobrepoblación carcelaria y se ha ensañado especialmente con negros y latinos pobres. Normas similares han sido aprobadas y puestas en marcha en varias ciudades del Oeste estadounidense, como Seattle, Los Ángeles y San Francisco. Las autoridades de estas ciudades han limitado, cuando no dado marcha atrás, a este tipo de propuestas.

Este parece ser el destino de la Iniciativa 110. Los demócratas, quienes gobiernan Oregón desde 1987, revelaron recientemente una propuesta legislativa que modificaría el espíritu de la medida. De aprobarse, el Congreso local convertiría nuevamente en un delito no grave la posesión de pequeñas cantidades. La nueva norma también permitiría a las autoridades confiscar sustancias y evitar el uso en la vía pública. También haría más fácil para los fiscales la persecución de los traficantes y forzar a los pacientes a internarse en una clínica de rehabilitación, una muestra de fuerza que también está a debate en San Francisco. El 63% de los habitantes de Oregón apoyan la nueva ley.

Oregón se encuentra por debajo de la media nacional en sobredosis mortales de drogas ilícitas. Tiene 30 muertes por cada 100.000 habitantes, mientras que la capital, D.C., está a la cabeza de la lista con 94,2 y es seguida por Tennessee (55,4), Delaware (55,1) y Maine (51,6). La media nacional está en 35. Las autoridades de la entidad informaron que en 2022 tres personas morían cada día por sobredosis accidentales. La peor parte se la llevaban los adictos negros, que registran 36% más sobredosis fatales que los blancos en el condado de Multnomah. El fentanilo, una sustancia entre 80 y 100 veces más fuerte que la morfina y 50 veces más mortal que la heroína, ha catapultado la crisis.

Los políticos parecen haberse decidido sobre el futuro de la Iniciativa 110. El experimento, no obstante, ha sido defendido por los científicos y académicos. En el otoño pasado, un estudio realizado por la Escuela Grossman de Medicina de la Universidad de Nueva York (NYU), concluyó que la norma no provocó un aumento en las sobredosis ni en las muertes por abuso de sustancias.

El equipo de médicos investigó 13 Estados que tenían un nivel similar de consumo de sustancias al de Oregon. Después de tres años de análisis, el periodo en el que ha estado vigente la iniciativa, no hay pruebas contundentes de que esta haya causado más muertes. Corey Davis, el responsable de la investigación, aseguró que las sobredosis accidentales se dispararon “básicamente en todas partes”.

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Sobre la firma

Luis Pablo Beauregard
Es uno de los corresponsales de EL PAÍS en EE UU, donde cubre migración, cambio climático, cultura y política. Antes se desempeñó como redactor jefe del diario en la redacción de Ciudad de México, de donde es originario. Estudió Comunicación en la Universidad Iberoamericana y el Máster de Periodismo de EL PAÍS. Vive en Los Ángeles, California.

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