El Constitucional de Senegal anula el aplazamiento de las elecciones dictado por el presidente

El Tribunal Constitucional de Senegal anuló este jueves el decreto firmado el pasado día 3 por el presidente del país, Macky Sall, en el que retrasaba las elecciones del próximo 25 de febrero y, al mismo tiempo, declaró inconstitucional la ley aprobada por el Parlamento en la que se fijaban los nuevos comicios para el 15 de diciembre. Ambas medidas habían desencadenado una oleada de protestas en todo el país que provocaron tres muertos y más de 200 detenidos. Los jueces del alto tribunal admiten que es imposible mantener la cita con las urnas en la fecha inicialmente prevista, pero instan a las autoridades competentes a organizarlas en el plazo más breve posible, teniendo en cuenta que el 2 de abril expira el mandato de Sall.

El Constitucional justifica su decisión en que, según la propia Carta Magna, la duración de dicho mandato no se puede modificar y que, en todo caso, correspondería al propio tribunal adoptar dicha medida y no al presidente de la República. La decisión de este organismo es un duro golpe para Sall y la mayoría gubernamental, pues trastoca sus planes de ganar tiempo para organizar un nuevo proceso electoral más favorable a sus intereses. Sin embargo, el principal grupo opositor, liderado por el encarcelado Ousmane Sonko, recibió la noticia con muestras de satisfacción.

Ante el rechazo de los jueces, Sall anunció este viernes que acatará la decisión y celebrará las elecciones “lo antes posible”, aunque sin precisar aún una fecha. “El jefe de Estado llevará a cabo sin demora las consultas necesarias para la organización de las elecciones presidenciales”, señaló la Presidencia senegalesa en un comunicado.

El pasado 3 de febrero, Sall compareció en la televisión pública para comunicar su decisión de suspender las elecciones, que debían celebrarse el día 25. El presidente justificaba esta medida por el conflicto surgido entre el Parlamento y el Tribunal Constitucional en torno a las candidaturas para dichos comicios, después de que una mayoría de diputados aprobara una comisión de investigación contra dos jueces del alto tribunal por presuntas irregularidades. Dos días más tarde, la Asamblea Nacional aprobaba una ley para fijar la nueva fecha electoral el 15 de diciembre, prorrogando 10 meses el mandato del presidente, en una sesión en la que intervino la policía para desalojar a varios miembros de la oposición.

Ambas medidas provocaron la reacción de miles de ciudadanos, que se echaron a las calles para manifestarse en contra de lo que consideraban “un golpe de Estado constitucional”. Las protestas se intensificaron el pasado fin de semana y alcanzaron a prácticamente todas las ciudades del país. Las fuerzas de seguridad trataron de impedir las concentraciones y actuaron con dureza para reprimirlas, provocando la muerte de tres jóvenes en Saint Louis, Dakar y Ziguinchor, así como decenas de heridos y más de 200 personas detenidas. Pese a la suspensión electoral, algunos candidatos siguieron haciendo campaña y los sindicatos de la enseñanza llamaron a la huelga.

EE UU pide respetar el calendario electoral

En el ámbito internacional, Estados Unidos pidió a Sall que restableciera el calendario electoral y la Unión Europea mostró su preocupación por el deterioro del prestigio democrático del país. Ante su creciente aislamiento, Sall movió ficha para intentar rebajar la tensión. Tras restablecer la señal de la televisión privada Walfadjiri, cuya licencia le fue retirada por emitir las protestas, dio órdenes expresas a su ministra de Justicia, Aissata Tall, de aliviar la presión contra los opositores para favorecer un proceso de diálogo. En las últimas horas, decenas de personas encarceladas sin juicio por haber participado en las protestas o miembros del ilegalizado partido Pastef han sido liberadas.

Líderes políticos y religiosos, como los dos expresidentes del país que quedan con vida, Abdou Diouf y Abdoulaye Wade, y el califa Serigne Babacar Sy Mansour de la hermandad tidiane, una de las más influyentes del país, habían hecho llamamientos a la calma y la paz social, pero la presión ciudadana iba en aumento con nuevas convocatorias previstas para este viernes y sábado. El ambiente era cada vez más eléctrico y la tensión estaba conduciendo a una situación inédita a un país que hasta ahora se había caracterizado por su estabilidad democrática.

Sin embargo, la estrategia de ir a unas nuevas elecciones en diciembre planteada por Sall y sus aliados liberales del Partido Democrático Senegalés (PDS), cuyo candidato Karim Wade fue excluido de los comicios, se ve ahora profundamente alterada por la decisión del Constitucional de mantener el actual proceso electoral y dar por finalizado el mandato de Sall el 2 de abril. El aplazamiento había abierto una nueva crisis marcada por la incertidumbre y la indignación, pero el alto tribunal ha dado un golpe sobre la mesa que le enfrenta al presidente y al Parlamento. La crisis senegalesa aún no ha dicho su última palabra, pero la decisión judicial se recordará como un momento histórico.

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