El presidente de Senegal aplaza las elecciones tras las denuncias de irregularidades en la aprobación de candidaturas

El presidente de Senegal, Macky Sall, ha aplazado por decreto y sine die las elecciones presidenciales que estaban previstas para el próximo 25 de febrero y lo ha comunicado este sábado a la nación en un mensaje televisado. El jefe de Estado, que no concurre a los comicios, justifica su decisión por el conflicto que ha surgido entre el Parlamento y el Tribunal Constitucional, después de que la mayoría de diputados aprobara investigar a dos jueces por presuntas irregularidades en la aprobación de candidaturas y por la constatación de que una de las candidatas tiene la doble nacionalidad franco-senegalesa, circunstancia prohibida en la Carta Magna.

“Estas problemáticas circunstancias podrían perjudicar la credibilidad del escrutinio, sembrando las semillas de un contencioso pre y postelectoral. Nuestro país no se puede permitir una nueva crisis cuando todavía sufre las cicatrices de las violentas manifestaciones de marzo de 2021 y junio de 2023″, ha asegurado este sábado Sall. El aplazamiento ha generado un enorme revuelo en la clase política senegalesa y entre la mayoría de los 20 candidatos aprobados por el Tribunal Constitucional, que se disponían a hacer campaña a partir del lunes. Es la primera vez desde 1963 que se aplazan unas elecciones presidenciales en este país de África occidental.

El embrollo político-judicial que ha conducido a esta demora se oficializó hace una semana, cuando el Parlamento senegalés aprobó la creación de una comisión para investigar a dos jueces del Tribunal Constitucional por presunta corrupción en la aprobación definitiva de los 20 candidatos a las elecciones. La petición fue presentada por el opositor Partido Democrático Senegalés (PDS), tras la exclusión de dicha lista de su aspirante, Karim Wade, por tener la doble nacionalidad franco-senegalesa en el momento de la presentación de su candidatura. Sin embargo, el grupo parlamentario de la mayoría presidencial, Benno Bokk Yakaar, también respaldó la iniciativa.

El Tribunal Constitucional reaccionó con vehemencia y lamentó que los diputados pretendieran investigar a dos de sus miembros, saltándose la separación de poderes fijada en la Carta Magna. Aun así, la comisión quedó constituida este jueves y se disponía a llevar a cabo sus trabajos a solo tres semanas de las elecciones. Sin embargo, otro acontecimiento vino a añadir aún más incertidumbre a todo el proceso: ese mismo día comenzaron a circular por las redes sociales capturas de pantalla del Consulado francés que mostraban que la candidata Rose Wardini también tenía la doble nacionalidad. Horas más tarde, fue detenida bajo la acusación de haber mentido al respecto en el momento de presentar su candidatura.

El viernes, el propio PDS presentó una proposición de ley en el Parlamento en la que pedía el aplazamiento de los comicios seis meses como máximo y el nombramiento de un nuevo Tribunal Constitucional, asegurando que el actual estaba bajo sospecha por “una decisión inaceptable y arbitraria” en la aprobación de candidaturas. Pero el presidente Sall ha decidido adelantarse a la deliberación de los diputados y aplazar las elecciones sin dar una fecha concreta para su celebración. Asimismo, ha insistido en que no tiene previsto presentarse a las mismas y que convocará un diálogo nacional con todos los actores políticos “para unas elecciones libres, transparentes e inclusivas”.

Tras la renuncia de Sall, anunciada el año pasado, y la condena y encarcelamiento del principal líder opositor, Ousmane Sonko, que le impedía concurrir a los comicios, la cita con las urnas del 25 de febrero se presentaba como una de las más abiertas e inciertas de la historia del país. Por parte de la mayoría gubernamental, el candidato Amadou Ba, designado por el propio presidente Sall, no despertaba un gran entusiasmo ni siquiera en el seno de su propio grupo político; por parte de la oposición, Bassirou Diomaye Faye, quien se encuentra en prisión preventiva, se perfilaba como el aspirante con más opciones después de que Sonko pidiera el voto para él.

La tensión política en torno a estas elecciones data al menos de 2021, cuando Ousmane Sonko fue detenido por primera vez y estallaron intensas protestas en todo el país. Su posterior condena el verano pasado volvió a incendiar las calles con nuevas manifestaciones que dejaron al menos una decena de muertos. El Gobierno reaccionó con dureza e ilegalizó al partido de Sonko, quien permanece desde entonces en prisión, y encarceló a más de mil personas acusadas de haber participado en las violentas protestas. Mientras todo esto ocurría, miles de jóvenes tomaron el camino de la emigración irregular hacia Canarias, protagonizando entre junio y noviembre uno de los mayores éxodos migratorios de la historia reciente del país.

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