El secretario de Seguridad Nacional defiende la política migratoria de EE UU mientras se prepara un juicio político contra él

Cuando las cifras de inmigrantes que han entrado en EE UU de modo irregular han vuelto a alcanzar cifras máximas en 2023, y a punto de que los parlamentarios republicanos abran el proceso para un juicio político contra él por ello, el secretario de Seguridad Nacional de EE UU, Alejandro Mayorkas, ha viajado este lunes a la frontera con México para lanzar desde allí un encendido llamamiento al Congreso para que apruebe 6.000 millones de dólares con los que reforzar el control de la frontera y acelerar la tramitación de los casos de quienes entran.

“Hacemos todo lo que podemos con un sistema roto para incentivar a la gente a que utilice vías legales de entrada y para que los que no las usen paguen las consecuencias”, ha sostenido Mayorkas en el cruce fronterizo de Eagle Pass, en Texas, frente a la ciudad mexicana de Piedras Negras, sobre un problema migratorio que la oposición republicana quiere convertir en uno de los grandes asuntos de debate en la campaña electoral para las elecciones de noviembre.

En el año fiscal 2023, la Patrulla Fronteriza estadounidense detuvo a cerca de dos millones de migrantes en la frontera del sur de Estados Unidos, una cifra similar a la de los dos primeros años de mandato del presidente demócrata Joe Biden. Durante la era del republicano Donald Trump (2017-2021), el mayor número de arrestos se produjo en 2019, cuando llegaron a los 852.000. Las encuestas apuntan a que la inmigración es una de las grandes preocupaciones de los votantes republicanos.

En diciembre, las detenciones por cruce ilegal de la frontera alcanzaron una media de 8.400 diarias en Estados Unidos. Pero la tendencia se ha reducido desde una visita a México del secretario de Estado, Antony Blinken, Mayorkas y otros altos cargos estadounidenses a finales del mes pasado. El presidente mexicano, Manuel Andrés López Obrador, declara que se han resuelto los problemas financieros que llevaron a la agencia migratoria mexicana a suspender las deportaciones y otras operaciones contra la migración irregular, sin ofrecer más detalles. La semana pasada, el flujo de cruces ilícitos hacia EE UU cayó drásticamente y los arrestos diarios quedaron en 2.500. La reducción del flujo ha hecho que Estados Unidos reabriera una serie de pasos fronterizos que había cerrado ante la enorme cantidad de personas que intentaba cruzarlos. Entre ellos el de Eagle Pass.

“Agradecemos el renovado compromiso de México con la aplicación de medidas para abordar el movimiento de personas hacia el norte”, ha sostenido Mayorkas. En las reuniones en México, que continuarán en Washington este enero, las dos partes acordaron intensificar sus esfuerzos para “detener el tráfico de personas, combatir la trata y desarticular redes criminales”, según el comunicado conjunto emitido entonces. El secretario de Seguridad Nacional anunció por su parte un viaje a América Central, de donde proceden la mayoría de los migrantes irregulares en EE UU, en las próximas semanas. Según su departamento, se ha detectado también un aumento de procedentes de Colombia, Cuba y Venezuela.

“Seguiremos haciendo todo lo que podemos, y seguiremos haciendo cumplir la ley. Pero necesitamos que el Congreso emprenda los cambios legislativos que necesitamos y aporte la financiación que nuestros oficiales en primera línea necesitan desesperadamente”, apuntaba el secretario de Seguridad Nacional.

La Casa Blanca ha incluido 6.000 millones de dólares para la frontera en su petición al Congreso de fondos adicionales, que contempla también más de 60.000 millones de dólares en ayuda a Ucrania, y 14.000 millones para Israel en la guerra de este país contra Hamás. El Gobierno del presidente Joe Biden planea destinar ese dinero en la contratación de más agentes para la Guardia Fronteriza y de funcionarios y jueces que tramiten las peticiones de asilo, y destrabar así un largo proceso de espera.

Los republicanos en el Congreso bloquean la petición de fondos para Ucrania y pretenden vincular esa partida con la toma de medidas mucho más duras para el control de las entradas en Estados Unidos. Este partido alega que el dinero solicitado por la Administración Biden se encaminaría no a intensificar el control de la frontera, sino a la tramitación de las entradas y, por tanto, no disuadiría a los potenciales migrantes irregulares de intentar el paso.

Esta semana, los republicanos en la Cámara de Representantes tienen previsto comenzar los trámites para someter a Mayorkas a un juicio político, por supuesta dejación de funciones que pone en peligro la seguridad del país al permitir la entrada de tantos inmigrantes irregulares. De prosperar la iniciativa, el secretario de Seguridad Nacional sería el primer cargo no presidencial de un Gobierno estadounidense en ser sometido a esa medida de castigo en cerca de 150 años.

Los republicanos demandan que el Senado, bajo control demócrata, apruebe un proyecto de ley conocido como HR2, y ya aprobado por la Cámara de Republicanos que ellos controlan, que pondría fin casi por completo a la posibilidad de solicitar asilo en la frontera.

Entre otras cosas, prohíbe dar ese paso si la persona que lo solicita ha pasado por un tercer país para llegar a Estados Unidos, y concede al secretario de Seguridad Nacional grandes poderes para suspender la entrada a los inmigrantes para mantener el “control operativo” de la línea de demarcación. También ordena la construcción del muro que propuso Donald Trump para su mandato y suprimiría diversos programas que han permitido la entrada de manera legal en EE UU de centenares de miles de personas procedentes de lugares en conflicto.

Mayorkas, y la Administración Biden, sostienen que ya adoptan una posición de dureza contra la migración ilegal. “La mayoría de los migrantes detectados en la frontera suroeste durante esta Administración han sido devueltos a sus países o expulsados, la mayor parte de ellos”, ha sostenido el secretario de Seguridad Nacional.

Un grupo de senadores de los dos partidos negocia para intentar llegar a un acuerdo sobre reforma migratoria y destrabar la ayuda a Ucrania, aunque de momento sus progresos han sido lentos. Parte de los legisladores demócratas, incluido un grupo de parlamentarios hispanos, y organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes se oponen a recortar el acceso al derecho de asilo en la frontera. Los legisladores deben aprobar leyes presupuestarias para el 19 de enero y el 2 de agosto para evitar la paralización parcial de la Administración por falta de fondos.

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