Bruselas pone coto a los ‘lobbies’ extranjeros para frenar la injerencia de Rusia y China

La Comisión Europea ha puesto en el punto de mira a diferentes lobbies extranjeros (organizaciones culturales, centros de estudios o entidades de relaciones públicas) tras los que se ocultan autocracias como China o Rusia para influir en la UE. Un proyecto de directiva hecho público este martes prevé que las entidades patrocinadas por países de fuera de la Unión y que representen sus intereses —también las personas individuales que lo hagan— tengan que inscribirse en un nuevo registro denominado “de transparencia” que dará cuenta de su actividad y de los importes recibidos. La directiva contempla, además, multas en caso de que se detecten incumplimientos en el registro o en la actualización de la información. Varios grupos de la sociedad civil ya han subrayado sus preocupaciones por un texto legal que han comparado con las polémicas leyes sobre “agentes extranjeros” de Rusia —que el Kremlin utiliza para acallar a los críticos y cercenar a la sociedad civil— Georgia o Hungría, un Estado miembro de la UE que ha sido apercibido por sus vulneraciones del Estado de derecho y que está avanzando en varias normas sobre “protección de soberanía”.

“Europa está orgullosa de ser una democracia abierta, pero sería ingenuo pensar que la democracia no necesita ninguna protección. En el mundo actual es todo lo contrario”, ha aseverado la vicepresidenta de la Comisión Europea para Valores y Transparencia, Vera Jourova, en Estrasburgo, donde se ha hecho pública la medida. “Y no debemos permitir que [Vladímir] Putin o cualquier otro autócrata interfiera encubiertamente en nuestro proceso democrático”, ha añadido.

La directiva, que ahora tendrá que pasar por el proceso legislativo comunitario y ser aprobada por el Consejo de la UE y por el Parlamento, requiere que los Estados miembros que no tengan registros de este tipo (una decena ya disponen de ellos) los abran. Esos registros, que servirían para detectar quién financia y con qué fines, deberán ser en su mayoría públicos y allí deberá permanecer la información durante cuatro años. “Los Gobiernos extranjeros que intentan influir en la opinión pública y el debate democrático, cuando lo hacen de forma encubierta, pueden representar una amenaza para las democracias de la UE”, ha insistido Jourova, que ha asegurado que no se prohíbe ninguna actividad, sino que se persigue “la transparencia”.

La iniciativa forma parte de lo que la Comisión ha llamado “paquete de defensa de la democracia”, que incluye también recomendaciones para evitar las injerencias extranjeras en los procesos electorales y ataques cibernéticos. Las medidas llegan cuando el foco está puesto ya en las elecciones al Parlamento Europeo de junio de 2024.

El Ejecutivo comunitario asegura que ha incluido en la norma elementos para reducir las cargas burocráticas, también “salvaguardas” como la imposibilidad de que los Estados miembros introduzcan requisitos adicionales o que los datos recogidos en el registro solo podrán hacerse públicos en algunos casos, para evitar que los requisitos del registro se utilicen indebidamente para limitar derechos fundamentales, como la libertad de expresión o de asociación.

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