Varias asociaciones acusan al sector fósil de ‘lobby’ para influir en la respuesta europea a la crisis energética

Un nutrido grupo de asociaciones y ONG de corte ambientalista y de defensa de los consumidores señala a los gigantes del petróleo y el gas por sus intentos de influir en la respuesta europea a la crisis energética desatada por la invasión rusa de Ucrania. Así se lee en un documento presentado este miércoles, en el que no solo señala el cabildeo de la poderosa Asociación Internacional de Productores Petróleo y Gas (IOGP, por sus siglas en inglés), sino que también apunta a la Comisión Europea por sus “repetidas invitaciones” al organismo para que le asesorara a la hora de buscar una salida al atolladero.

El estudio —que lleva, entre otras, la firma de Fossil Free Politics, del Corporate Europe Observatory, Friends of Earth, Food and Water Action, Greenpeace y Global Witness— documenta más de 200 reuniones entre representantes del sector fósil y representantes del Ejecutivo comunitario en el primer año tras el inicio de la guerra de Ucrania, “una por cada día laborable”. “IOGP, en cuyo consejo de administración están [los gigantes del crudo y el gas] BP, ENI, Equinor y ExxonMobil, se presentaba como un asesor de confianza, en lugar de una de las principales razones por las que Europa sigue siendo tan vulnerable frente a la volatilidad de precios de los combustibles”, subrayan.

Entre las cuestiones en las que se ofrecían a asesorar en las reuniones, siempre según estas asociaciones, estaba la construcción de nuevas terminales de regasificación, esenciales para poder inyectar a la red el combustible que viaja por barco (GNL), o asuntos regulatorios. También cómo acelerar la transición energética, “pese a ser responsables del 90% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero”.

La investigación acusa a “políticos de toda Europa” de “dar la bienvenida” a estos lobbies “con los brazos abiertos” mientras los mayores contaminadores del continente “se presentan a sí mismos como los salvadores en una crisis energética que han contribuido a crear y ofrecen soluciones que protegen sus beneficios, consolidan el crudo y el gas, y debilitan las políticas encaminadas a afrontar la pobreza energética”. Mientras, esbozan, 41 millones de personas fueron capaces de calefactar adecuadamente sus hogares el año pasado.

“Es hora de reescribir las reglas, de que la sociedad civil se una para exigir a quienes toman las decisiones que antepongan las personas a los contaminadores”, reclaman. De ahí, dicen, que sea necesario “un nuevo marco frente a los conflictos de interés que restrinja influencia indebida de los grupos de cabildeo de los combustibles fósiles sobre la formulación de las políticas climáticas y energéticas, igual que con la industria tabaquera”.

Beneficios caídos del cielo

“Las compañías fósiles y los grupos de cabildeo han estado haciendo todo lo posible para influir en la respuesta de los gobiernos a la crisis energética, saboteando políticas que podrían ayudar a millones de personas con problemas para pagar las facturas”, sintetiza el texto publicado este miércoles. “Todo, para proteger sus asombrosos beneficios caídos del cielo —las ganancias de las cinco mayores del mundo más que se duplicaron, hasta alcanzar los 200.000 millones en 2022— y para prolongar la vida de un modelo de negocio que destruye el medio ambiente mientras las personas y el planeta pagan el precio”.

Para poner fin a este modelo, los firmantes abogan por que los grupos consultivos que asesoran a las instituciones comunitarias estén “libres de control empresarial, especialmente los que abordan la crisis energética”; ir “más allá de los impuestos extraordinarios, rindiendo cuentas por su impacto sobre las personas y el planeta”; acabar con las subvenciones públicas a los combustibles fósiles; y situar “a la clase trabajadora en el centro de una transición energética justa”.

Aunque el estudio se centra, fundamentalmente, en cuestiones paneuropeas, también dedica cuatro monográficos a la cuestión de los lobbies energéticos en tres Estados miembro (España, Italia y la República Checa) y el Reino Unido. En el capítulo español —adelantado hace unos días—, las organizaciones se centran en el “arsenal usado por las tres mayores eléctricas y gasistas españolas” —Iberdrola, Endesa y Naturgy— “para anteponer sus intereses económicos frente a los derechos de la ciudadanía y, en particular, de los hogares vulnerables”. La investigación acusa a las tres energéticas de “continuar engordando” sus beneficios extraordinarios “desplegando distintas armas: batallas judiciales contra medidas del Gobierno, presiones en la UE o gran inversión en publicidad”.

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