Texas prepara una ley radical que criminaliza a los inmigrantes

El Congreso local de Texas ha aprobado esta semana unas de las leyes más duras contra los inmigrantes en Estados Unidos. La mayoría republicana en el Legislativo ha aprobado una serie de normas que criminaliza a las personas que cruzan la frontera desde México. Estas convierten en un delito la llegada a Texas de forma ilegal y permite a las autoridades estatales deportarlas, algo cuya legalidad ha sido puesta en duda por algunos expertos y organizaciones de derechos humanos. Estas leyes están a la espera de ser promulgadas por el gobernador del Estado, Greg Abbott, un político que ha explorado los métodos radicales combatir la llegada de inmigrantes, entre ellos enviar autobuses de inmigrantes a ciudades demócratas o instalar boyas y alambre de púas en el río Bravo. El político ya ha señalado que firmará las iniciativas para convertirlas en ley.

La iniciativa 4 de la Cámara de Representantes local provocó días de tensiones en el cuerpo legislativo. La aprobación de la cámara baja llegó un jueves de finales de octubre a las cuatro de la madrugada. La mayoría republicana se impuso a los intentos de los políticos demócratas de descarrilar la propuesta del congresista David Spiller, que representa un condado del norte del Estado. Su propuesta permite detener a cualquier persona en cualquier momento y lugar bajo sospecha de haber ingresado ilegalmente a Texas, una entidad que tiene unos diez millones de habitantes de origen mexicano.

El Senado local también ha aprobado recientemente una iniciativa que permite a Abbott el uso de 1.500 millones de dólares extraordinarios para reforzar la vigilancia de la frontera con México, una zona que ha registrado números récord de cruces ilegales. El político ha dicho que utilizará parte del dinero para construir más kilómetros de muro migratorio y otras barreras que puedan cortar el flujo de las personas que llegan. Se espera que Abbott visite la frontera este fin de semana junto a Donald Trump, quien está haciendo campaña rumbo a 2024 con la promesa de devolver la mano dura a la zona.

La tensión que provocó la negociación de la iniciativa 4 afloró en un video viral grabado dentro del órgano legislativo. Después de la votación, el congresista demócrata Armando Walle, de Houston, se aproximó visiblemente molesto a los legisladores republicanos que votaron la medida. “Ya no puedes ir a una boda, ya no puedes ir a un bautizo... Ustedes no entienden una mierda lo que están haciendo. Esto lastima a nuestras comunidades, nos lastima personalmente”, dijo un iracundo Walle, quien fue empleado de una taquería en su juventud. Los republicanos se limitaban a asentir sin responderle.

La norma, que ya ha sido aprobada en noviembre por el Senado local en una sesión de urgencia, permite a las autoridades optar por la deportación a México de todo sospechoso de haber ingresado a Texas de manera irregular. Si esta no abandona Estados Unidos, se expone a ser acusado de un nuevo delito que podría acarrearle una condena de entre dos y 20 años de prisión.

El Gobierno de México mostró esta semana su rechazo a la medida. La cancillería mexicana lanzó el miércoles un mensaje, el mismo día en que el presidente mexicano comenzaba una visita a Estados Unidos para participar en el Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico, la APEC. La criminalización de los inmigrantes, afirma Exteriores, “resultará en la separación de familias, discriminación y perfilamiento racial”. México, además, rechaza una medida que permita a autoridades estatales detener y retornar a nacionales o a extranjeros a territorio mexicano, indica el comunicado.

La Administración de López Obrador lleva meses de estira y afloja en materia migratoria con su contraparte estadounidense. Ese fue el punto central de la reunión bilateral entre Joe Biden y su homólogo mexicano el viernes en el marco de la APEC. Los dos países ya tienen algunos acuerdos a nivel federal para que México reciba en su territorio a ciudadanos de algunos países que son deportados. Pero México, no obstante, no tiene ningún acuerdo para recibir deportaciones de autoridades legales.

Organizaciones de defensa a los derechos humanos han dejado muy claro que demandarán al Gobierno de Texas en cuanto Abbott firme y convierta en ley esta iniciativa. “La ley 4 del Senado sustituye a la legislación federal, promueve el perfilamiento racial y el acoso y autoriza inconstitucionalmente a las autoridades locales a deportar a personas sin debido proceso, sin importar si los inmigrantes buscan asilo u otras protecciones humanitarias”, señaló Oni Blair, la directora de ACLU en Texas. Este grupo de activistas afirma que grupos supremacistas del bastión republicano han mostrado su apoyo a estas normas.

El congresista Walle ha señalado esta semana que la ley votada por el Congreso texano es peor que la famosa SB1070 aprobada por Arizona en 2010. Esta permitía a la policía pedir papeles a quien quisiera y en cualquier momento para poder comprobar su estatus legal en el territorio. Esta norma fue impugnada en los tribunales. Sus efectos se erosionaron después de varios fallos de jueces federales. En un caso emblemático de 2012, el Supremo estadounidense determinó en un fallo que la policía local no tiene la autorización de detener a una persona sospechosa basándose únicamente en su estado migratorio. Esta responsabilidad, determinó aquella Corte, recaía en el Gobierno federal. Sin embargo, los equilibrios ideológicos de los togados han cambiado desde entonces.

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