El Tribunal Supremo de Turquía abre una grave crisis al denunciar al Constitucional por excarcelar a un opositor

La Sala Tercera del Tribunal Supremo de Turquía ha abierto una crisis institucional sin precedentes al negarse a acatar la decisión del Tribunal Constitucional de que se excarcele a un diputado opositor y denunciar ante la Fiscalía a los magistrados del organismo responsable de velar por el cumplimiento de la Constitución, acusándolos de prevaricación y de violar la ley fundamental. La iniciativa del Supremo ha sido duramente cuestionada por expertos juristas y abogados y la oposición la ha calificado de “golpe judicial”. El bloque progubernamental se ha dividido entre aquellos que defienden al tribunal y los que critican los graves problemas que se derivan de esta guerra entre las más altas instancias judiciales.

El caso que ha motivado esta crisis es el de Can Atalay, un abogado condenado el año pasado por un tribunal de Estambul a 18 años de cárcel bajo la acusación de “tratar de derrocar al Gobierno” a raíz de su participación en las protestas antigubernamentales contra la destrucción del parque de Gezi en 2013. El proceso judicial, según organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales, no cumplió los estándares de garantías suficientes. Atalay fue elegido parlamentario por el izquierdista Partido de los Trabajadores de Turquía (TIP) en las elecciones del pasado mayo, lo que implicaba su excarcelación, pues, según la legislación turca, un diputado obtiene inmunidad ante juicios en curso sobre los que no haya sentencia firme y, en este caso, aún no había concluido el proceso de apelaciones.

La Sala Tercera del Supremo confirmó la condena de Atalay el pasado septiembre, pero, un mes después, el Constitucional revocó esta decisión alegando que esa sentencia violaba los derechos a la libertad y a ser elegido del diputado, que no podía ser procesado a menos que el pleno del Parlamento levantase su inmunidad.

El Supremo, por su parte, enarbola el artículo 83 de la Constitución para argüir que Atalay no puede beneficiarse de la inmunidad parlamentaria porque ha cometido delitos graves contra el Estado, y de ahí que, en un comunicado, acusase a los magistrados del Constitucional de “extralimitarse en sus funciones” e invadir competencias del poder legislativo. Además, les acusa de “amenazar” a los miembros de la Sala Tercera ―por haber afirmado que su decisión de septiembre fue “negligente”― y compara a los constitucionalistas con “organizaciones terroristas” que en el pasado también habían amenazado al Supremo.

“Golpe judicial”

Diversos dirigentes opositores y la Unión de Colegios de Abogados han calificado la decisión del Supremo de “golpe judicial”. “No se debe tomar a la ligera lo ocurrido. Más que una violación de la Constitución es un intento de derribar el orden constitucional”, denunció Özgür Özel, nuevo líder del Partido Republicano del Pueblo (CHP), la principal formación de la oposición.

Özel también invitó a la población a protestar en las calles y llamó al presidente del Parlamento a convocar un pleno extraordinario. Incluso el vicepresidente del grupo parlamentario del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP, en el Gobierno) y antiguo ministro de Justicia Abdülhamit Gül fue muy crítico: “Si la judicatura pierde su calidad de árbitro, se convierte en fuente de problemas y de conflictos, no de soluciones”.

El actual ministro de Justicia, Yilmaz Tunç, prefirió no entrar a debatir la crisis judicial, sino que se limitó a cargar contra el jefe de la oposición, al que tachó de “irresponsable” por su llamamiento a la movilización. En cambio, Mehmet Uçum, asesor del presidente, Recep Tayyip Erdogan, y vicepresidente del Consejo de Política Jurídica de la Presidencia, consideró “correcta” la decisión del Supremo de rechazar el acatamiento a un Constitucional que, en sus palabras, se ha convertido en “activista”.

Sí mostró sus dudas sobre la idoneidad de abrir una acusación contra los magistrados, si bien la consideró un paso “valiente” y “una prueba de fuego para ver quién está a favor del Poder Judicial Nacional y quién no”. “Turquía defenderá hasta el final una judicatura nacional frente a los enfoques occidentalistas y neoliberales, que nadie lo dude”, sentenció.

El propio Erdogan ha llamado en anteriores ocasiones a no acatar ciertas decisiones judiciales, incluidas algunas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Su principal socio, Devlet Bahçeli, líder del partido ultraderechista MHP, ha pedido incluso el cierre del Constitucional por tomar algunas decisiones no tan alineadas con los deseos del Gobierno como las de otras instancias. Precisamente, el miércoles se publicó el informe de progresos de los países candidatos a la adhesión a la UE, en el que la Comisión Europea consideró que la arquitectura constitucional de Turquía, puesta en marcha tras el paso a un sistema presidencial en 2018, “centraliza los poderes en la Presidencia y no asegura una efectiva separación de poderes entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial”.

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