La división de los republicanos pone a Estados Unidos al borde del cierre del Gobierno

Estados Unidos se prepara para el cierre del Gobierno. Cuando se agota el plazo para aprobar las leyes presupuestarias para el año fiscal que empieza en la medianoche del sábado al domingo, la situación es de bloqueo. No hay acuerdo entre el Senado, de mayoría demócrata, y la Cámara de Representantes, dominada por los republicanos. Pero ni siquiera hay acuerdo entre los republicanos de la Cámara baja, donde su presidente, Kevin McCarthy, es rehén de una minoría radical que ni siquiera parece dispuesta a aprobar una prórroga en las habilitaciones de gasto. Salvo un improbable giro de última hora, el cierre de los servicios no esenciales de la Administración es inminente. La Casa Blanca ha elaborado ya planes de contingencia para hacer frente a la situación.

El llamado cierre del Gobierno implica que solo se pueden seguir prestando los servicios públicos considerados esenciales. En torno a un millón y medio de funcionarios federales serán suspendidos de empleo y sueldo o tendrán que trabajar sin cobrar hasta que se aprueben los gastos. Unos dos millones de militares y agentes del orden también seguirán desempeñando sus funciones sin cobrar. “Si la Cámara no cumple su función más básica, si no financia el Gobierno para mañana, habrá fallado a todas nuestras tropas” dijo este viernes el presidente, Joe Biden, en un acto con militares. “Nuestros militares seguirán cumpliendo su juramento, yendo a trabajar, vigilando en todo el mundo, manteniendo la seguridad de nuestro país, pero no cobrarán. Es una vergüenza. (...) No podemos estar jugando a la política mientras nuestras tropas están en la brecha”, añadió.

Las agencias federales suspenderán todas las acciones que no se consideren esenciales, lo que comprometería programas de asistencia a niños desfavorecidos, inspecciones, autorizaciones, subvenciones y toda clase de políticas. Los monumentos, museos y parques nacionales dependientes del Gobierno cerrarán, aunque algunos tienen remanentes para seguir abiertos un tiempo o pueden lograr financiación estatal. La paralización de la Administración también impediría publicar estadísticas de empleo e inflación, de las que la Reserva Federal depende en buena medida para fijar los tipos de interés.

El Congreso de Estados Unidos es rehén de una minoría radical del Partido Republicano alentada por el expresidente Donald Trump. Al suspender el techo de deuda, McCarthy pactó con Biden unos niveles de recorte de gasto moderados, que son los que ahora se deberían concretar. Pero el ala dura, que ya se rebeló contra el acuerdo, rechaza cumplirlo y exige recortes mucho mayores. La mayoría republicana en la Cámara es de 222 a 212 votos, lo que da a la veintena de radicales una posición de bloqueo.

El speaker planteó este viernes una propuesta de prórroga presupuestaria hasta el 31 de octubre con recortes masivos (del 30% en la mayoría de las agencias, aunque salvando Defensa, Veteranos o Seguridad Nacional). La propuesta de McCarthy incluía estrictas disposiciones de seguridad fronteriza que pondrían en marcha la construcción del muro en la frontera sur con México, entre otras medidas. Además, el paquete planteaba crear una comisión de deuda bipartidista para abordar la creciente carga de la deuda de la nación. Pero ni siquiera eso ha sido suficiente para los radicales, que la rechazaron junto a los demócratas (por 232 votos a 198), aunque por razones opuestas. En todo caso, no tenía opciones de ser aprobada por el Senado y firmada por el presidente.

La derrota ha sentado muy mal en la mayoría del grupo republicano. El congresista por Nueva York Mike Lawler ha sido tajante contra uno de los cabecillas rebeldes, el que más se ha significado contra McCarthy: “Solo hay una persona a la que culpar de cualquier posible cierre del Gobierno, y esa es Matt Gaetz. No es un republicano conservador. Es un charlatán”, dijo este viernes en el exterior del Capitolio.

Fiasco para los republicanos

El presidente de la Cámara de Representantes también intentó contentar a sus diputados más extremistas con la apertura formal de una investigación contra el presidente, Joe Biden, como paso previo a un posible juicio político (impeachment). La primera sesión de esa investigación se celebró este jueves y fue un fiasco para los republicanos. Incluso los comparecientes convocados por ellos admitieron que no habían presentado ninguna prueba ni ven por ahora motivo alguno para un impeachment.

El partido de Trump quiere procesar a Biden por sobornos y abuso de poder cuando era vicepresidente en relación con los negocios de su hijo, Hunter Biden, pero tras analizar miles de registros bancarios no han encontrado un solo centavo que haya ido a parar al ahora presidente. La sesión sirvió para mostrar la fidelidad a Trump de los republicanos. Cuando el demócrata Greg Casar pidió alzar la mano a quienes considerasen que se debían exigir responsabilidades tanto a Hunter Biden como Trump en caso de ser condenados, solo los demócratas lo hicieron.

”El Partido Republicano de hoy está impulsado e intimidado por los extremistas MAGA”, dijo Biden el jueves en un acto en Tempe (Arixona), en referencia a las siglas de Make America Great Again [Hacer Estados Unidos grande otra vez], el lema de Trump. Su agenda extremista, de llevarse a cabo, alteraría fundamentalmente las instituciones de la democracia estadounidense tal y como la conocemos”, añadió, en un discurso destinado a insistir en el peligro para la democracia que supone Trump y sus seguidores.

El impeachment y el cierre del Gobierno son las dos formas que tienen los republicanos, especialmente los más extremistas, para elevar la presión sobre Biden a poco más de un año de las elecciones en las que el presidente busca la reelección. Son necesarias 12 leyes de asignaciones o gasto para mantener abiertos con normalidad los distintos departamentos. La votación de las primeras propuestas ha puesto de manifiesto las divisiones entre los republicanos en materias como la continuidad del apoyo a Ucrania. Los republicanos han gastado también tiempo aprobando medidas sin ningún futuro en el Senado y la Casa Blanca, como bajar el sueldo del secretario de Defensa, Lloyd Austin, a un dólar anual, desde los 235.000 que ahora cobra.

La tramitación de las leyes de gasto es larga y prolija y no hay tiempo material para ellas. Solo queda ese clavo ardiendo de la prórroga, también poco viable. El Senado tiene su propia propuesta de prórroga, en este caso negociada entre los dos grupos, demócrata y republicano. Si se sometiese a votación en la Cámara de Representantes, probablemente saldría adelante con el apoyo demócrata y de los republicanos moderados. Pero si McCarthy le da vía libre, entonces el ala dura pediría su cabeza. Quizá la pida en cualquier caso, lo que podría dejar un vacío de liderazgo en la Cámara, pues no sería fácil elegir un sustituto.

“El fracaso de los republicanos de la Cámara de Representantes a la hora de actuar de forma responsable perjudicaría a las familias estadounidenses y provocaría vientos en contra económicos que podrían socavar el progreso que estamos logrando”, advirtió este viernes la secretaria del Tesoro, Janet Yellen. “Un cierre afectaría a muchas funciones clave del Gobierno, desde los préstamos a agricultores y pequeñas empresas hasta las inspecciones de seguridad alimentaria y laboral, pasando por los programas Head Start [de asistencia] para niños. Y podría retrasar importantes mejoras de las infraestructuras”, añadió.

La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, ha declarado que “los republicanos extremistas de la Cámara de Representantes están triplicando sus exigencias para destripar programas con los que cuentan millones de familias trabajadoras”. “El camino a seguir para financiar el Gobierno ha sido trazado por el Senado con apoyo bipartidista, los republicanos de la Cámara solo necesitan tomarlo”, ha añadido.

Los desfases entre la aprobación de los presupuestos y el comienzo del año fiscal empezaron a provocar cierres de la Administración desde que el fiscal general Benjamin Civiletti argumentó que las agencias gubernamentales no pueden operar legalmente sin tener aprobada la financiación en una serie de dictámenes emitidos en 1980 y 1981. Desde entonces, se admite solo el gasto para funciones esenciales para la seguridad pública y las obligaciones constitucionales.

Desde 1976, se han producido 22 interrupciones en la financiación, 10 de las cuales se han saldado con el despido de trabajadores. La mayoría de los cierres significativos han tenido lugar desde la presidencia de Bill Clinton, cuando el entonces presidente de la Cámara de Representantes, Newt Gingrich, y su mayoría conservadora exigieron recortes presupuestarios. El más largo, sin embargo, ocurrió entre 2018 y 2019, cuando el entonces presidente Trump y los demócratas del Congreso entraron en un punto muerto por su demanda de financiación para un muro en la frontera con México. Duró 35 días, en plenas Navidades, pero fue solo un cierre parcial, porque el Congreso había aprobado algunas leyes de asignaciones para algunas áreas.

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