Un juez propina un revés a Trump en el caso por intento de alterar los resultados de las elecciones en Georgia

Revés judicial para Donald Trump. Un juez ha rechazado la moción de Mark Meadows, el antiguo jefe de Gabinete del expresidente de EE UU y coimputado en el intento de pucherazo en las elecciones de 2020 en Georgia, para trasladar su caso de los tribunales de ese Estado a una corte federal. La decisión sienta un precedente desalentador para el magnate, pues se daba por seguro que también intentaría ser juzgado en el circuito federal.

Meadows es uno de los 19 acusados de supuesta asociación de tipo mafioso por tratar de mantener a Trump en la Casa Blanca pese a su derrota en las elecciones presidenciales de 2020, en las que ganó el demócrata Joe Biden. También es el primero de los cinco imputados que han pedido el cambio de jurisdicción. El antiguo alto cargo no niega haber cometido los hechos que se le achacan, pero alega que lo hizo en el ejercicio de sus funciones como jefe de Gabinete del Gobierno federal y, por tanto, debe juzgarle una corte federal en lugar de la estatal.

De haber tenido éxito, y conseguir el cambio de tribunal, los abogados de Meadows planeaban argumentar que, como jefe de Gabinete, su cliente gozaba de inmunidad en el ejercicio de sus funciones, con lo que los jueces debían desestimar el caso. El equipo legal del antiguo funcionario también calculaba que, incluso si se llegaba a juicio, en el circuito federal tenía más probabilidades de conseguir un jurado más afín a sus argumentos.

En su decisión, el juez federal Steve Jones ha escrito que el antiguo alto cargo no cumplía las “mínimas” condiciones para el traslado. El magistrado considera que Meadows estaba actuando en favor de la campaña electoral de Trump y, por tanto, fuera de sus funciones en la Casa Blanca.

“Este tribunal encuentra que los deberes de la oficina del jefe de Gabinete de la Casa Blanca no incluían trabajar con o para la campaña de Trump, excepto para simplemente coordinar la agenda del presidente, viajar con él a eventos de campaña o reenviar comunicaciones a [los responsables de] la campaña”, indica Jones. “Participar en actividades políticas queda fuera de los límites de [su trabajo en] la oficina del jefe de Gabinete”.

La llamada Ley Hatch prohíbe a los funcionarios federales estadounidenses participar en actos políticos partidistas mientras se encuentran en cumplimiento de sus funciones. “Meadows no ha demostrado que sus actividades se correspondieran con sus tareas gubernativas. Por tanto, el traslado del caso es inapropiado”, concluye el juez.

La decisión judicial representa un duro revés para el antiguo alto cargo. Hace dos semanas, en un intento de convencer al juez, Meadows dio el paso ―muy poco habitual― de testificar él mismo en la vista sobre el posible traslado. Ahora, todo lo que argumentó durante su declaración, que se extendió durante tres horas y media, podrá utilizarse en su contra en el juicio.

El dictamen también supone un revés para Trump, así como para el resto de imputados que habían pedido el cambio de jurisdicción: el antiguo burócrata del ministerio de Justicia Jeffrey Clark y tres antiguos funcionarios del Partido Republicano en Georgia, David Shafer, Cathy Latham y Shawn Still. Los tres últimos plantean un argumento ligeramente distinto: que actuaban siguiendo instrucciones del propio presidente.

Meadows está acusado de dos cargos: por asociación de tipo mafioso en violación de la ley estatal contra la delincuencia organizada y por presiones a un funcionario para que faltase a su deber en el cargo. Este último hace referencia a la participación del jefe de Gabinete en una llamada, realizada el 2 de enero de 2021, a menos de tres semanas de que expirara el mandato de Trump, en la que el presidente pidió al secretario de Estado de Georgia, el republicano Brad Raffensperger, que le “encontrara” 11.780 votos; los sufragios necesarios para superar a Biden y proclamarse ganador de las elecciones en ese Estado.

Raffensperger, que también testificó en la vista celebrada hace dos semanas, insistió en que el Gobierno federal no tenía ningún tipo de papel en el proceso de recuento de los votos ni en la confirmación de los resultados. Aquella llamada telefónica del 2 de enero “fue una conversación de campaña electoral”, sostuvo.

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