Guatemala decide si apuesta por un giro que asusta a las élites tradicionales
Según las encuestas, el candidato anticorrupción Bernardo Arévalo arrasará frente a la ex primera dama Sandra Torres. Pero pocos dudan que se desatará una cruzada legal para impedir que gobierne
Hace menos de dos meses, antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, muchos guatemaltecos parecían sentirse abocados a ese mal tan habitual en las últimas décadas de votar por el menor de los males. Las encuestas no vieron venir entre más de una veintena de candidatos a Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla, un partido progresista y crítico con el sistema surgido al calor de las protestas sociales de 2015, que ha conseguido capitalizar el hartazgo ciudadano en un país corroído por la corrupción. Este domingo, si no vuelven a fallar esos sondeos, este sociólogo progresista de 64 años arrasará frente a la ex primera dama Sandra Torres, que en su tercer intento de alcanzar la Presidencia ha dado un giro de 180 grados en sus posiciones pasando de defender la socialdemocracia a valores mucho más conservadores, por los que agita los fantasmas del socialismo y advierte de la invasión de “valores extranjeros” si gana su rival.
“Yo describiría a este escenario que nadie pudo anticipar como ese final de una película donde el underdog o el menos esperado logra pasar a la contienda final y hay altas probabilidades de que gane”, dice la politóloga Marielos Chang sobre la ventaja de casi 30 puntos que las encuestas le dan a Arévalo sobre Torres. El hijo del ex presidente Juan José Arévalo (1945-1951) ha puesto la lucha anticorrupción como el centro de su campaña, la base sobre la que, de llegar a ser presidente, quiere empezar a trabajar para generar bienestar en el país más poblado de Centroamérica, donde el 60% de sus más de 17 millones de habitantes vive bajo la línea de la pobreza y con grandes carencias sociales.
Si lo que dicen los sondeos se cumple, “Guatemala le estaría demostrando al mundo que es posible detener en las urnas retrocesos democráticos acelerados”, añade Chang. Para ella, este domingo, lo que está en juego en su país es la democracia después de años de auge del autoritarismo en el que se han perseguido a jueces, fiscales, periodistas y otras voces críticas. La victoria de Sandra Torres, vinculada a la política clientelista tradicional, “pondría finalmente ese clavo en el ataúd de nuestra democracia”, explica la politóloga. “Con Bernardo Arévalo, no es que nos salvemos, y va a cambiar el país de la noche a la mañana, pero sí que estamos asegurándonos cuatro años más de democracia y la posibilidad de que existan más partidos políticos como Semilla que no necesitan del beneplácito de la élite política guatemalteca ni de los medios tradicionales para poder participar y ser victoriosos en las elecciones. Básicamente es la posibilidad de partidos que no tengan vinculación con el crimen organizado, con la élite política”, afirma.
El mensaje anticorrupción y la manera diferente de hacer campaña de Arévalo, con menos recursos que los partidos tradicionales e impulsado por un equipo muy joven y sin conexiones con la política tradicional, ha logrado insuflar esperanza a buena parte de la población: casi el 65% de los guatemaltecos lo apoya frente al 35% de Torres, según el último sondeo publicado esta semana por Prensa Libre. Para Justo Pérez, el jefe de campaña de Semilla, estar en la segunda vuelta fue el “pase a las grandes ligas” de un partido que el 25 de junio se hizo además con 23 escaños en el Congreso. Esos diputados electos han sido fundamentales para dar a conocer en todo el país el mensaje de Semilla, que tiene sus principales apoyos en los centros urbanos.
“El relato de la corrupción es transversal en todos los sectores. Claro, hay sectores más empobrecidos donde hay una necesidad política más inmediata, que es la de comida, los alimentos, etcétera, pero creo que hemos logrado llegar a esos sectores diciendo que es la corrupción la que impide un servicio eficiente y que incide en la falta de de trabajo y de desarrollo de estas localidades”, apuntaba Pérez esta semana en una entrevista en la sede de su campaña en Ciudad de Guatemala.
La candidata de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), por su parte, tiene como principal oferta de campaña retomar los programas de ayuda social a los más desfavorecidos que gestionó cuando fue primera dama. Y, como han mostrado sus dos anteriores intentos de alcanzar la presidencia, tiene mayor apoyo en las zonas rurales, lugares olvidados del Estado que aún recuerdan esos subsidios. Pese a las derrotas electorales, Marielos Chang describe a la ex primera dama como una figura de gran relevancia en la política del país en la última década gracias a la movilización de alcaldes y diputados de su partido.
“Muchas de las negociaciones de [los expresidentes] Alejandro Giammattei o Jimmy Morales o inclusive del Partido Patriota tenían que pasar por ella para poder movilizar a sus diputados para que votaran a favor del Presupuesto General de la Nación o de otras leyes que hicieron”, explica Chang. En esta campaña, Torres tiene al pastor evangélico Romeo Guerra como compañero de fórmula, lo que puede explicar en parte el giro hacia valores profundamente conservadores de su campaña. “No al aborto”; “Sí a la familia de padre y madre”; “No a la legalización de las drogas”, se lee en los carteles que ha desplegado en toda la capital para pedir el voto, eslóganes que repite cada vez que tiene ocasión. La campaña de Arévalo, que no tiene ninguna propuesta específica de hacer cambios respecto a esos tres aspectos, le acusa de promover la desinformación.
El temor de las élites políticas tradicionales
En los últimos días, conforme se conocía el avance de Semilla en las encuestas, la campaña de Torres ha agitado los fantasmas de fraude sin ofrecer pruebas y ha cuestionado el sistema e incluso el trabajo de los ciudadanos que fiscalizan el proceso de manera voluntaria en las juntas de recepción de votos o quienes transmiten los datos de manera digital. En la mayoría de estas denuncias, la candidata de la UNE se ha hecho eco de investigaciones de un cuestionado Ministerio Público que, entre otras cosas, ha intentado sin éxito cancelar la personería jurídica del partido de Arévalo.
Estas intentonas revelan que el surgimiento inesperado de Semilla no está siendo bien recibido por las élites políticas tradicionales, que ven con temor el fin de los privilegios de los que han gozado durante años gracias a un sistema por el que se protegen entre sí. Desde que se conoció el pase del partido de Arévalo a la segunda vuelta, estos grupos han tratado de frenar su avance a través de una persecución judicial que, en un efecto rebote, ha activado a los ciudadanos para exigir que se respete su voto.
Según los registros del Tribunal Supremo Electoral, alrededor de 125.000 voluntarios están listos para garantizar la transparencia de las elecciones este domingo. El entusiasmo y el espíritu de servicio cívico se respira entre los integrantes de las juntas electorales y juntas receptoras de votos, pese a las investigaciones iniciadas por el Ministerio Público, que en última instancia podría llegar a señalarlos.
A inicios de agosto, el Tribunal Supremo Electoral entregó a la fiscalía de Delitos Electorales las listas de los integrantes de las juntas, tras una denuncia del partido Valor, de la excandidata presidencial Zury Ríos, que señala supuestas irregularidades en las actas electorales. Las juntas reciben los materiales electorales, coordinan los centros y mesas de votación y se hacen cargo del escrutinio hasta la certificación de las actas de resultados.
Oscar Jiménez, el coordinador del centro de votación de la Universidad Rafael Landívar, el más grande en ciudad de Guatemala, que espera a 15.500 personas este domingo, asegura que algunos integrantes de las juntas renunciaron “por cuestiones personales”, pero que surgieron nuevos voluntarios que están listos para la votación. “Estamos con toda la energía por Guatemala”, dijo.
La indagatoria de la fiscalía en torno a los voluntarios causó tal indignación ciudadana que sirvió como el impulso final para la conformación del Pacto Democrático, una iniciativa para la defensa de la democracia y del respeto absoluto al proceso electoral. “Vimos mala fe” para tratar de “socavar y menoscabar la credibilidad electoral”, explica a EL PAÍS el abogado Gregorio Saavedra. El grupo es de amplia convocatoria, reúne a empresarios, académicos, ciudadanos, artistas y todos quienes asuman el la defensa del voto, agrega.
Los cuestionamientos que han surgido en los últimos días en torno al proceso hace que, aunque Arévalo llegue a la segunda vuelta con una gran ventaja en las encuestas, se espere un escrutinio como si fuera una elección cerrada. En las últimas semanas han surgido denuncias públicas sobre supuestas instrucciones desde la dirigencia de la UNE para que se impugnen los resultados en todas las mesas. El partido ha negado tal directriz que, según las publicaciones en redes sociales, ocurrió durante una reunión en Melchor de Mencos, el pueblo donde nació Sandra Torres.
La vigilancia de los escrutinios es responsabilidad de los fiscales de los partidos en contienda. Al ser un partido con una trayectoria de más de 20 años asociado a las dinámicas clientelares, posibles gracias a los apoyos del partido en el gobierno, la UNE tiene garantizados fiscales en las 24.585 mesas que se desplegarán en Guatemala. El medio digital Quórum accedió a las grabaciones de una reunión entre Torres, dirigentes de su agrupación e integrantes del oficialista Vamos en la que se acuerda poner a los fiscales del partido del presidente al servicio de Torres por un pago de 300 quetzales (38 dólares).
Por su parte, Semilla se lanzó a reclutar fiscales voluntarios en las redes sociales. “Nuestra meta es tener fiscales en todos los centros de votación. Tenerlos en todas las mesas todavía es un desafío”, le dijo a EL PAÍS Justo Pérez a tres días de la elección. Hasta entonces, tenían cobertura en el 80% de los centros. La importancia de los fiscales cobra relevancia ante los cuestionamientos sobre los resultados de la primera vuelta, que tuvieron que someterse a un segundo escrutinio y ante los esfuerzos por desacreditar la transparencia de las votaciones.
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