Las investigaciones penales ensombrecen la campaña de la segunda vuelta en Guatemala

Los preparativos para la elección que definirá la presidencia de Guatemala se abren paso ante una serie de indagaciones a cargo de la Fiscalía General, que investiga los resultados que sitúan en la segunda vuelta al sociólogo progresista Bernardo Arévalo y a la ex primera dama Sandra Torres, que ha transitado desde la socialdemocracia hacia el conservadurismo. La ofensiva que desde la justicia penal y a las puertas de la votación del 20 de agosto trató de cancelar al Movimiento Semilla, el partido de Arévalo, puede tener un nuevo propósito: anular todo el proceso electoral, según sostienen varios expertos y denuncian dirigentes del partido bajo asedio.

La elección presidencial en el país centroamericano ha cobrado relevancia porque para muchos supone una oportunidad para contener la corrupción y frenar el autoritarismo que durante el Gobierno de Alejandro Giammattei ha forzado al exilio a más de 100 operadores de justicia, defensores de derechos humanos y periodistas.

El avance de 13 investigaciones penales inaugura otro episodio de tensión en el proceso electoral del país centroamericano, que atrajo la visita del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro. La sociedad civil y observadores presentaron ante Almagro múltiples denuncias sobre el acoso judicial a los funcionarios electorales y al Movimiento Semilla. Los dos candidatos que van al balotaje del 20 de agosto han pedido respeto hacia los resultados y el trabajo del Tribunal Supremo Electoral.

Más de 5,5 millones de guatemaltecos acudieron a las urnas el 25 de junio y ante la exclusión de tres de los candidatos favoritos para ir al balotaje, encontraron en Bernardo Arévalo una opción disruptiva. “A los demás candidatos ya los conocemos, quizás él (Arévalo) es distinto y por eso lo quieren sacar”, comentó una comerciante de la capital guatemalteca que participó en las protestas contra la cancelación del Movimiento Semilla, que se gestó desde la justicia penal, pasando por alto a las autoridades electorales.

Los cuestionamientos sobre los resultados de las votaciones saltaron al tiempo que Bernardo Arévalo escaló desde el último lugar de las encuestas y se colocó en la segunda vuelta con el 12% de los votos válidos. “No nos vieron llegar hasta ahí”, ha dicho la diputada electa del partido, Andrea Reyes. El Movimiento Semilla obtuvo el apoyo de 654.534 ciudadanos y la Unidad Nacional de la Esperanza, de Sandra Torres, alcanzó un 15% de aceptación, con 881.592 votos.

Segundo escrutinio

El partido Vamos, que llevó a Alejandro Giammatei a la presidencia, y sus aliados promovieron amparos contra supuestas irregularidades en los resultados y lograron un segundo escrutinio que detuvo, durante dos semanas, la convocatoria de la segunda vuelta. En los círculos de poder se dice en voz baja que la exclusión de los candidatos favoritos tenía la finalidad de lograr un balotaje entre aliados. Arévalo descuadró el supuesto plan, ya que desplazó al tercer lugar al candidato oficialista, Manuel Conde.

A mediados de julio, las autoridades electorales revalidaron los cómputos con el aval de la Corte de Constitucionalidad y se desarticuló al movimiento que ponía en dudas los resultados. Entonces, la Fiscalía, que pasó de investigar casos de gran corrupción a perseguir opositores, promovió la cancelación del Movimiento Semilla, pero la Sala de lo Constitucional les recordó que ningún partido político puede ser cancelado con un proceso electoral en marcha.

Semanas después, a principios de agosto, otras dos fiscalías se han sumado a investigar el proceso electoral. “Se está armando un caso gigantesco con el propósito de traerse abajo las elecciones; lo que no se logró vía amparos y con gritos de fraude, se intentará por la vía penal” para señalar supuestos vicios y anular las elecciones, opina el exconstituyente Aquiles Faillace.

Sin margen para cancelar al Movimiento Semilla, el Ministerio Público ha emprendido otra serie de investigaciones, que se dirigen hacia las juntas electorales, que se integran por ciudadanos voluntarios a cargo de las mesas de votación, y hacia los digitadores que trasladan los datos de las actas de escrutinio al sistema informático.

El examen de los resultados está ahora bajo la dirección de la fiscal general, Consuelo Porras, que junto con varios miembros de su equipo ha sido calificada por Estados Unidos de actora corrupta y antidemocrática. El 3 de agosto, la Fiscalía extrajo una copia digital de todas las actas y cómputos de las votaciones bajo resguardo del Tribunal Supremo Electoral.

Ciudadanos voluntarios bajo investigación

Las pesquisas penales no son motivo de preocupación, según la presidenta del Tribunal Electoral, Irma Palencia. Los señalamientos de fraude son el más normal de los síntomas post votaciones y “falta de madurez política”, dijo la magistrada en un encuentro con periodistas. Consultada sobre el mayor de los riesgos de cara a la segunda vuelta, la magistrada Blanca Alfaro señala que es “el desencanto de los ciudadanos a la participación en las juntas electorales, del personal técnico del Tribunal Electoral o en los partidos políticos” ante la judicialización de los procesos electorales, que se comenzó a experimentar en 2015.

Hay quienes ven más allá, como el propio Aquiles Faillace, y señalan que el trasfondo de las investigaciones penales es anular todo el proceso electoral. Esta es también la percepción del fiscal y abogado del partido Semilla Juan Guerrero Garnica. Con la investigación contra los digitadores y los voluntarios de las juntas receptoras de votos se busca minar el proceso, porque se les infunde temor y pueden ausentarse de sus funciones el 20 de agosto o que se les inicie algún proceso penal que les impida participar, explica Guerrero a EL PAÍS.

El Movimiento Semilla también es foco de una investigación por supuesta falsificación de firmas en las adhesiones de simpatizantes para la conformación del partido. Con ese caso se busca desgastar la imagen del partido de Arévalo y “tratar de demostrar que no es distinto”, es decir, que no es corrupto, ha dicho a EL PAÍS el politólogo Luis Mack. Lejos de restarle popularidad, el caso penal ha sumado apoyos a favor de Arévalo y su partido. Una reciente encuesta de CID Gallup, auspiciada por la Fundación Libertad y Desarrollo, que dirige el empresario Dionisio Gutiérrez, atribuye a Arévalo un 63% en la intención de voto, frente a un 37% de su contendiente, Sandra Torres. La falta de empleo, la corrupción y el alto costo de la vida son los principales problemas para las personas entrevistadas para el estudio.

Si una posible victoria de Bernardo Arévalo en las urnas fuera masiva, “políticamente no se va a encontrar apoyo de los jueces y los operadores para avanzar en la cancelación de Semilla” u otras acciones que se gestan desde la Fiscalía contra los integrantes del partido, concluye Faillace.