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El Tribunal Electoral de Guatemala denuncia un atropello de un sector judicial y pide protección constitucional

Un juzgado emite una orden de captura contra la segunda funcionaria que se niega a acatar la orden para cancelar al progresista Movimiento Semilla

Bernardo Arévalo De León
El candidato presidencial guatemalteco Bernardo Arévalo.Esteban Biba (EFE)

Las maniobras por sacar de la carrera electoral en Guatemala al Movimiento Semilla, el partido que rompió el tablero electoral y ha colocado en segunda vuelta al sociólogo progresista Bernardo Arévalo, tienen al país centroamericano al borde de la ruptura democrática. Dos altos funcionarios del Tribunal Electoral han sido criminalizados por rechazar la orden de un juez, cuestionada por abusiva e improcedente según el propio Constitucional, con la que se persigue inhabilitar a la agrupación política que propone “poner fin a los gobiernos corruptos de los últimos 20 años”. Contra ellos pende una orden de captura al igual que contra dos exmilitantes de la formación.

Además de ese intento de cancelación de la candidatura, el Movimiento Semilla se enfrenta a una investigación penal, impulsada por una fiscalía que criminaliza opositores y antiguos funcionarios anticorrupción, que los dirigentes del partido consideran “maliciosa”, “selectiva” e “intimidatoria”. La sede del partido fue allanada este viernes y horas antes de este operativo, en la madrugada del 21 de julio, el Tribunal Supremo Electoral presentó un amparo para que la Corte de Constitucionalidad les proteja “ante la amenaza cierta, futura e inminente” de que las instituciones estatales que dirigen investigaciones “vulneren el Estado Democrático de Derecho y que se garantice el ejercicio de las funciones del tribunal”.

Así, se pide a la corte que sea el árbitro de última instancia en el proceso electoral más atropellado y más observado de la historia democrática de Guatemala. El Tribunal ha pedido que la corte dicte protección frente a las acciones de otras ocho entidades del Estado, como el ministerio de Gobernación; la Corte Suprema; la Fiscal General y el Ministerio Público, que intervienen en las presiones para que sus funcionarios cancelen al Movimiento Semilla, una orden que no se puede ejecutar, según ha reafirmado la Corte de Constitucionalidad mediante un comunicado divulgado la mañana del viernes.

Pese al amparo que la sala constitucional otorgó al Movimiento Semilla el 13 de julio, el juez Fredy Orellana y el fiscal Rafael Curruchiche insisten en la cancelación del partido y han arremetido contra los dos funcionarios electorales que se han negado a acatar una orden ilegal que pretende anular al partido de Arévalo. Curruchiche se ha negado a ofrecer una conferencia de presa para rendir cuentas sobre las acciones contra el partido que va a segunda vuelta.

Con su propuesta de “construir una nueva primavera para Guatemala”, el Movimiento Semilla desarmó los pronósticos que lo situaban en los últimos lugares de la preferencia de los votantes y se ganó el voto del 12% de los 5,5 millones de ciudadanos que acudieron a las urnas el 25 de junio. Su candidato a la presidencia, Bernardo Arévalo, se propone rescatar al país del autoritarismo que ha empujado la criminalización de decenas de opositores, más de cien en el exilio y otros muchos encarcelados. La opción más votada en primera vuelta fue el voto nulo, que canalizó el descontento hacia las propuestas políticas y el segundo para la exprimera dama Sandra Torres, la candidata de la Unidad Nacional de la Esperanza que hoy busca atraer el voto de los sectores conservadores.

El avance de Semilla ha inspirado esperanza en la población que durante varios días ha salido a las calles para defender su voto y pedir la renuncia de la fiscal General Consuelo Porras y el fiscal Curruchiche, entre otros actores que, según varios analistas, tratan de entorpecer una posibilidad de cambio en Guatemala, como se observó en la exclusión de tres candidaturas presidenciales y ahora con las presiones hacia los funcionarios electorales que se niegan a obedecer la orden ilegal para cancelar al partido de Arévalo.

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“El abuso del sistema penal”, que es como el analista Marco Canteo llama a los esfuerzos para intimidar a funcionarios y al partido de Arévalo, alcanzó su apogeo este jueves, cuando el juez Orellana giró orden de captura contra Eleonora Castillo, la directora del Registro de Ciudadanos interina que rechazó cancelar al Movimiento Semilla. Castillo goza de inmunidad porque está en funciones del despacho que ha dejado temporalmente el registrador Ramiro Muñoz, que salió del país y está bajo investigación, como ella por no acatar la orden. En una semana, el Ministerio Público ha allanado dos veces las oficinas del tribunal electoral.

La violenta coyuntura desatada por el Ministerio Público y el juez Fredy Orellana, responsables por la persecución contra las autoridades electorales “debe terminar ya”, ha reaccionado la organización civil Movimiento Pro Justicia. “Urge certeza y estabilidad, respeto a los principios fundamentales del debido proceso y a la voluntad del pueblo”, señala uno de sus pronunciamientos. Arévalo ha repudiado “este acto es parte de la persecución política de la minoría corrupta que sabe que está perdiendo el poder, día con día”. El candidato detuvo por unos minutos su gira en un poblado costero para recordar que “el pueblo es el que decide y no un fiscal corrupto apoyado por un juez corrupto que actuando fuera del marco de la legalidad, ejercen persecución política”.

La alternabilidad en el poder

La alternancia en el poder ha sido un tema de debate público porque el desplazamiento del Movimiento Semilla le abriría espacio al partido Vamos, que quedó tercero en la elección, con el 7.8 % de los votos. Se trata de la agrupación política del presidente Alejandro Giammattei, quien asegura no se excederá en su mandato pero que no se ha pronunciado sobre cómo se pretende capturar a una funcionaria que goza de inmunidad.

En las calles, los ciudadanos les gritan “golpistas” a los fiscales y jueces que ejecutan las acciones para desbaratar al partido progresista. En las redes sociales, piden que se castigue, con la remoción o la cárcel, a un juez que ha pasado por encima de la ley para dictar órdenes ilegales, como la persecución penal de los funcionarios electorales.

El quiebre constitucional comenzó el 12 de julio, cuando el juez penal Fredy Orellana le ordenó a un organismo de mayor jerarquía, el Tribunal Supremo Electoral, cancelar al Movimiento Semilla. Además de la inversión en los poderes, la disposición se interpreta como ilegal porque se entromete en las funciones exclusivas del tribunal electoral y porque la norma especializada, de rango constitucional, establece que a un partido político no se le puede inhabilitar durante un proceso electoral.

La solicitud para cancelar el partido surge en el marco de una investigación por adhesiones irregulares que el partido denunció y en la que ahora son sindicados, pero el juez Orellana no les reconoce como parte procesal, explica a ELPAÍS el fiscal nacional de Semilla, Juan Guerrero Garnica. Al desconocer su participación en la causa penal, “violentan nuestro derecho de defensa, tutela judicial y de acceso a la información”, precisa Guerrero. Por este caso ya se ha ordenado la captura de dos exmilitantes del partido mientras la fiscalía avanza a toda prisa para armar un caso por delitos contra la delincuencia organizada, como asociación ilícita y lavado de dinero.

Este viernes, la fiscalía allanó la sede del Movimiento Semilla en la capital guatemalteca, un claro “acto de intimidación”, denunció la abogada del partido y diputada electa Andrea Reyes. “Toda la papelería que nos han pedido” ya la tiene la fiscalía y “nos han negado nuestro derecho de defensa”, señaló Reyes.

La orden que pretende la inhabilitación del Movimiento Semilla lleva la firma de Fredy Orellana, uno de los 10 guatemaltecos incluidos en la lista de actores corruptos y antidemocráticos en Centroamérica que el Departamento de Estado de Estados Unidos ha actualizado este 19 de julio. El caso está a cargo del fiscal Rafael Curruchiche, también designado por EE UU como un actor corrupto y antidemocrático, que ha dirigido la criminalización de exoperadores de justicia, defensores de derechos humanos y periodistas, algunos en prisión y más de cien en el exilio.

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