Sabotaje en Guatemala

La sorpresa llegó en las elecciones celebradas el 25 de junio con el inesperado paso a la segunda vuelta del candidato del Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo, líder de un partido progresista surgido al calor de las protestas de 2015 y empeñado en la lucha contra la corrupción sistémica en el país centroamericano. Un movimiento de la Fiscalía profundamente cuestionable, que de momento ha quedado sin efecto, aspira a sacar al candidato y a su partido de la segunda vuelta del 20 de agosto. Solo cinco días después del resultado electoral, en el que los candidatos más votados fueron la conservadora ex primera dama Sandra Torres, con el 15% de los apoyos, y Arévalo, con el 12%, la Corte de Constitucionalidad ordenó la repetición del escrutinio a petición de nueve partidos políticos tradicionales que denunciaban vicios e inconsistencias en los resultados de las votaciones. La oficialización de los resultados quedó en pausa hasta el miércoles.

Minutos antes de que el Tribunal Supremo Electoral revalidara los resultados tras la revisión, el fiscal Rafael Curruchiche, un funcionario del ministerio público sancionado por Estados Unidos por corrupción, anunció la inhabilitación del Movimiento Semilla por la supuesta falsificación de firmas de afiliados al partido. Esta medida no es solo ilegal, ya que la ley de partidos estipula que ninguna organización puede ser suspendida en periodo electoral, sino que es desproporcionada y pone en riesgo el normal desarrollo de la segunda vuelta del 20 de agosto y hace peligrar la democracia guatemalteca.

Pocas horas después, una decisión de la Corte de Constitucionalidad con carácter provisional revocó y dejó sin efecto la exclusión de la candidatura de Arévalo de la segunda vuelta. Pero el intento de inhabilitar al Movimiento Semilla ha generado denuncias de un golpe de Estado y desconcierto en un país que en los últimos años ha vivido un auge del autoritarismo y la persecución de jueces, fiscales, agentes de justicia, activistas y periodistas que han denunciado la corrupción.

La inestabilidad institucional y los intentos de sabotear la candidatura del Movimiento Semilla afectan además al desarrollo normal de la campaña y monopoliza la conversación eclipsando la gravedad de los problemas que afectan a Guatemala, un país de 17,6 millones de habitantes sumamente desigual y donde cerca del 60% de la población vive por debajo de la línea de la pobreza. Los guatemaltecos decidieron que Sandra Torres y Bernardo Arévalo disputen la segunda vuelta en unas elecciones avaladas por el órgano electoral y numerosos observadores internacionales. Ahora tienen derecho a escuchar qué propuestas tienen estos candidatos. Es hora de que todas las instituciones guatemaltecas se pongan de lado de la democracia y escuchen a los ciudadanos que llevan semanas en las calles y las redes sociales pidiendo a gritos que se respete su voto.