El régimen de Ortega crea un nuevo centro de estudios para suplantar a la confiscada universidad de los jesuitas

El Consejo Nacional de Universidades (CNU), un ente supeditado en su totalidad a Daniel Ortega y Rosario Murillo, creó la mañana de este jueves 17 de agosto un nuevo centro de estudios superiores en Nicaragua: la Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro. Este será el nuevo nombre de la recién confiscada Universidad Centroamericana (UCA). No han transcurrido ni 48 horas desde que una jueza sandinista acusó de “terrorismo” a la alma mater jesuita e incautó todos sus bienes –ni tampoco existe un fallo judicial– cuando ya fueron nombradas las nuevas autoridades del ahora recinto estatal.

La UCA, la universidad privada más importante del país centroamericano, confirmó el proceso penal en su contra este miércoles 16 de agosto y decidió “suspender” sus operaciones después de funcionar más de 63 años bajo la tutela de la Compañía de Jesús. El proceso confiscatorio inició a lo inmediato: el CNU emitió un comunicado la noche del miércoles indicando que estaban “trabajando para garantizar la continuidad educativa de los estudiantes de grado y posgrado de la extinta Universidad Centroamericana”, y que pronto harían “un llamado para la reanudación de las actividades académicas y administrativas”.

La pareja presidencial ha usado el nombre del mártir Casimiro Sotelo, asesinado en 1967 por rebelarse contra la dictadura somocista, para enmascarar el acto confiscatorio y represivo contra la UCA. De acuerdo al oficio judicial girado a la dirigencia jesuita revelado por el medio de comunicación Divergentes, los Ortega-Murillo alegan que “la UCA funcionó como un centro de terrorismo, aprovechándose de las condiciones creadas con mentiras, para elevar los niveles de violencia y destrucción, organizando grupos delincuenciales armados y encapuchados que emplearon métodos terroristas, destruyeron universidades públicas, edificios públicos y privados” durante las protestas de 2018.

“En la UCA se cometieron actividades delincuenciales con armas de fuego, municiones letales, morteros, bombas molotov y objetos contundentes, ocasionando cuantiosas pérdidas económicas al país y traicionando la confianza del pueblo nicaragüense que los acogió en nuestro país para que funcionaran como institución de educación superior”, continúa el oficio judicial cuyos señalamientos la UCA, tanto como la Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús, rechazaron de un tajo.

“Son totalmente falsas e infundadas las graves acusaciones en contra de la Universidad Jesuita de Nicaragua (…) La confiscación de facto a la UCA es el precio por pagar por la búsqueda de una sociedad más justa, proteger la vida, la verdad y la libertad del pueblo nicaragüense, en consonancia con su lema: La verdad los hará libres”, rechazó la provincial jesuita centroamericana en un comunicado.

Ese recuento del oficio judicial hace alusión a las masivas protestas sociales de 2018 contra el régimen de Ortega y Murillo. El descontento popular, que desembocó en una rebelión cívica de carácter nacional y que tambaleó a la pareja presidencial, se incubó en la UCA a partir del incendio de la Reserva de Indio Maíz. Los estudiantes del recinto salieron a las calles y fueron atacados por las turbas sandinistas. Luego, con la imposición de las reformas al seguro social, los universitarios de la alma mater jesuita también se lanzaron a las calles el 18 de abril.

Al igual que miles, fueron reprimidos con brutal violencia por policías y paramilitares que dispararon a matar. Uno de los episodios más brutales ocurrió el 30 de mayo de 2018: el padre José Idiáquez, rector de la UCA en ese momento y hoy desterrado, abrió las puertas del campus para refugiar a más de 5.000 personas durante el ataque a la marcha del Día de las Madres, una de las más grandes manifestaciones, en la que casi un millón de personas se solidarizaron con los familiares de los asesinados en abril de ese año. De la UCA también surgieron algunos de los principales liderazgos de las protestas sociales de 2018, como Lesther Alemán y Madelaine Caracas, quienes increparon a la pareja presidencial durante el fallido diálogo nacional, un proceso usado por el régimen para ganar tiempo y armar grupos paramilitares.

A pesar de que organismos de derechos humanos, en especial un grupo de expertos de Naciones Unidas, han catalogado lo ocurrido en Nicaragua a partir de 2018 como “crímenes de lesa humanidad”, el Gobierno sandinista intenta imponer su misma narrativa: que fueron víctimas de un “intento de golpe de Estado”. En ese sentido, el oficio judicial insiste que la UCA y sus directivos “son y continúan siendo traidores al pueblo nicaragüense. Estos incidentes de violencia dejaron secuelas de luto y dolor en las familias nicaragüenses”.

Aunque por ahora no se conoce el número exacto de directivos de la UCA imputados por el régimen, algunos de ellos abandonaron Nicaragua –tras ser notificados– para preservar su libertad, según fuentes allegadas al recinto consultadas por EL PAÍS. El oficio de la jueza Saavedra Corrales es enérgico contra ellos: alega “que los principales directivos de la UCA han atentado de forma continua contra la independencia, la paz, soberanía nacional y autodeterminación del pueblo nicaragüense, incitando a la desestabilización del país, lesionando los intereses supremos de la nación”.

Máxima autoridad jesuita reacciona

El zarpazo final de los Ortega-Murillo a la UCA incluso ocasionó este jueves la reacción de la máxima autoridad jesuita en el mundo: el superior general Arturo Sosa, quien en una carta desde Roma reclamó que a su universidad “se le ha negado el derecho a la legítima defensa”.

“Un juicio justo -con una justicia imparcial-, sacaría a la luz la verdad de toda la trama que el Gobierno ha venido ejecutando, desde las protestas juveniles del 2018, contra la UCA, contra otras muchas obras de la Iglesia Católica y contra miles de instituciones de la Sociedad Civil, con el fin de asfixiarlas, cerrarlas o apropiárselas. Con calumnias semejantes han ultrajado también los derechos de tantas personas, su reputación, su vida y sus bienes”, sostuvo Sosa.

De esta manera los Ortega-Murillo suman un nuevo flanco de confrontación Roma, esta vez con los jesuitas y que se suma al que mantienen con el papa Francisco por la persecución religiosa contra el catolicismo en Nicaragua. A pesar de que los jesuitas están reclamando por la toma de su universidad, los Ortega-Murillo nombraron este jueves las nuevas autoridades del recinto estatal. Se trata de Alejandro Enrique Genet Cruz como rector master, señalado por estudiantes y catedráticos de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) “de acoso sexual”. Las otras autoridades de la universidad confiscada son Luz Marina Ortiz Narváez como vicerrectora general y Moisés Ignacio Palacios, como secretario general.

Entre los estudiantes y trabajadores de la UCA lo que impera es la incertidumbre. “Estaba a la espera de que me anunciaran el día que iba a retirar mi título, porque me acababa de graduar. Ahora no sé si me lo van a dar. Si va a llevar el nombre de otra universidad. Recibir la noticia fue bastante desgarrador, siento mucha impotencia. Me parece triste que cinco años de esfuerzo solo quedaron en una anécdota”, dijo una egresada de Comunicación Social que no confía en las promesas del CNU para continuar sus trámites y estudios. Por ahora el régimen no se ha tomado las instalaciones de la UCA que fueron desalojadas, pero este jueves los accesos principales al campus amanecieron acordonados por policías. Es la última imagen de lo que, hasta hace menos de 48 horas, era el último reducto de libertad de pensamiento en Nicaragua.

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