Ortega y Murillo acusan de terrorismo a la universidad de los jesuitas y ordenan incautar todos sus bienes

Los trabajadores de la Universidad Centroamericana de Nicaragua (UCA) se apresuraron a desmontar del altar mayor al Cristo crucificado de su capilla inmediatamente después que las autoridades de la casa de estudios jesuita confirmaron este miércoles que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo les abrió una causa penal por el delito político de “terrorismo”. El proceso judicial viene acompañado de la incautación de todos los bienes muebles, inmuebles y dinero del recinto privado de mayor renombre en este país centroamericano, y que se había convertido el último reducto de libertad de pensamiento en un contexto de brutal represión.

La consternación y el miedo a una eventual ocupación policial generó la evacuación de los trabajadores universitarios y estudiantes que se estaban matriculando para el siguiente curso lectivo que empezaría este lunes 21 de agosto. Sin embargo, el futuro de más de 5.000 alumnos y 546 docentes queda “suspendido” por esta medida represiva.

El centro informó de que recibió la notificación el martes 15 de agosto a las 17.29. “Hemos recibido oficio del Juzgado Décimo Distrito Penal de Audiencias Circunscripción Managua, a cargo de la jueza Gloria María Saavedra Corrales, en el que se nos notificó la incautación de bienes inmuebles, muebles, dinero en moneda nacional o extranjera de las cuentas bancarias inmovilizadas, productos financieros en moneda nacional o extranjera propiedad de la UCA”, denunció la alma mater en un comunicado. “En razón de ello, la UCA suspende a partir de hoy todas las actividades académicas y administrativas, hasta que sea posible retomarlas de manera ordinaria, lo cual será informado a través de los canales de comunicación oficiales de la Universidad”.

Horas antes, el medio Divergentes había informado sobre la acusación penal que resulta el corolario de una larga persecución contra la UCA desde 2018, cuando estudiantes y ciudadanos que se manifestaron contra el régimen sandinista encontraron refugio y apoyo en la universidad. En los últimos día el Gobierno acorraló al recinto con la inmovilización de sus bienes inmuebles, la congelación de sus cuentas bancarias y la revocación de la acreditación de su Centro de Mediación legal, un servicio gratuito para la sociedad.

El oficio de la justicia orteguista alega de que la UCA funcionó “como un centro de terrorismo, organizando grupos delincuenciales”. Unos señalamientos que la alma mater jesuita califica como “infundados”. Aunque los dirigentes de la UCA supieron de la notificación judicial hacia el final de la tarde de este 15 de agosto, la mañana de este miércoles cuando comunicaron la situación a sus trabajadores. Luego devino este comunicado a su comunidad universitaria. Sin embargo, el medio digital también informó de que varios dirigentes incluidos en la acusación salieron del país para resguardar su libertad.

“Este es un golpe a la Compañía de Jesús, a la Iglesia Católica, al conocimiento y al libre pensamiento. ¿Vos pensás que han perdonado que haya un monumento a Alvarito Conrado [adolescente asesinado en 2018 de un balazo en la garganta] en el Colegio Loyola? ¡Nada, no perdonan!”, dijo a EL PAÍS otra fuente ligada a la UCA. Y no descarta que sea una represalia contra el mismo Francisco, el primer Papa en pertenecer a la Compañía de Jesús, y quien calificó al régimen Ortega-Murillo como una “dictadura grosera y hitleriana”.

La UCA se suma a universidades confiscadas

Con esta orden judicial la UCA queda confiscada y pasará, como otras 26 universidades privadas, a manos del régimen de Ortega y Murillo, que ha desarticulado el pensamiento crítico en Nicaragua. Las justificaciones para los cierres de los recintos –que inició en 2021– van desde acusaciones por lavado de dinero a la Universidad Hispanoamericana (Uhispam), “falsear información”, no reportar sus estados financieros y no inscribirse como agentes extranjeros. En los últimos meses, las justificaciones son que la oferta académica es inconsistente o que no tienen infraestructura adecuada. Ahora se suma esta nueva modalidad de “terrorismo”.

Actualmente existen 13 universidades que están a la espera de la acreditación por parte del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA) entre ellas, la propia Universidad Centroamericana (UCA), la Universidad American College (UAC); la American University (LAU); la Universidad Central de Nicaragua (UCN); y la Universidad de Administración, Comercio y Aduana (UNACAD).

El control en las universidades es uno de los últimos blancos de la pareja presidencial en su afán de acallar toda voz crítica. Las primeras medidas consistieron en expulsar a cientos de estudiantes y eliminar sus registros académicos. Además, aumentó la vigilancia en los recintos públicos, a través de la Unión Nacional de Estudiantes (UNEN), el brazo sandinista en las universidades públicas.

Desde abril de 2018, la represión del régimen contra la UCA incrementó como represalia después del papel que jugó la institución y sus estudiantes en la rebelión en Nicaragua. El régimen, primero intentó asfixiarla económicamente y luego la acosaba mediante auditorías del Consejo Nacional de Universidades (CNU). En marzo del año pasado, se ordenó quitarles el 6% constitucional, cuando fue separada del CNU y se aprobó una reforma a la Ley 89, Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior.

El exrector José Idiáquez y el vicerrector, Jorge Huete, fueron desterrados en 2022, al negarles la entrada al país después de que realizaron viajes al extranjero. A la cabeza de la institución quedó el padre Rolando Enrique Alvarado López, quien es el actual rector de la UCA. El padre Idiáquez denunció en 2018 que lo amenazaron de muerte y responsabilizó al gobierno de Ortega de lo que le pudiera pasar. “Ortega va a terminar como un asesino”, dijo el jesuita a EL PAÍS.

La Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús emitió un comunicado condenando el zarpazo contra su casa de estudios superiores en Nicaragua. “Esta nueva agresión gubernamental en contra de la universidad no es un hecho aislado; forma parte de una serie de ataques injustificados en contra de la población nicaragüense y de otras instituciones educativas y sociales de la sociedad civil que están generando un clima de violencia e inseguridad y agudizando la crisis sociopolítica del país”, sostienen. “Se trata de una política gubernamental que está violando sistemáticamente los derechos humanos y parece estar orientada a consolidar un Estado totalitario”.

Las fuentes consultadas por EL PAÍS temen que ahora el zarpazo contra los jesuitas se pueda extender a los colegios administrados por ellos en Nicaragua. El catedrático Ernesto Medina considera que el cierre de la UCA es “catastrófico”. “Se está amenazando a una universidad que en 60 años de historia ha prestado un servicio invaluable a Nicaragua, en términos de formación, de proyección social, de imagen”, dijo el catedrático desterrado y desnacionalizado por el régimen.

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