La defensa de Trump se aferra a la libertad de expresión para justificar el gran bulo electoral

Libertad de expresión. Este derecho va a jugar un papel clave en la defensa del expresidente de Estados Unidos Donald Trump en el caso por el gran bulo en las elecciones de 2020. Sus abogados han dejado claro que su estrategia pasa por argumentar que cuando el exmandatario denunciaba un fraude inexistente en aquellos comicios lo creía de veras y hacía uso de su derecho a opinar. Y alegan que, cuando pedía a sus colaboradores y los funcionarios electorales alterar los resultados, no les presionaba, sino que expresaba una mera “aspiración”.

John Lauro, uno de los abogados de Trump y su defensor de referencia en el caso del bulo electoral, era un hombre muy ocupado este domingo: compareció para presentar el punto de vista de su cliente en las tertulias de todas las cadenas nacionales de televisión. Y en todas fue dejando claves de su estrategia: apelar a la Primera Enmienda de la Constitución, la que convierte el derecho a expresarse en algo sacrosanto.

“Cada cosa por la que se ha imputado al presidente Trump tiene que ver con peticiones aspiracionales: pedir a las legislaturas estatales, pedir a los gobernadores, pedir a los funcionarios electorales estatales que hicieran lo correcto. De hecho, incluso las peticiones al vicepresidente [Mike] Pence estaban protegidas por la libertad de expresión”, ha sostenido Lauro en su intervención en la cadena conservadora Fox News.

El entonces presidente estadounidense pidió a Brad Raffenberger, el secretario de Estado de Georgia, que “encontrara” 11.780 votos, uno más del número por el que le había derrotado ahí su oponente demócrata, Joe Biden. También reclamó a Pence que rechazara certificar el resultado oficial de las elecciones en la ceremonia en el Congreso estadounidense del 6 de enero de 2021. El vicepresidente no aceptó. Ese día, una horda de partidarios de Trump —convencidos de que había habido fraude electoral después de que el mandatario así lo hubiera afirmado durante meses— asaltó el Capitolio a gritos, entre otros, de “¡colgad a Pence!”.

Por ese tipo de acciones, el fiscal especial Jack Smith le acusa de cuatro cargos de conspiración para violar derechos civiles, conspiración para defraudar al Gobierno estadounidense, obstrucción de un procedimiento legal y manipulación de testigos.

Trump “tenía derecho a hacer esas peticiones incluso a los gobiernos estatales, pero eso no implica una obstrucción al Gobierno federal”, ha sostenido Lauro en otra intervención este domingo, en la cadena NBC. Y en la CNN ha agregado que “pedir es una aspiración, no es acción”. En CBS ha subrayado que el antiguo inquilino de la Casa Blanca “estaba convencido hasta la médula de que había discrepancias en los resultados electorales”.

En una comparecencia a su vez también en la CNN, y preguntado sobre la versión del abogado según la cual Trump simplemente expresó un deseo, Pence ha atajado que “eso no es lo que ocurrió”. El vicepresidente, cuyo testimonio es fundamental en el pliego de cargos que ha presentado la Fiscalía, ha contado que el día de Navidad de 2020 su antiguo compañero de tándem electoral le pidió que anulara los resultados electorales. Una semana después, el 1 de enero de 2021, tuvo lugar una conversación similar. Según ha declarado en varias ocasiones el antiguo gobernador de Indiana, Trump le vino a exigir que escogiera entre él y la Constitución, y Pence optó por la ley.

Desde que Smith imputó a Trump en este caso, el más complicado para el expresidente y que atañe a los fundamentos más básicos de la democracia estadounidense, la defensa del exmandatario ha dado a entender que, además de alegar la Primera Enmienda, también procurará retrasar en lo posible sus tres juicios pendientes ―el expresidente está imputado en Nueva York por falsificación contable y en Miami por tenencia ilícita de material clasificado― hasta después de las elecciones, con la esperanza de que el ahora aspirante presidencial republicano gane los comicios presidenciales de 2024.

Moción para cambiar jueza y tribunal

Trump ya apuntaba una de estas posibles mociones. En su red social, Truth, prometía buscar un cambio de juez encargado del caso y de lugar donde se celebre el que se promete como un juicio histórico. El caso está asignado al tribunal federal de Washington, donde el expresidente se declaró “no culpable” el viernes, y a la magistrada Tanya Chutkan.

“No hay modo de que pueda recibir un juicio justo con la jueza asignada”, sostenía el magnate, que reclama la recusación de Chutkan. La magistrada ha impuesto algunas de las penas más duras en los casos contra los participantes en la asonada en el Capitolio y ya chocó con anterioridad con el expresidente en otro caso, cuando Trump intentó vetar el acceso a sus papeles de la comisión del Congreso que investigaba el asalto. Entonces, la jueza denegó el recurso. En su dictamen escribió, entre otras cosas, que “los presidentes no son reyes”.

Este sábado, Chutkan daba a la defensa de Trump de plazo hasta el lunes por la tarde para responder a la petición de la Fiscalía de imponer el secreto de sumario, después de que el expresidente hubiera publicado otro mensaje inquietante: “Si vas contra mí, yo iré contra ti”.

El expresidente considera también que la capital estadounidense —donde residió durante su mandato y a la que denigra como “sucia” y “decrépita” cada vez que puede— le es terreno hostil: solo logró un 5% de los votos en este territorio en 2020. El jueves, los manifestantes que reclamaban cárcel para él ante el tribunal superaban con mucho a los que protestaban en favor del republicano.

Tras su imputación, Trump ya había comentado que pediría el traslado del caso a Virginia Occidental, un Estado en las cercanías de Washington de tradición muy conservadora y donde en 2020 derrotó a Biden con dos tercios de los votos.

Esta vez no indicó dónde querría mover el proceso, pero sí reiteró que dará pasos para que no se celebre en Washington. “Por muchos motivos, pero uno es que quiero que el Gobierno federal se haga cargo de esta sucia [ciudad], un nido del crimen que es una vergüenza para nuestra nación, donde los asesinatos han roto todos los récords y los turistas han huido”.

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