Un plan para asesinar a Marielle Franco y deshacerse del vehículo: un preso relata detalles del crimen

Uno de los dos arrestados por el asesinato de la concejala y activista brasileña Marielle Franco en marzo de 2018, Élcio de Queiroz, ha llegado a un acuerdo de colaboración con la justicia que le llevó a confesar numerosos detalles del suceso y que, en última instancia, busca dar con los autores intelectuales del crimen. Se trata de un paso importante para encontrar respuesta a la gran pregunta que medio Brasil se viene haciendo desde hace cinco años: quién mandó matar a Marielle, y por qué. Lo explicaba este lunes en rueda de prensa el ministro de Justicia y Seguridad Pública del país, Flávio Dino, que no dio detalles sobre las informaciones que Queiroz aportó para preservar la investigación, aunque sí que dio a entender que fueron bastante relevantes. “El resumen del día es que la confesión de Élcio permite informaciones que conduzcan a aclarar toda la dinámica del crimen y evidentemente de otras participaciones”.

El ministro avanzó que en las próximas semanas habrá nuevas operaciones policiales que podrían llegar a los que encargaron el asesinato. Citó el papel de las milicias y el crimen organizado de Río de Janeiro, la principal hipótesis que siempre se manejó para explicar este asesinato político. Hasta ahora, la investigación de la Policía Federal se basaba en los ejecutores del crimen, pero ese capítulo ya se da por cerrado.

Queiroz, un exagente de la Policía Militar, es quien conducía el carro que perseguía a Franco por las calles del centro de Río de Janeiro la noche del 14 de marzo de 2018. En el asiento de atrás estaba Ronnie Lessa, otro expolicía militar que con una submetralleta disparó cuatro tiros en el rostro de la concejala. La ráfaga también acabó con la vida de su chófer, Anderson Gomes. Tanto Queiroz como Lessa, los dos autores materiales, fueron detenidos justo un año después del asesinato y desde entonces permanecen en una cárcel de máxima seguridad a la espera de un juicio que aún no tiene fecha. En su acuerdo de delación premiada, Queiroz confesó el crimen, dio detalles de cómo planearon el asesinato y de cómo se deshicieron del vehículo después, y presumiblemente, aportó informaciones que podrían llevar a los autores intelectuales. Ese sensible acuerdo con la justicia le reportará algún beneficio penal, pero el ministro de Justicia avanzó que seguirá preso.

Se decidió a hablar después de que la policía fuera atando cabos que llevaron hasta una tercera persona: Maxwell Simões, conocido como Suel, un exbombero que en sus redes sociales exhibía una vida de lujo y que se consideraba el mejor amigo de Lessa. El sospechoso ya había estado preso y fue condenado a cuatro años de cárcel por obstaculizar las investigaciones, pero cumplía la pena en régimen semiabierto. Este lunes fue arrestado de nuevo. Hasta el momento estaba acusado de haber escondido el arma del crimen y de haber encargado a unos colaboradores que se deshicieran de ella lanzándola al mar, frente a la playa de Barra da Tijuca. Pero ahora se sabe que trabajó con Lessa planificando el asesinato durante meses: vigilaba las rutinas de la concejala y esperaba una ventana de oportunidad. Él conduciría el coche y Lessa dispararía. A finales de 2017 ya estuvieron a punto de asesinarla, pero Simões alegó un fallo mecánico en el coche que echó por tierra la operación. Lessa lo interpretó como una marcha atrás y finalmente llamó a Queiroz para que lo sustituyera; fue así como se formó la pareja que finalmente ejecutó a la líder progresista.

La hermana de la concejala, Anielle Franco, que ahora es ministra de Igualdad Racial, decía este lunes en sus redes sociales que confiaba en la investigación liderada por la Policía Federal, pero añadía: “Repito la pregunta que hago desde hace cinco años: quién mandó matar a Marielle y por qué”. Durante los años en que el expresidente Jair Bolsonaro estuvo en el poder, la familia de Franco no quiso que la investigación dejara la Policía Civil de Río (donde parecía encallada) y pasara a manos de la Policía Federal, que depende del Gobierno central. La institución policial empezó a sumergirse en el enrevesado caso en febrero de este año, apenas un mes después de que asumiera la presidencia Luiz Inácio Lula da Silva, que ordenó dar máxima prioridad a la resolución total del homicidio.