Juanita Goebertus: “Privilegiar solo discusiones comerciales le quitaría a Europa ser un faro de derechos”

La abogada Juanita Goebertus (Bogotá, 39 años) está en Bruselas con motivo de la cumbre de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) con un mensaje claro: las conversaciones sobre negocios en América Latina no pueden ignorar la discusión sobre derechos humanos. Con la declaración final en la mano, la colombiana felicita a los dos bloques por hacer referencias a la grave situación de seguridad pública y humanitaria que vive Haití, a la necesidad de retomar la negociación entre el Gobierno y la oposición de Venezuela, y a la importancia de luchar contra la crisis climática de manera conjunta.

Sin embargo, para ella, la declaración está muy lejos de dar respuestas a los graves problemas de derechos humanos que afectan a la región. Le preocupan especialmente el silencio sobre las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela y sobre “las gravísimas violaciones a derechos humanos” en esos países, así como la ausencia de referencias al auge de los autoritarismos, los riesgos para los sistemas electorales y a las crisis de inseguridad o la migración. Tampoco le gusta que el proceso para alcanzar tuviera “objeciones constantes del régimen de [Daniel] Ortega” en Nicaragua sobre el rechazo de la invasión por parte de Rusia a Ucrania.

“Es una muestra de que no es posible dejar un régimen como el de Nicaragua al garete. Hoy más que nunca, como resultado de esta declaración, es fundamental avanzar de manera conjunta en un proceso que permita recuperar la democracia y el Estado de Derecho en Nicaragua”, propone en la tarde del martes en declaraciones a EL PAÍS. Horas antes, atendió a este diario en un hotel de la capital belga cercano al edificio del Consejo de la Unión Europea, donde los jefes de Estado y de Gobierno europeos y latinoamericanos negociaban la declaración.

Pregunta. Después de ocho años sin reuniones de este tipo, la UE está mirando a América Latina en este contexto de convergencia de crisis y en un intento de contrarrestar la influencia china en la región. En esta cumbre tenemos a países latinoamericanos de distintos signos políticos lo que dificultará una declaración contundente contra violaciones de derechos humanos. ¿Desde su perspectiva, qué líneas rojas no se deberían pasar?

Respuesta. Tener a todos los países de la región acá es importante, es un paso, pero debería ser un medio para lograr, por ejemplo, avances conjuntos en torno a los principales problemas que vive la región. Es fundamental que frente al tema de Venezuela, por ejemplo, haya declaraciones conjuntas en torno a la preocupación por las restricciones del derecho al voto y la participación política, particularmente recientemente las decisiones sobre volver nuevamente al control oficialista, el Consejo Nacional Electoral o las preocupaciones por la inhabilitación de María Corina Machado.

En el caso de Cuba nos preocupan muchísimo los más de mil presos políticos que están todavía en detención. Son abiertas violaciones al debido proceso, entre otros derechos. Y, por supuesto, la grave crisis humanitaria que vive la isla. En Nicaragua, hemos lanzado un grupo de amigos de Nicaragua buscando no solo alertar sobre las gravísimas violaciones que cometen a diario en términos de no solo detenciones arbitrarias, sino de expatriación, eliminación de la nacionalidad, expropiación de bienes de presos políticos... En fin, y tratar de buscar una solución sostenida e integrada de distintos países que en el tiempo se comprometan con buscar una solución negociada de tránsito hacia la democracia en Nicaragua. Estar aquí todos juntos es un paso importante, pero no debería ser para ignorar estas gravísimas violaciones a derechos humanos, sino para poner más sobre la mesa y tratar de buscar soluciones.

P. ¿Cuál ha sido la respuesta respecto a la propuesta del grupo de amigos de Nicaragua?

R. En el caso de Nicaragua, al menos un atisbo de mayor consenso. Si bien hay distintas posiciones, yo creo que uno encuentra gobiernos tanto en la izquierda como en la derecha que reconocen que lo que ha pasado en Nicaragua es ya una abierta violación al Estado de derecho, a la democracia y, por supuesto, a los derechos humanos. Hemos tenido conversaciones con distintos cancilleres, con distintas delegaciones, tanto europeas como latinoamericanas, y hay un interés. Yo creo que hay un consenso en que hay que buscar soluciones, pero estamos todavía en conversaciones con cada una de las delegaciones para tratar de echar a andar esta iniciativa, que no es otra cosa que el punto de partida de decir sí, todos estamos de acuerdo en que esta crisis existe y tratamos de buscar alguna solución consensuada y articulada y organizada, y no seguir pensando que ya lo de Nicaragua es de alguna manera un caso perdido.

P. Esa región, la centroamericana, estamos viendo un auge de los autoritarismos en distintos niveles: tenemos el caso de Bukele en El Salvador, con un estado de excepción que se extiende más de un año, o la persecución a voces críticas en Guatemala. Pero ayer vimos que Josep Borrell firmó memorandos de entendimiento muy sucintos con Honduras y con El Salvador, en el que no mencionan esas preocupaciones. ¿Le preocupa que no se estén condenando estas violaciones de derechos de una manera más contundente en Europa?

R. Ese relacionamiento, que es importante desde un punto de vista diplomático, debería contribuir no solo a resaltar cuando hay distintos tipos de violaciones de derechos humanos, sino a buscar soluciones. En el caso de Guatemala, nos preocupa muchísimo el derecho al voto y la participación política. Por fortuna, la Corte de Constitucionalidad en Guatemala ha llegado a la conclusión de que ampara el derecho del partido Semilla, que no se suspenda su personería jurídica. Eso es un paso fundamental, pero que el Ministerio Público en cabeza de la fiscal [Consuelo] Porras pueda continuar con la investigación penal en contra de quien es hoy uno de los candidatos presidenciales a ir a la segunda vuelta, es una amenaza a la posibilidad de que guatemaltecos y guatemaltecas elijan libremente a quien quieran. Sobre todo en un contexto de uso de la acción penal en Guatemala para perseguir a jueces, fiscales, periodistas. Hay antecedentes del uso del derecho penal como una estrategia de persecución de quienes han luchado contra la impunidad en el pasado y quienes han tenido un ejercicio de participación política. Establecer mecanismos de diálogo sobre lo que sucede en Guatemala es importante no sólo para condenar este tipo de hechos, sino sobre todo para garantizar que haya un proceso transparente electoral.

En el caso de El Salvador, hemos venido documentando el estado de emergencia, que hay más de 68.000 personas privadas de la libertad en cientos de los casos, personas que además no participaban de las pandillas. Hemos documentado casos de detenciones arbitrarias, torturas, personas que han muerto privadas de libertad, más de 1600 casos de menores de edad, por no hablar de las gravísimas violaciones al debido proceso. Audiencias de más de 500 personas virtuales sin acceso a un abogado, entre otras. Y, por supuesto, reconocemos que la crisis de seguridad en El Salvador y en otros países de Centroamérica ha sido dramática y ha supuesto un flagelo muy duro frente a la sociedad civil y frente a la población en general. Pero la respuesta a esta crisis de seguridad no puede ser de mayor represión y de violación también de derechos humanos. Entonces, el diálogo directo con El Salvador sí, pero para poner estos temas sobre la mesa y para buscar soluciones. Creemos que un diálogo que simplemente privilegie discusiones comerciales y saque de la lupa la discusión sobre derechos humanos, le quitaría a Europa ese centro de gravedad, de ser un faro en términos de Estado de derecho y de protección de derechos humanos, como lo ha sido históricamente.

P. El lunes, en las conversaciones del foro de negocios paralelo, se habló mucho de no repetir el modelo extractivista. ¿Qué se debería hacer para no replicar estos modelos que no han hecho ningún bien a la región?

R.Yo diría que tenemos dos factores frente a ese punto. Lo primero es tener un proceso de fortalecimiento de las relaciones comerciales entre Europa y América Latina. Es importante y, sin duda, está relacionado con el bienestar social y económico de nuestra región. Pero eso no debería ser una excusa para no tocar otros temas delicados. El año pasado, una persona del Servicio Exterior Europeo me decía: ‘Es que no nos pueden seguir trayendo malas noticias sobre América Latina. Queremos pasar a una relación constructiva, una relación positiva en términos comerciales’. Los derechos humanos no deberían ser vistos como una mala noticia que no se toca para poder tocar los temas económicos. Deberíamos ser capaces como dos regiones de tener conversaciones adultas, honestas que pasen por tanto el fortalecimiento de las relaciones comerciales como la garantía de poner sobre la mesa cuando hay gravísimas violaciones a derechos humanos y crisis que se desprenden de ese tipo de violaciones que tienen que ser enfrentadas de manera directa y que tienen que cesar si queremos que haya bienestar.

Ese es un lado de la ecuación. Lo otro es una conversación sobre justicia climática que pasa por reconocer que un desarrollo sostenible que haga y articule procesos de desarrollo social, económico, ambiental, tiene que entender que América Latina tiene un potencial inmenso en términos de su capacidad de lucha contra la crisis climática, particularmente por los servicios ecosistémicos que presta la biodiversidad en América Latina. Y preservar esa biodiversidad es fundamental para mitigar los efectos del cambio climático y para adaptarnos a ellos. Lograrlo pasa por conversaciones con Europa y con el resto del mundo de qué demanda y como se protege esa biodiversidad, al tiempo que se avanza en la lucha contra la pobreza y la desigualdad en América Latina.

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