El ‘Bibby Stockholm’, la prisión flotante en la que el Reino Unido quiere alojar a migrantes, llega a puerto

El Bibby Stockholm, el gigantesco buque con más aspecto de bloque improvisado de viviendas que de transatlántico, ya está atracado en el puerto de la isla de Portland, en la costa sur de Inglaterra. El Gobierno de Rishi Sunak ha hecho oídos sordos a las críticas de organizaciones humanitarias, que definen la nueva adquisición como una “prisión flotante”, y se dispone a alojar en la embarcación a los primeros migrantes irregulares.

Propiedad de la empresa Bibby Marine Ltd, la estructura tiene capacidad para acoger a 506 personas. Downing Street ya ha asegurado que serán varones, escogidos de entre aquellos que hayan llegado de modo irregular a las costas del sur de Inglaterra después de atravesar el canal de la Mancha. Los primeros 50 llegarán a la localidad de Dorset, donde está la isla, en las próximas semanas. El Gobierno británico calcula que los nuevos residentes permanecerán en la embarcación un periodo que oscilará entre los tres y los seis meses. De momento, el puerto de Portland ha cerrado un primer contrato de amarre de año y medio, pero las protestas e inquietud de los vecinos de la zona arrojan incertidumbre sobre el futuro de la instalación.

Actualmente, son más de 160.000 personas las que esperan la tramitación de su solicitud de asilo en el Reino Unido. El Gobierno mantiene a cerca de 51.000 en hoteles esparcidos por todo el país, con un coste de más de seis millones de euros diarios.

El Bibby Stockholm dispone de 222 habitaciones dobles, cada una de ellas con cuarto de baño, ducha, ventana al exterior, televisión y armarios. En teoría, nadie está retenido en el barco. Los futuros inmigrantes que residan en él, asegura el Gobierno británico, podrán entrar y salir cada día sin problema y visitar la cercana localidad de Weymouth, aunque deberán firmar su entrada y salida en el libro de registro. El Ministerio del Interior ha preparado incluso un servicio de autobuses a tal efecto.

Según explicó ya, con fotografías incluidas, la empresa propietaria, el Bibby Stockholm tiene servicio de wifi, cantina, gimnasio, lavandería y hasta una sala multiconfesional para la oración. Los costes estimados en seguridad, sanidad y alimentación por cada día serán, asegura el Gobierno, de unos 23.000 euros.

La nueva Ley de Inmigración Ilegal de Rishi Sunak, que se ha convertido en la piedra de toque del mandato del primer ministro británico, y en un pulso permanente con organizaciones humanitarias, la Iglesia anglicana y la Cámara de los Lores, se aprobó finalmente la madrugada del martes. Downing Street logró derrotar las últimas enmiendas al texto presentadas por muchos lores —la mayoría independientes, sin adscripción partidista—. Pretendían acortar el tiempo de detención de los menores no acompañados de sus padres en situación irregular, reforzar la lucha contra la esclavitud moderna —que el nuevo texto debilita con sus medidas— e incluso alargar en seis meses el plazo previo a la deportación de los recién llegados al Reino Unido. El Gobierno de Sunak, que ha convertido en bandera electoral la lucha contra la inmigración irregular, ha sido inflexible. La nueva ley es ya una realidad, aunque algunas de sus principales disposiciones tardarán en aplicarse.

Aunque la justicia británica ha confirmado la ilegalidad del plan de deportaciones a Ruanda (en realidad, según la ley, a “un tercer país seguro”), queda pendiente un último recurso ante el Tribunal Supremo. En el mejor de los casos para los objetivos de Downing Street, los vuelos no podrían comenzar al menos hasta finales de año.

La nueva ley, calificada de “crueldad moral” por el arzobispo de Canterbury y jefe de la Iglesia anglicana, Justin Welby, elimina la posibilidad de que aquellos que llegan al Reino Unido de manera irregular —muchos tras cruzar las peligrosas aguas del canal de la Mancha— puedan iniciar los trámites para obtener la condición legal de refugiados. El Gobierno se reserva el derecho a deportarlos de inmediato a su país de origen, o a un tercer país que se considere seguro. Durante el mandato de Boris Johnson se cerró un acuerdo de más de 150 millones de euros entre Londres y Kigali para enviar a Ruanda a la mayoría de los nuevos irregulares. Aún no ha despegado ni un solo avión, pero el Ejecutivo de Sunak ha abrazado el acuerdo y está empeñado en que salga adelante.

El pasado año llegaron casi 46.000 personas a las costas del sur de Inglaterra, después de atravesar el canal de la Mancha. Cinco años antes, las cifras anuales no llegaban al millar. A pesar de que la dimensión de la crisis es todavía muy inferior a la enfrentada por los países del sur de la UE, ha sido suficiente para convertir el asunto en uno de los mayores retos políticos de Sunak.

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