Uruguay subsidia hasta el 80% del salario para la inserción laboral de antiguos presos

La vida después de la cárcel es una carrera de obstáculos difíciles de sortear. Entre enero y mayo de este año, 3.900 personas recuperaron la libertad en Uruguay, la mayoría de ellas jóvenes que salieron apenas con lo puesto, no siempre con respaldo familiar. Deben resolver dónde vivir y de qué manera subsistir. Como cualquier hijo de vecino, pero con un matiz diferencial, quizás la barrera más difícil de superar sea el estigma social. Prejuicio e indiferencia conspiran contra la integración de estas personas en la comunidad y en parte explican por qué el 60% reincide en el delito, según las estimaciones oficiales.

Esta problemática fue abordada el pasado 20 de junio en una actividad convocada por el Gobierno de Uruguay, la primera desde la puesta en marcha en mayo de la iniciativa Red de Oportunidades, que busca favorecer la inserción laboral de los exreclusos. Sus impulsores la definen como un espacio participativo, integrado hasta el momento por 100 entidades, entre organismos públicos, organizaciones sociales, cooperativas y empresas del sector privado. En el marco de esta iniciativa, las empresas que contraten a personas liberadas pueden acceder a un subsidio estatal de entre 60% y 80% del salario abonado durante un año.

“Estamos convencidos de que es necesario derribar los prejuicios y transformarlos en oportunidades”, dice Daniel Fernández, coordinador general de la Dirección Nacional del Liberado (Dinali). Este organismo, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), trabaja en los centros penitenciarios durante los seis meses previos al egreso de los reclusos y continúa con el acompañamiento fuera de prisión si las personas acceden voluntariamente. Según explica, la Red de Oportunidades buscar conectar a diferentes entidades, públicas y privadas, que trabajan con esta población, para que exista una mayor coordinación e intercambio en favor de la inclusión.

“Un promedio de 25 personas recuperan la libertad por día, son personas que transitan con nosotros y nos las cruzamos en la calle. No podemos mirar para el costado como sociedad, tenemos que derribar esos prejuicios”, insiste Fernández. Cuando recuperan la libertad, explica, quienes se acercan a las oficinas de la Dinali solicitan sobre todo ayuda para conseguir empleo. “El acceso al trabajo genera una inserción plena en la sociedad y disminuye la reincidencia. El foco está en poder generar esas oportunidades, pero hay un sinfín de pasos previos en los que trabajar, como por ejemplo la formación”, agrega.

Durante 2022, la Dinali dio asistencia de distinto tipo –capacitación, acompañamiento, salida laboral- a unas 2700 personas de las 8600 que recuperaron la libertad. Los últimos datos indican que 330 están trabajando en diferentes ámbitos, aunque las autoridades esperan que ese número aumente sensiblemente en la evaluación de julio, dos meses después del lanzamiento de la Red de Oportunidades. Con los beneficios tributarios dispuestos por ley aguardan un mayor involucramiento de las empresas privadas y que eso contribuya a romper el ciclo de abandono y violencia que muchos de los liberados viven en la calle, después de pasar por la cárcel en condiciones muy complejas.

De acuerdo con el último informe del Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario, la población carcelaria uruguaya se ha triplicado en las dos últimas décadas, alcanzando la cifra de 14.500 personas en 2022. El 75 % son jóvenes varones menores de 35 años, con una trayectoria vital marcada por la deserción del sistema educativo y el consumo problemático de drogas. Con un ritmo de crecimiento del 10% anual, el colapso de parte del sistema ha derivado en altos niveles de hacinamiento y violencia interna. Ese informe detalla que solo un 10% del total de reclusos se encuentra en cárceles que reúnen condiciones y oportunidades de rehabilitación e integración social.

Wilmar Pintos pasó 18 años de su vida cumpliendo una condena en el Penal de Libertad, ubicado en el sur del país. Salió de esa cárcel hace un par de años y ahora vive en una casa de acogida del Mides para personas que como él no tenían un hogar. Recuerda que estuvo 15 años trabajando en la cocina del Penal y que allí descubrió su vocación por la lectura, el teatro y la escritura. “Mientras estás leyendo un libro, no estás preso”, subraya. A través de la Dinali consiguió trabajo en el área de limpieza y barrido de uno de los municipios de Montevideo. Con 58 años cumplidos, quisiera dedicarse de lleno a echar una mano a las personas liberadas, quizás dentro de esta Red de Oportunidades.

“Lo fundamental es el compromiso social, de las instituciones del Estado y de las ONG, pero la clave está en el sector empresarial”, dice Pintos. Hace hincapié en el desafío que representa el consumo problemático de drogas, que afecta a un 80% de la población privada de libertad, según los datos oficiales. “La droga es una enfermedad, es una lucha, es lo peor que te puede pasar”, subraya. Reconoce que desde el Estado se están dando pasos para atender este problema, pero insiste en que el compromiso de fondo debe ser de toda la sociedad. “Tenemos que mirarnos y aprender a escucharnos”, señala.

“Si queremos vivir en una sociedad más equitativa, segura e integrada, está claro que las empresas tenemos que colaborar”, explica Jorge Penedo, director de Recursos Humanos de la constructora Teyma. Según detalla, la empresa lleva 16 años trabajando con personas liberadas, en algunos casos con éxito y en otros no, “nada diferente a lo que ocurre con personas por fuera de ese ámbito, en el mercado laboral en general”. Una vez que ingresan, continúa Penedo, las personas liberadas siguen su propio proceso igual que cualquier otro trabajador. “No esperamos ni pretendemos darles un tratamiento distinto, cuando se incorporan será su desempeño el que determine su progreso dentro de la empresa”, asegura.

Para Pintos, el espacio Red de Oportunidades tiene que hacer foco en los más jóvenes, que son mayoría en el sistema penitenciario y están a la deriva cuando recuperan la libertad. “Hay que ayudar a esos pibes, capacitarlos, darles una oportunidad”, remarca. Fernández, de la Dirección Nacional del Liberado, concluye: “Por día, 25 personas liberadas se integran a la sociedad. ¿Se integran realmente? No, se integran en términos teóricos. La libertad plena depende de lo que trabajemos como sociedad, entendiendo que esta es una causa de todos”.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS América y reciba todas las claves informativas de la actualidad de la región.