Elecciones con jueces, activistas y periodistas exiliados: el autoritarismo mide su poder en las elecciones de Guatemala

Cientos de personas con camisetas y banderas verdes fosforito y blancas se reúnen el jueves a última hora de la tarde en la Explanada 5, en el Antiguo Estadio del Ejército de Ciudad de Guatemala, para acompañar a Zury Ríos, la hija del dictador Efraín Ríos Montt, en el cierre de su campaña para las elecciones del domingo. “Antes de que mi padre partiera, me dijo: ‘Zury, si algún día Dios te da la oportunidad de servir a Guatemala, hazlo con amor, hazlo con servicio, hazlo con entrega, hazlo con responsabilidad y hazlo con carácter y con valor”, grita, y pide a sus partidarios que se pongan de pie para cerrar el acto. Ríos, una de las 22 candidatas que se disputarán este domingo la presidencia de Guatemala, no dudó en recurrir a la figura de su padre, fallecido en 2018 a los 91 años mientras era juzgado por el genocidio de indígenas maya-ixiles durante la larga guerra civil del país (1960-1996), para pedir el voto por la coalición conservadora Valor-Unionista. En su discurso, dijo también que pondría a “Dios, la familia y la vida” como centro de su Gobierno. “La otra opción es cualquiera de los otros partidos políticos que únicamente buscan seguir viviendo para sus intereses, seguir viviendo con corrupción”, dijo ante una audiencia en la que parecía haber más seguidores del candidato de su partido a alcalde de la capital, Ricardo Quiñonez, que de ella misma.

Poco después, unas calles más al este de la ciudad y en un escenario completamente distinto, la sala de un hotel con aires ochenteros, el candidato del partido Cabal, Edmond Mulet, se conecta virtualmente con sus seguidores en todo el país. “¡Ya tenemos 37.000 en Facebook y TikTok y se siguen uniendo!”, dice mientras un miembro de su equipo le muestra el dato del número de personas conectadas. “Estamos muy preocupados por el proceso de degradación que vive Guatemala”, dice Mulet, un diplomático de centroderecha con amplia experiencia y que fue jefe de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití. Como Ríos, promete combatir la corrupción y la inseguridad, dos de las principales preocupaciones de los guatemaltecos. Aunque su apuesta es “sacar el ejército a la calle”, mientras que la postulante conservadora propone, además, una guerra contra las pandillas similar a la de Nayib Bukele en El Salvador y reactivar la pena de muerte.

Según la última encuesta, publicada por el diario Prensa Libre el jueves, en un país harto de la corrupción y con un voto atomizado en 22 opciones, ningún candidato alcanzará la mayoría absoluta necesaria para ganar en la primera vuelta de este domingo. De acuerdo con ese sondeo, Mulet o Ríos (segundo y tercera en ese sondeo) se disputarán la segunda vuelta de los comicios frente a Sandra Torres, la favorita, que busca alcanzar la Presidencia por tercera vez y que este viernes cerró su campaña en La Terminal, en la popular central de abastos en la metrópoli guatemalteca. En un país con una de las cargas tributarias más bajas de la región y con la mitad de la población en pobreza, la candidata prometió suprimir los impuestos a los productos de la canasta básica, a los combustibles y a los medicamentos. “Guatemala ha tenido tres hombres presidentes que no les han cumplido y que les han fallado; yo les digo, ya no más papá Gobierno, ahora Guatemala tendrá mamá Gobierno, yo los voy a cuidar, yo los voy a proteger, conmigo van a tener más dinero en su bolsillo y a quienes no tienen vivienda, yo les voy a dar su casita”, dijo ante centenares de comerciantes.

En sus dos primeros intentos de alcanzar la Presidencia, la ex primera dama —esposa del fallecido presidente Álvaro Colom— demostró tener un apoyo sólido de cerca de 1,5 millones de guatemaltecos, pero en la segunda vuelta perdió, primero ante Jimmy Morales y después frente a Alejandro Giammattei, un presidente bajo cuyo mandato se ha intensificado la persecución contra jueces, fiscales, activistas, periodistas y defensores de derechos humanos que han combatido o señalado la corrupción.

El domingo, en el país más poblado de Centroamérica, habrá mucho más en juego que quién gobierna los próximos cuatro años. En una región asediada por los autoritarismos —con la cacería emprendida en Nicaragua por el Gobierno de Daniel Ortega contra cualquier voz crítica y el veloz asalto al poder de Nayib Bukele en El Salvador, que combate la inseguridad coartando derechos y libertades— quien gane deberá decidir si seguir por la senda autoritaria y de deterioro de las garantías de derechos acelerada en los cuatro años de la presidencia de Giammattei o devolver la institucionalidad al Estado de Guatemala.

Un “sistema autoritario sin caudillos”

“Hay un afán por controlar todo el Estado. En esto, no nos diferenciamos mucho de Nicaragua y El Salvador”, asegura el excanciller Édgar Gutiérrez. “Nuestras interferencias son de otro tipo. No tenemos caudillos y líderes carismáticos. Es una especie de dictadura corporativa la que gobierna”, dice refiriéndose a lo que en Guatemala llaman el ‘Pacto de Corruptos’, que define como una alianza informal de políticos, élites burocráticas y empresarios, que se protegen entre sí para mantener el poder.

Para el analista, aunque los comicios guatemaltecos vistos desde fuera cumplen con los requisitos formales (hay 22 candidatos de diferentes lados del espectro político), no se trata de una elección normal, porque se ha excluido a postulantes que iban punteros y porque, por primera vez desde el regreso de la democracia en 1985, el órgano electoral está cuestionado. “El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha caído como parte de esas piezas de dominó que van una tras otra y hay denuncias bastante creíbles que dicen que el tribunal viene siendo sobornado por el círculo del presidente Giammattei desde diciembre de 2021″, sostiene. Este viernes, dos artículos periodísticos de The New York Times, El Faro y ConCriterio revelan la supuesta denuncia de una magistrada del TSE ante la embajada de EE UU que confesó haber recibido dinero del actual mandatario.

En febrero pasado, los magistrados del TSE negaron la inscripción de uno de los partidos más críticos con el actual presidente, el Movimiento de Liberación de los Pueblos (MLP), una organización de izquierda encabezada por la líder maya Thelma Cabrera y el exprocurador de derechos humanos Jordán Rodas, exiliado en España. Además, fueron retirados de un proceso que tildan de “fraude” el hijo del expresidente Álvaro Arzú, Roberto Arzú García-Granados, y Carlos Pineda, un finquero sin experiencia política previa, pero que en pocos meses consiguió escalar hasta el primer puesto en las encuestas gracias principalmente a su popularidad en redes como TikTok.

“El régimen guatemalteco está acomodando las piezas con inducir un voto hacia candidatos que reproducen el sistema que ellos han creado. Eso es lo que me preocupa, porque es una manera también de falsear el voto”, insiste Gutiérrez desde el exilio en Ciudad de México. Como columnista del elPeriódico, un prestigioso diario de Guatemala conocido por sus denuncias de corrupción que se vio obligado a echar el cierre en mayo pasado ante la presión, el excanciller decidió salir de su país junto con otros siete periodistas del medio después de que los citaran en el caso de José Rubén Zamora, quien este mes fue condenado a seis años de cárcel por un supuesto delito de lavado de dinero.

El nombre de Gutiérrez y el de otros periodistas surgió en una de las audiencias de ese caso, vinculados a un supuesto cargo de conspiración para obstruir la justicia, y estos decidieron irse de un país donde sentían que no iban a respetar sus derechos si eventualmente los sometían a los tribunales. “Con lo que ha ocurrido durante los últimos años, nosotros pensamos que no es un tema de legalidad, sino de persecución política”, afirma.

Jueces y periodistas en el exilio

El excanciller y otras fuentes consultadas para este reportaje calculan que ya son cerca de 100 los fiscales, jueces, operadores de justicia, activistas y periodistas en el exilio. Una de ellas es Flor Gálvez, una abogada que formó parte de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), el extinto órgano de Naciones Unidas que abrió decenas de procesos por grandes casos de corrupción en el país, como el que acabó con el presidente Otto Pérez Molina en la cárcel.

Aunque la comisión fue expulsada en 2019 por el Gobierno de Jimmy Morales, Gálvez permaneció en el país. En ese momento comenzó un goteo de amenazas a jueces y fiscales que habían combatido la corrupción. Pero la abogada vio especialmente el incremento de la criminalización en febrero de 2022, cuando detuvieron a varios de sus compañeros, entre ellos a la fiscal Virginia Laparra, considerada una presa de conciencia por organismos de derechos humanos.

Tras organizarse con un grupo de compañeros para defenderse entre ellos y ver cómo aumentaban las amenazas en su contra, Gálvez decidió irse del país por su seguridad. Esta semana, en una llamada a través de Zoom con otros tres operadores de justicia, una activista y una defensora de derechos humanos exiliados, la abogada recuerda con “mucha nostalgia e impotencia” su trabajo en la CICIG. “Había días que no dormíamos preparando los procesos y todo. Yo sé que no éramos perfectos, que pudo haber algunos errores o algunas situaciones en algunos procesos. Sin embargo, no como se está tratando ahora”, dice al denunciar investigaciones exprés y juicios sumarios. “Están haciendo todo muy laxo, sin ninguna investigación profunda; por eso nos damos cuenta que es una criminalización brutal ejercer el derecho penal para atemorizar o para quienes estuvimos en algún momento trabajando en pro de la justicia”.

Ante este panorama desalentador, más de 9,3 millones de guatemaltecos acudirán el domingo a las urnas. En las calles de Ciudad de Guatemala, repletas de publicidad con las caras de los candidatos, muchos dicen sentirse obligados a apoyar al menor de los males. Lo mismo sucede entre quienes se vieron obligados a irse del país por sentirse perseguidos. Para ellos, parece haber un consenso — con matices— en que la mejor opción sería la victoria de Edmond Mulet, un conservador que públicamente ha defendido la libertad de expresión y la independencia judicial.

El candidato ha dado a entender que, de llegar a la Presidencia, no contaría con Consuelo Porras como fiscal general, un puesto al que fue nombrada por Giammattei, pese a que en 2021 el Departamento de Estado de EE UU la incluyó en una lista de actores “corruptos y antidemocráticos”. “La idea sería darle las gracias por los servicios prestados porque no hay un nivel de confianza”, ha asegurado el candidato de Cabal al ponderar una posible reelección de Porras, considerada una pieza clave para la persecución de jueces, fiscales y voces críticas.

De llegar a la presidencia, Mulet “tendrá que hacer un enorme esfuerzo, dar golpes de autoridad desde el inicio para neutralizar las estructuras de corrupción que va a heredar” del Gobierno de Giammattei, opina Gutiérrez. “Por lo menos, con él, las venganzas de libre mercado van a acabar”, dice por su parte Helen Mack, una prestigiosa activista de derechos humanos exiliada.

Reconocida internacionalmente por su lucha para hacer justicia por el asesinato en 1990 de su hermana por parte de un escuadrón de la muerte de las Fuerzas Armadas guatemaltecas, Mack destaca también la importancia de rol de la comunidad internacional para que en su país se garantice la independencia judicial. “No sé si EE UU y Europa tengan interés en la región visto lo visto. Como le dije una vez a un funcionario estadounidense, estamos viviendo Bahía Cochinos 2″, lamenta en referencia al abandono que siente respecto a la situación que vive Guatemala.

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