Maduro se enroca y aleja la posibilidad de unas elecciones con garantías en 2024

Las predicciones volvieron a fallar con Venezuela. Hace ahora dos años, medio mundo celebraba la oportunidad que se abría en el país dirigido por el chavismo desde 1999. La grave crisis económica y social, ahondada por la pandemia, y el aislamiento internacional obligaron entonces al Gobierno de Nicolás Maduro a mover alguna ficha. Su popularidad había caído y la mayoría de los venezolanos que no podían huir del país luchaban por sobrevivir. Maduro quizás veía cerca su final, por eso optó por abrir la mano para ganar algo de aire. Permitió la entrada de ayuda internacional, liberó algunos presos políticos, nombró un organismo electoral con presencia opositora y se abrió a un diálogo con la oposición en México. La idea de que era el momento para avanzar hacia unas elecciones con garantías en 2024, es decir, con posibilidades de victoria para cualquiera que no llevara el carnet chavista, se extendió desde la Unión Europea hasta EE UU. Hoy esa opción se aleja cada día. Es como si Maduro sintiera que el oxígeno recuperado le es suficiente para ir a las urnas con el mundo en contra, pero el resultado a su favor.

El último golpe se consumó esta semana. La renuncia de los rectores oficialistas del Consejo Nacional Electoral (CNE) llevó al Gobierno a anunciar un proceso para formar un nuevo organismo electoral. Ese último CNE que se asoma al abismo había sido nombrado en 2021 y había incluido a dos rectores de cinco no vinculados directamente con el chavismo. La señal de apertura fue celebrada internacionalmente. La Unión Europea incluso acercó la posibilidad de volver a participar como garante de un proceso electoral que se espera para 2024. Bajo ese CNE se celebraron las elecciones regionales y locales en noviembre de 2021, en las que participó la oposición, incluso con algunas victorias importantes. Los resultados, por primera vez en años, fueron reconocidos por todas las partes. Con esta maniobra, el chavismo podría volver a recuperar el control de una institución clave para cualquier proceso democrático. Michael Penfold, investigador global del Wilson Center, reconoce que es un golpe muy duro: “Es un gran retroceso, un punto de inflexión muy negativo”.

El CNE había cobrado protagonismo en las últimas semanas por la cercanía de las primarias convocadas para la oposición a celebrar en el mes de octubre, un proceso del que deberá salir el contrincante de Maduro en las urnas. La oposición venezolana arrastra una fractura histórica entre dos sectores enfrentados. Uno que aboga por una estrategia de confrontación y no negociación con el chavismo, liderado por cabezas como María Corina Machado o Leopoldo López, y otro sector moderado que defiende el diálogo y la vía institucional para irle ganando terrero al oficialismo. Durante muchos años, la estrategia que imperó, con apoyo internacional, fue la línea dura, que acabó resultando un fracaso escenificado a finales de 2022 con la autodisolución del gobierno paralelo de Juan Guaidó.

Ese enfrentamiento perenne se puso de relieve a la hora de organizar las primarias opositoras. El sector moderado quería que el CNE otorgara apoyo logístico en las primarias, mientras que candidatas como Machado ―que en este momento lidera las encuestas― se negaba a participar si se incluía algún tipo de intervención estatal. Un día después de que el Gobierno anunciara el proceso para un nuevo CNE, este viernes, la oposición tomó la decisión de no incluir al consejo electoral en su proceso: “Avanzaremos en una consulta autogestionada”. Tanto los candidatos radicales como los moderados apoyaron la medida, incluido el moderado Henrique Capriles, que volvió a pedir la unidad opositora. Los partidarios de María Corina Machado, reunidos con su líder en un mitin en Barquisimeto, celebraron la decisión como una conquista propia del movimiento.

La politóloga Colette Capriles considera que la idea de que las primarias sean autogestionadas es “absurda” porque la oposición no tiene la capacidad logística de organizar un proceso masivo. “Al final significa que hay dos ganadores: el Gobierno, que de nuevo plantea el conflicto y siembra desconfianza, y la postura de María Corina Machado frente a las posturas moderadas de la oposición, que quedan debilitadas”, añade. Para la politóloga y académica, si la oposición hubiera aceptado el apoyo del CNE le habría puesto más difícil al Gobierno su intención de recuperar el control del organismo. “El apoyo logístico habría legitimado esas primarias a los ojos del Gobierno, era una manera de proteger el resultado y el proceso”, sostiene.

Pero Maduro no tiene ninguna intención de ceder ningún terreno ni de facilitar ningún camino. En los últimos meses, ha recuperado autoridad interna y fuero diplomático. Después de años sin salir del país, se ha dejado ver en algunas cumbres internacionales y regionales. La situación económica superó el pésimo momento vivido hace dos años gracias a los ingresos del petróleo y a cierta liberalización de la economía, aunque aún es un crecimiento al alcance de muy pocos. Con todo ello, el presidente ha endurecido sus exigencias en el marco de la negociación política con la oposición. Especialmente exige la liberación del empresario colombiano aliado del chavismo Alex Saab, juzgado en Estados Unidos por lavado de dinero y corrupción.

En este tiempo, EE UU ha hecho algunas concesiones, un cambio de estrategia que comenzó con la salida de Donald Trump y la victoria de Joe Biden y que se ahondó con las crisis energética mundial derivada de la guerra en Ucrania. Washington liberó a dos sobrinos de la primera dama venezolana, Cilia Flores, acusados por la DEA de narcotráfico, y ha autorizado la emisión de una licencia que permite a Chevron ampliar sus operaciones en el país, lo que ha aliviado parcialmente las arruinadas arcas nacionales. Estas licencias, que pueden ser ampliadas a otras empresas, estarían condicionadas al compromiso de celebrarse de unas elecciones limpias, equitativas y verificables.

Pero no ha sido suficiente. Las conversaciones con la oposición en México están paralizadas desde noviembre y el chavismo se niega a volver a la mesa. Maduro y sus portavoces exigen desde finales de año el levantamiento pleno ―y no progresivo, como se había acordado― de las sanciones internacionales en contra del país como condición para reiniciar el diálogo político. “Si quieren elecciones libres, queremos elecciones libres de sanciones”, dijo el presidente en noviembre, condicionando la democracia a las sanciones. El chavismo no asume ninguna responsabilidad en la parálisis de la economía nacional y acusa de la crisis exclusivamente a las sanciones internacionales, muchas impuestas por socavar la democracia y secuestrar la institucionalidad.

Las intenciones de Maduro sobre el CNE aún no están claras, más allá de su intento de enturbiar y mostrar quién tiene el control, pero los primeros pasos no son alentadores. La comisión nombrada por el Parlamento para decidir las postulaciones al próximo consejo incluye a Cilia Flores, la primera dama y esposa de Maduro, un gesto que el presidente ha considerado un “ejemplo de transparencia e imparcialidad”. La organización Human Rights Watch (HRW) ha sido de las primeras en reaccionar. Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas, ha calificado de “peligrosísima” la jugada del Gobierno y ha pedido a los presidentes de Colombia y Brasil, Gustavo Petro y Lula da Silva, respectivamente, que aprovechen “su acceso a Maduro para frenar esta maniobra si quieren contribuir a restablecer la democracia”.

Petro ha perdido peso en el debate venezolano o, más bien, Venezuela ha perdido peso en la agenda del presidente colombiano. En los primeros meses, restablecer relaciones con el país vecino y tenderle una mano a Maduro para volver a la escena internacional y al diálogo con la oposición era una prioridad para el Gobierno, pero la estrategia ha perdido fuerza. El éxito de los primeros pasos de Petro debía haber cristalizado el pasado mes de abril, en una cumbre sobre Venezuela organizada en Bogotá a la que asistieron 20 países, entre ellos Estados Unidos. Petro aparecía entonces como el gran líder regional y el operador necesario para desatascar una crisis que afecta de manera especial a toda América Latina. Pero la cita resultó un fracaso. Venezuela sigue siendo un tema tan sensible, tan ideologizado y con un costo político tan alto que cualquier acuerdo en torno a Caracas resulta imposible. Los 20 países ni siquiera firmaron un memorándum conjunto al final de la reunión. Eso, sumado a otras crisis internas que obligan a Petro a mirar hacia dentro, la lentitud en cualquier avance y los retrocesos parecen haber sacado a Venezuela de la ecuación del presidente colombiano.

El chavismo sigue metido en su laberinto y aquellos que hace dos años aseguraban que las elecciones de 2024 marcarían un hito en la historia del país empiezan ya a cambiar de discurso. El proceso electoral, aún sin fecha definida, está a la vuelta de la esquina y en Venezuela ha cambiado todo en dos años para que al final nada cambie.

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