Trump recurre a los precedentes de Biden y Clinton para denunciar un supuesto doble rasero

Promete ser uno de los motivos centrales de la inminente campaña presidencial de Estados Unidos. El expresidente Donald Trump, que compareció este martes en un juzgado de Miami para responder de 37 cargos relacionados con la retención ilícita de documentos clasificados, asegura que es la víctima de una caza de brujas política. Sus compañeros en el Partido Republicano repiten casi palabra por palabra sus alegaciones: que el Departamento de Justicia ha impuesto un doble rasero y a él se le trata con una dureza indebida, mientras que al presidente Joe Biden y la antigua secretaria de Estado Hillary Clinton, ambos demócratas, se les aplica guante blanco en sus supuestos errores en la gestión de información secreta.

Ninguno de los casos tiene mucho que ver entre sí. Y Trump no menciona el de su antiguo vicepresidente, Mike Pence, que contradice la tesis del doble rasero. Pence también encontró en su residencia privada de Indiana algunos documentos clasificados relacionados con su etapa en la Casa Blanca, que se había llevado por error. Los devolvió de inmediato. El Departamento de Justicia determinó que el ahora aspirante a la nominación republicana para las presidenciales había actuado de buena fe y no había cometido ningún delito, por lo que cerró la investigación abierta en torno al caso sin presentar acusación.

Pero, pese al precedente inmediato de Pence, las alegaciones de Trump, que guardaba cajas de documentos clasificados en su mansión de Mar-a-Lago recuperadas durante un registro judicial, parecen ir calando entre sus partidarios. El expresidente se mantiene como el candidato republicano favorito en las encuestas. Sus votantes citan una y otra vez los argumentos del magnate inmobiliario en foros de charla política y en redes sociales. Las grandes figuras del partido, incluidos sus principales rivales en la carrera por la Casa Blanca, salen en su defensa: “¿Hay un rasero distinto para una secretaria de Estado demócrata [en referencia a Hillary Clinton, investigada en su momento por el manejo de correos electrónicos con información clasificada] y para un expresidente republicano? Creo que tiene que haber un solo rasero de justicia en este país”, ha afirmado Ron DeSantis, gobernador de Florida y gran oponente de Trump en las primarias.

No importa que la versión trumpiana sea inexacta o incluso roce la calumnia. “Hillary [Clinton] destruyó 33.000 correos electrónicos con BleachBit y destrozó sus teléfonos con un martillo. Biden fue aún peor, pero no fueron imputados y, al contrario que ellos, yo nunca le di nada a ninguna potencia extranjera. Biden probablemente lo hizo. ¿Le dio a China porque China le dio un montón de dinero?”, publicaba el expresidente hace tres días en su red social, Truth Social. En otras entradas, adornadas con su estilo propio de abundantes mayúsculas y exclamaciones, acusa al actual inquilino de la Casa Blanca de mantener 1.850 cajas de documentos secretos en la Universidad de Delaware.

Los argumentos de Trump vienen a mezclar peras con manzanas. El número de cajas al que alude es el que Biden donó a su alma mater y contiene los documentos de su larga era como senador. La legislación estadounidense considera ese material propiedad privada, que su dueño puede ceder a quien quiera. Los investigadores han repasado esos documentos, sin indicios de que contengan ningún material secreto de la era de Biden como vicepresidente de Barack Obama.

Sí es cierto que Biden, como Trump, se encuentra bajo investigación de un fiscal especial del Departamento de Justicia, Robert Hur. El equipo de este fiscal examina el hallazgo, entre octubre y enero pasados, de varios documentos clasificados de la época como vicepresidente del actual mandatario en su residencia privada en Delaware y en un despacho en Washington que ocupó tras dejar la Casa Blanca.

El caso aún continúa abierto. Pero desde el primer momento el presidente y sus abogados han asegurado que colaboran con los investigadores, les han permitido un acceso completo a todos los lugares que pudieran estar relacionados con el asunto y han devuelto todo el material encontrado. No hay indicios que apunten a que el presidente o sus ayudantes se llevaron documentos confidenciales intencionadamente. Ese requisito, el de la intención, es fundamental para determinar que ha existido un delito.

“Si Trump hubiera hecho lo mismo [y hubiera devuelto los papeles cuando se los reclamaron los Archivos Nacionales], no habría gran jurado, probablemente no habría habido una orden de registro y probablemente hubiera evitado un potencial problema penal”, ha declarado el antiguo fiscal del caso Watergate Nick Akerman a la cadena de televisión ABC News.

La legislación estadounidense obliga a los presidentes y vicepresidentes a guardar todos los documentos oficiales de su mandato y, al dejar el cargo, entregarlos a los Archivos Nacionales para su custodia. Para quedarse alguno en particular deben solicitar un permiso especial y justificar la razón. Pero no es infrecuente que algunos documentos se traspapelen y se devuelvan cuando se encuentran.

El caso de Clinton sí se encuentra ya cerrado desde hace años. En 2016 centró una de las grandes polémicas de la campaña electoral, en la que la ex secretaria de Estado concurría como candidata demócrata contra Trump. Durante su etapa como jefa de la diplomacia estadounidense en la era de Barack Obama había utilizado una plataforma privada de correo electrónico para sus comunicaciones. En 2015, los servicios internos de las agencias de inteligencia alertaron al FBI de que ese servidor contenía lo que podían ser cientos de mensajes con información clasificada.

Los investigadores determinaron que de cerca de 30.000 correos, 110 incluidos en 52 cadenas de mensajes contenían información clasificada. El caso se cerró en julio de 2016, sin presentar cargos, aunque volvió a abrirse a 11 días de las elecciones después de que el FBI encontrara otra tanda de mensajes. De nuevo, la policía federal desestimó acusar a Clinton. “No hubo pruebas de que los remitentes (de los mensajes) o la exsecretaria Clinton pensaran o fueran conscientes en esos momentos de que los correos contenían información clasificada”, explica el informe oficial sobre el caso.

Entonces, en plena efervescencia de la campaña electoral, Trump lanzaba en sus mítines largas arengas sobre la importancia de preservar como es debido los secretos de Estado y los documentos confidenciales. Unas declaraciones que el fiscal especial Jack Smith, al frente de la investigación sobre el caso de los papeles de Mar-a-Lago del expresidente, cita para reforzar sus acusaciones contra él en el pliego de cargos, que contiene 37 cargos en relación con 7 delitos federales.

Es la gran diferencia entre los casos. Smith sí ve en el expresidente intención de retener documentación secreta en su residencia privada en Florida. El fiscal especial acusa al antiguo mandatario de obstrucción de la justicia y de haber violado la ley de espionaje, por tratar de mantener en su poder los documentos pese a los reiterados requerimientos de los Archivos Nacionales para que los devolviera.

La acusación indica que los documentos cuya retención ilícita se le imputa presentan sellos que los caracterizan como clasificados, algunos de ellos como alto secreto. También detalla una grabación, seis meses después de dejar la Casa Blanca, en la que Trump reconoce que un papel que tiene en la mano está clasificado. “Como presidente podría haberlo desclasificado… pero ahora no puedo”, comenta, según la transcripción incluida en el texto de la Fiscalía.

Trump, de momento, continúa con su estrategia de presentarse como víctima del sistema, que considera que le da réditos políticos y dinero para su campaña. Apenas tres horas antes de su comparecencia en los juzgados de Miami volvía a mandar uno de sus característicos mensajes en Truth Social: “¿Examinará el Enloquecido Jack Smith las miles de páginas de documentos que Biden guardaba en Chinatown y que, cuando le pillaron, envió rápidamente a Boston? Qué pasa con las 1.850 cajas que Biden lucha por mantener secretas. ¿Y qué tal los 33.000 correos electrónicos de Hillary que borró y eliminó con ácido? ¿Examinará el soborno de 5.000.000 de dólares que se le pagó a Biden pero que el Departamento de Justicia intenta ocultar?”.

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