Bruselas abre expediente a Polonia por la ley que amenaza al líder de la oposición

La Comisión Europea ha pasado de las palabras a los hechos contra Polonia por la norma que establece la creación de una comisión para investigar la influencia rusa entre 2007 y 2022, la llamada ley Tusk, que la oposición polaca denuncia que está hecha a medida para perseguir a Donald Tusk, el líder del principal partido opositor. Bruselas le ha abierto expediente sancionador por entender, una vez más, que el Gobierno ultraconservador de Varsovia puede estar vulnerando el Estado de derecho. “El colegio de comisarios ha abordado la situación en Polonia y ha acordado comenzar un procedimiento de infracción enviando una notificación formal en relación con la comisión extraordinaria para estudiar la injerencia rusa”, ha anunciado el vicepresidente ejecutivo de la Comisión, Valdis Dombrovskis, tras la habitual reunión de los miércoles.

Bruselas, que tiene múltiples frentes abiertos con Polonia por sus agresiones al Estado de derecho, no ha esperado a que las enmiendas anunciadas por el presidente polaco, Andrzej Duda, el pasado viernes se aprueben en el Parlamento. La norma, al fin y al cabo, ya está en vigor y la rectificación no ha pasado todavía de la categoría de anuncio, a unos cinco meses de las elecciones legislativas previstas para otoño.

La reacción polaca al conocerse el escrito de Dombrovskis ha sido muy similar a la que ha tenido en días anteriores sobre el mismo asunto. “Nuestro objetivo es claro: investigar y limitar la influencia rusa en Polonia y Europa”, empieza diciendo Szynkowski vel Sek, ministro de Asuntos Europeos, en un tuit. La mención primera a la lucha contra la “injerencia rusa” es habitual en las justificaciones del Gobierno polaco cuando habla del tema estos días en sus respuestas a críticas foráneas. “Estaremos encantados de presentar los argumentos de hecho y de derecho en este caso después de conocer las dudas de la Comisión Europea”, ha continuado, en línea con la respuesta que Duda dio a los reparos de Washington la semana pasada.

Apenas han pasado nueve días desde que el presidente polaco sancionó la ley que había aprobado el Parlamento y que busca investigar la injerencia rusa en el país, examinando las decisiones de políticos y periodistas entre 2007 y 2022. Tras la decisión de Duda, Bruselas y Estados Unidos han presionado a los ultraconservadores polacos, en el Gobierno y en la jefatura de Estado, para que rectifiquen. Entienden, como la oposición, el Defensor del Pueblo y los expertos legales del país, que la ley permite inhabilitar para ejercer un cargo público durante 10 años cuando se concluya que alguien es culpable, sin control judicial. Entre los cambios propuestos por el presidente polaco cinco días después de firmar la ley está cambiar esas sanciones por opiniones.

El viernes pasado, el comisario de Justicia, Didier Reynders, envió una carta a Varsovia exigiendo información sobre esta norma y la “opinión de las partes interesadas, incluyendo al Defensor del Pueblo y los servicios jurídicos del Sejm [la Cámara baja polaca] y el Senado, así como otros documentos que se considere relevantes”. Las instituciones han sido críticas con la norma.

Cinco días después ha llegado el primer paso formal de los expedientes de infracción en la UE, el envío de la carta de notificación. Polonia tiene ahora un tiempo —normalmente dos meses— para responder a la Comisión. Si no le convence, Bruselas enviará un dictamen motivado al Gobierno polaco exigiendo cambios concretos en la ley dentro de un plazo que, de nuevo, suele ser de otros dos meses. Y si finalmente no se cumpliera, el Ejecutivo europeo puede acudir al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

Todo camino administrativo ya ha sido recorrido reiteradamente entre Bruselas y Varsovia en los últimos años a cuenta de las vulneraciones de los principios del Estado de derecho de los ultraconservadores polacos, en el poder desde 2015. Esta misma semana, el TJUE ha fallado contra Polonia por una reforma que hizo en 2019 de la sala disciplinaria del Tribunal Supremo, para los jueces, porque tanto los magistrados europeos como la Comisión entienden que conculca la independencia judicial. Y, además, hay al menos otro asunto pendiente en Luxemburgo: la Comisión llevó a los tribunales al Estado polaco por las sentencias de su Tribunal Constitucional, que cuestionan que el derecho de la Unión prime sobre el nacional y que los fallos del TJUE sean vinculantes. La demanda de la Comisión llega al punto de dudar de la “independencia e imparcialidad” del Tribunal Constitucional polaco.

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