Dolor y frustración un año después del asesinato de Dom Philips y Bruno Pereira en la Amazonia brasileña: “No ha cambiado nada”

Un año tras el asesinato del periodista británico Dom Philips y el indigenista brasileño Bruno Pereira, las cosas apenas han cambiado en el Valle del Yavarí, el rincón de la Amazonia donde perdieron la vida a manos de pescadores furtivos. Esta zona de la selva brasileña, que se conoce como “valle” pero tiene el tamaño de Panamá, es la región del mundo donde viven más comunidades de indígenas no contactadas. También es un coladero para el narcotráfico y el crimen organizado, una tierra sin ley. Los activistas de la zona y los familiares de las víctimas lamentan que las cosas apenas hayan cambiado desde el terrible crimen

El lunes, en un acto en memoria de Philips y Pereira, familiares y amigos se reunieron en la playa de Copacabana de Río de Janeiro para recordarles. Visiblemente emocionada, la viuda del periodista, Alessandra Sampaio, pedía acciones contundentes para que el Estado esté más presente en aquella recóndita región en la frontera con Perú, donde las amenazas a los indígenas que defienden su territorio de los invasores siguen siendo cotidianas. “Si este caso que dio la vuelta al mundo no ha cambiado nada en el Yavarí, ¿cuándo va a cambiar? Yo hablo desde una posición incómoda porque perdí el amor de mi vida, no quería estar aquí, quería estar en mi vida sencilla que tenía con Dom, queríamos envejecer juntos. Me lo robaron a mí, a su familia, a sus amigos por la codicia, por la falta de fiscalización intencional del gobierno anterior”, criticó. Sampaio, convertida ahora en activista a la fuerza, prepara la creación del Instituto Dom Philips, para divulgar acciones de preservación de la Amazonia.

A su lado, Beto Marubo, el presidente de la asociación Univaja, que reúne a los pueblos indígenas del valle, confirmaba su frustración. “No cambió absolutamente nada. El Gobierno brasileño debe una explicación al mundo de qué medidas va a tomar a partir de ahora. No tenemos una respuesta concreta de las autoridades”, lamentó. El pasado mes de abril, hombres armados con fusiles invadieron una aldea de la etnia Kanamari y amenazaron al cacique, poco después de que la Policía Federal confiscara maderas extraídas ilegalmente de ese territorio indígena. En noviembre del año pasado, los Kanamari ya habían denunciado que pescadores ilegales que actúan en el Yavarí amenazaron con exterminar a los líderes indígenas de la zona. Un pescador llegó a apuntar un arma contra el pecho de una mujer indígena y citó el asesinato de Philips y Pereira a modo de advertencia.

Marubo, que está amenazado de muerte desde hace años, afirma que en la transición entre el Gobierno de Jair Bolsonaro y la nueva Administración del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a finales del año pasado, ya presentaron las medidas urgentes que habría que implementar, como reforzar las competencias de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas, la Funai, el órgano estatal que cuida de las poblaciones nativas, para que sus funcionarios tengan “poder de policía” y puedan enfrentarse a personas armadas. Critica que hasta ahora sólo ha habido medidas paliativas y aisladas, parches que no atacan la raíz del problema.

La semana pasada, la ministra de los Pueblos Indígenas, Sonia Guajajara, mandó crear un grupo de trabajo para buscar soluciones a la falta de seguridad y el aumento de criminalidad en la zona. No obstante, el aniversario de la muerte llega tras una semana de malas noticias para la causa indígena y ambiental que van en la dirección contraria a lo que reclaman los familiares de Philips y Pereira y los activistas del Yavarí. La Cámara de Diputados, de mayoría conservadora, retiró competencias del Ministerio de los Pueblos Indígenas y del de Medio Ambiente y aprobó el proyecto de ley del ‘marco temporal’, que si se sale adelante definitivamente en el Senado podría dificultar en gran medida el reconocimiento legal de nuevas tierras indígenas.

Mientras tanto, un año después del asesinato no ha sido condenado ninguno de los imputados (Amarildo da Costa, Oseney da Costa y Jefferson da Silva), que están presos en cárceles federales. A finales de enero deberían haberse realizado las primeras audiencias, pero se cancelaron por problemas técnicos, y desde entonces sus abogados han conseguido retrasar sus interrogatorios. Según informaciones obtenidas por la cadena Globo, la semana pasada la justicia imputó a otras dos personas: Ruben Villar, apodado Colombia y presunto mandante del asesinato, y otro pescador ilegal, Jânio Freitas. Según la policía, en un año los acusados se hicieron más de 400 llamadas telefónicas, incluso el día del crimen, momentos antes y después de la ejecución. Esas conversaciones serían la prueba más sólida de que se trató de un crimen premeditado.

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