Un nuevo caso de corrupción acorrala al Gobierno de Luis Arce en Bolivia

Juan Santos Cruz es el segundo ministro boliviano que pasa de ser parte del Gabinete a la cárcel. Acusado de recibir 2,7 millones de dólares en sobornos de las contratistas del ministerio de Medio Ambiente y Agua, del que era el titular, Santos Cruz fue detenido este martes. Desde entonces, el presidente Luis Arce está recibiendo fuertes críticas por haber esperado que renunciara, tras ser acorralado por la investigación policial, en lugar de haberlo apartado del cargo cuando se conocieron las primeras denuncias en su contra. Uno de los críticos es el expresidente Evo Morales, que aprovecha para avanzar en su competencia con Arce por el corazón de la izquierda boliviana. La creciente corrupción se ha convertido en el principal tema de debate en Bolivia.

Antes de ser ministro de la administración de Arce, Juan Santos era un importante dirigente campesino proveniente de Pando, la región del norte de Bolivia. Según la denuncia de su asistente –que era quien cobraba los sobornos a su nombre hasta que tuvieron una diferencia y entonces ella decidió hablar con la prensa–, Santos pedía “comisiones” de hasta 30% del costo de cada proyecto como responsable del riego del país. La denunciante afirma que le entregó el equivalente a 2,7 millones de dólares, con los cuales, alega, este compró dos haciendas, un frigorífico (Pando es una región ganadera) y 27 casas en diferentes partes del país, siempre a nombre de allegados suyos. Aunque Santos se ha declarado inocente, estará encarcelado mientras se lo investigue.

Hace casi exactamente un año, el entonces titular de Desarrollo Rural y Tierras, Edwin Characayo, fue apresado mientras todavía ejercía como ministro, tras haber sido filmado y fotografiado por la policía recibiendo algo más de 20.000 dólares en una céntrica calle de La Paz. Se trataba de un soborno para que expidiera un título agrario a favor de una empresa privada. Meses después, Characayo fue sentenciado a ocho años de prisión.

Estos dos exministros, así como otros funcionarios que han tenido o tienen acusaciones, por ejemplo el presidente de la Agencia de Caminos, provienen de las organizaciones sociales y sindicales que constituyen la columna vertebral del partido en el Goberino, el Movimiento al Socialismo (MAS). El presidente de este partido, Evo Morales, ha sugerido que Arce permite los hechos de corrupción para asegurarse el apoyo de estas organizaciones en su disputa interna por el control del MAS. “Lo del Santos no es nada, quiero comentarles, ustedes se informarán oportunamente, si no dirán que Evo está acusando, está inflando... Lo que pasó ayer, anteayer, poco es todavía frente a otros negociados”, discursó Morales desde su baluarte en la región cocalera del Chapare. También lanzó una condena frontal al Gobierno: “Hermanos y hermanas, tanta campaña que hemos hecho, con muertos, con frutitas, para que gane el Lucho, y nos llegan a robar, robar, robar”. Poco después, la dirección del MAS declaró que este partido “ya no respalda” a Arce, algo que, en realidad, era patente desde hace meses atrás. Por su parte, en la posesión del reemplazante de Santos, el presidente boliviano señaló que “no hay tolerancia a la corrupción, no hay tolerancia al tráfico de influencias de ninguna naturaleza en nuestro Gobierno”.

Paralelamente, Bolivia está conociendo el alcance de los malos manejos y fraudes realizados por el banco Fassil, que en las últimas semanas ha sido intervenido y liquidado por el Estado. Sus activos y pasivos pasaron a control de otros nueve bancos. Aunque el asunto se maneja con reserva, se ha sabido que el hueco dejado por los créditos mal colocados y los depósitos desviados alcanza a los 600 millones de dólares. Las autoridades investigan si el grupo propietario de este banco, cuyos accionistas con oriundos de Santa Cruz, recibió sobornos disfrazados de “inversiones inmobiliarias” para autorizar enormes créditos a favor de importantes empresarios de esta región. Los principales ejecutivos de Fassil están presos mientras se instruye su proceso.

De acuerdo a encuestas que se realizaron antes de estos hechos, en la percepción de la gente, la corrupción es uno de los tres principales problemas del país. Este resultado no está apartado de la polarización política: según uno de estos sondeos, las personas que apoyaban al MAS creían que el gobierno más corrupto había sido el de Jeanine Añez; en cambio, los opositores atribuían esta “medalla” a las gestiones de Evo Morales (y no al Gobierno de Arce). Al mismo tiempo, la mayoría estaba de acuerdo con que el presidente debía despedir a los funcionarios acusados de malos manejos.

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