Detenidos en Bolivia los ejecutivos de un banco con problemas de liquidez

Los principales ejecutivos del banco Fassil han sido detenidos este martes en Santa Cruz de la Sierra, en el este de Bolivia, por orden de la fiscalía, que los investiga por “delitos financieros”. Desde hace semanas que este banco, que era el tercero más grande el país, no tiene capacidad para cubrir los retiros de sus clientes. El 17 de abril dejaron de operar sus tarjetas de débito y crédito y, desde entonces, solo entrega un máximo de 1.000 bolivianos (140 dólares) por retiro. Las colas ante sus oficinas son largas y están llenas de personas desesperadas. La autoridad de bancos interviene este miércoles para resolver qué se hará con él.

La Autoridad de Supervisión Financiera (ASFI) ha señalado que solo se trata de un problema de liquidez, ya que el banco posee activos inmobiliarios abundantes. Pero no lo ha ayudado a superar este bache. Ahora, además, decidió acusar penalmente a sus ejecutivos por no cumplir con la exigencia legal de asegurar la disponibilidad permanente de los ahorros del público. La ASFI ha prometido varias veces que ningún depositante perderá su dinero porque, por ley, todos los depósitos bancarios están asegurados.

Poco antes de las detenciones de Ricardo Mertens Olmos, presidente ejecutivo; Jorge Arturo Chávez Vargas, gerente general, y otros ejecutivos del banco Fassil, la noticia que ocupaba los primeros lugares de las páginas de los periódicos era que este banco había puesto en oferta pública los inmuebles que posee. Para venderlos más rápido, los ofrece en moneda nacional, rompiendo la costumbre del país de transar estos bienes en dólares. Su decisión se debe a la escasez de la divisa estadounidense que sufre Bolivia, a causa del decaimiento de su industria del gas y a las restricciones financieras mundiales por las altas tasas de interés en los países desarrollados. La oferta de propiedades también es una respuesta a una sugerencia del Gobierno, que pidió públicamente que Fassil resolviera su crisis vendiendo activos.

Poco antes de que esto sucediera, el presidente, Luis Arce, se reunió con la Asociación de Bancos Privados, que agrupa a los propietarios de las entidades financieras. Lo único que trascendió de esta reunión fue la declaración de que el “sistema bancario boliviano es sólido”. Los bancos bolivianos han crecido constantemente durante lo que va de este siglo. Las últimas crisis bancarias en el país se remontan a los años 90 del siglo XX.

Uno de los protagonistas de estas crisis fue el Banco de Santa Cruz, que era propiedad de un grupo de destacados empresarios de la región agroindustrial de Bolivia. Las autoridades de supervisión bancaria lograron que fuera adquirido por el Banco Mercantil, dando nacimiento al Banco Mercantil Santa Cruz, hoy el más grande del país. Tras este salvamento, algunos de los antiguos propietarios de Banco de Santa Cruz formaron el Santa Cruz Financial Group y entraron en 2006 en el Fondo Financiero Fassil, que ya tenía 0 años de existencia dando créditos de consumo y que había sobrevivido gracias a una capitalización de la Corporación Andina de Fomento (hoy CAF-banco de desarrollo de América Latina). Después de comprar la participación de CAF y otras en la segunda década de este siglo, el Santa Cruz Financial Group se convirtió en dueño del 97% de Fassil, que entretanto ya no era un fondo financiero (una institución más pequeña y con más limitaciones) sino un “banco múltiple”. A fines del año pasado tenía colocados créditos por 3.000 millones de dólares y había recibido depósitos de 2.600 millones. El mismo grupo también posee el fondo de inversiones Santa Cruz Investments, la agencia de bolsa Santa Cruz Securities y la empresa Santa Cruz Sociedad de Tecnologías de la Información y Comunicación.

La caída de Fassil comenzó el 14 de marzo, cuando reportó que estaba sufriendo una “gran escalada irregular de especulaciones y rumores sobre una supuesta quiebra” y la “sobrerreacción de ahorristas que procuran retirar sus depósitos en nuestros puntos de atención, con el consecuente desabastecimiento de efectivo y saturación de nuestros sistemas físicos y digitales”.

Un poco más de un mes y medio antes, el 2 de febrero, había informado a la Bolsa Boliviana de Valores que la ASFI le había pedido un “plan de regularización” para subsanar malas prácticas en la gestión del banco. Fassil tramitó entonces ante la justicia un amparo constitucional en contra de esta decisión, el cual le fue denegado. En el proceso, se supo que el banco supuestamente había concedido líneas de crédito a personas sin la suficiente solvencia.

Al principio, la denuncia del banco de que había sufrido un ataque especulativo se leyó en clave política y se insertó en la lógica polarizada que existe en el país desde hace años. Santa Cruz se inundó de mensajes de adhesión a la entidad financiera, considerada la última víctima de la supuesta asfixia que la región viviría bajo el Gobierno de Arce. Pero luego, la realidad de la iliquidez se impuso sobre estas consideraciones y varios políticos y analistas opositores pidieron que la ASFI interviniera en este caso. Estaban pensando en la concesión de un crédito de liquidez, no en el arresto de los ejecutivos.

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