Bolivia culmina el proceso de estatización de las pensiones tras 26 años en manos privadas

El Gobierno boliviano culminará en tres semanas el largo proceso de defunción del sistema privado de pensiones. El próximo 2 de mayo, los casi 24.000 millones de dólares de los ahorros bolivianos para su jubilación dejarán de ser responsabilidad de dos empresas privadas de propiedad extranjera y comenzarán a ser administrados por la Gestora Pública, una institución que al Gobierno boliviano le ha costado alrededor de 13 años poner en pie. Con ello, se quitará el último ladrillo de la estructura económica que se creó hace 26 años, durante el periodo neoliberal de fines del siglo pasado.

Con el fin de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) privadas, el Gobierno promete rendimientos más altos, menos comisiones y, por tanto, pensiones mayores. El cambio inminente ha despertado temores y protestas de varios sectores sociales y es considerado como una “apropiación del dinero de la gente” por parte de la oposición política del país.

Según declaró a la prensa Jaime Durán, gerente de la Gestora, esta subirá los rendimientos de las inversiones de los fondos de pensiones de 3%, que es el promedio logrado por las AFP en dos décadas y media, a más de 4%. Para eso, dejará de cobrar las comisiones que las AFP descontaban de las inversiones. También disminuirá la comisión directa que estas entidades privadas imponían a cada jubilado, de 1,81% a 0,5%. “Lo haremos mejor y a un menor costo”, prometió.

El camino para renacionalizar las pensiones ha sido largo. Ya en 2010, el Gobierno de Evo Morales argumentaba que las AFP nunca habían competido entre ellas, que el resultado de su trabajo había sido mediocre y que, a cambio, estas compañías se llevaban grandes utilidades que alcanzaron los 225 millones de dólares en 2023. La animosidad contra las AFP, que al comienzo era alta, fue disminuyendo en el largo tiempo que se necesitó para concretar la rescisión de sus contratos. Hoy, el sentimiento predominante en los sectores sociales, sobre todo en los que son generalmente opositores, como los maestros, universitarios, policías, militares, pero también en algunos grupos obreros, parece ser el temor al cambio y a que el Gobierno use mal los recursos, como ocurría en la época anterior a la privatización.

Aprovechando esta susceptibilidad, la oposición política, que en Bolivia tiene una orientación predominantemente liberal, habla abiertamente de que el Gobierno “se apropiará” de unos fondos que son privados y que los usará para pagar su déficit. “La Gestora Pública está dirigida por cinco ejecutivos que fueron nombrados por el oficialismo, por lo que no hay una garantía que los trabajadores reciban una jubilación digna”, denunció el rector de la Universidad de Santa Cruz, Vicente Cuéllar.

El gerente Durán ha asegurado que los fondos de pensiones serán independientes de cualquier decisión gubernamental y que prestarán dinero al Estado en las mismas condiciones que lo han hecho con las AFP, es decir, a través de la compra de bonos públicos garantizados en la bolsa de valores. Actualmente, solo un 20% del dinero de jubilación está prestado al Gobierno.

La decisión de estatizar el sistema de pensiones se tomó en la Asamblea Constituyente que funcionó entre 2006 y 2008. Así, la Constitución boliviana manda que “los servicios de seguridad social pública no podrán ser privatizados ni concesionados”. En 2010 se aprobó una ley para sustituir las AFP por la Gestora Pública, pero esta institución no estuvo en condiciones de operar hasta el año pasado, cuando comenzó a trabajar con pequeñas cifras de aportes.

Durante estos 13 años, los fracasos por dotar a la Gestora de las herramientas técnicas que necesitaba para albergar los 2,5 millones de cuentas que manejaban las AFP, generaron críticas, que se repiten hasta ahora, contra el entonces ministro de Economía y actual presidente del país, Luis Arce.

Las cuentas individuales, que fueron la gran innovación de las reformas de pensiones de los años noventa en Latinoamérica, se mantendrán en el nuevo sistema, aunque complementadas con un “fondo solidario” que asegura una pensión mínima a quienes tienen menos aportes propios. Este fondo funciona ya desde hace más de una década. Solo el 60% de los bolivianos que trabaja ha aportado alguna vez para su jubilación, un déficit causado por la elevada informalidad de la economía.

Una de las AFP que han operado en Bolivia desde 1997, llamada Futuro, pertenece a Zurich South America Invest. La otra, Previsión, es propiedad del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. Este último, aprovechando un acuerdo sobre inversiones entre Bolivia y España, demandó al Estado boliviano por los daños y perjuicios que supuestamente le ocasionó el proceso. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial falló a su favor en 2022 y ordenó al Gobierno boliviano pagarle 94,8 millones de dólares, bajo el argumento de que el proceso que atravesó el banco para salir del mercado boliviano desde que se comunicó la rescisión del contrato en 2010 fue largo, lento y tuvo requerimientos extraordinarios. El fallo se encuentra en la fase de apelación.

El mes de mayo será crucial para la Gestora Pública, que ahora debe demostrar que el sistema de pensiones, hasta ahora razonablemente eficiente, continuará siéndolo, a fin de desmontar las protestas que preparan sus críticos.

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