Bruselas creará una lista negra de corruptos extranjeros sancionados

La UE quiere castigar a los corruptos allá donde estén. Bruselas creará un nuevo régimen de sanciones específico sobre la corrupción ideado para combatirla también fuera de sus fronteras. La nueva regulación, presentada este miércoles, consiste en una lista negra de personas físicas o jurídicas de terceros países —sin necesidad de aprobar un régimen de sanciones contra el Estado de origen— que hayan estado involucrados en formas de corrupción activa o pasiva fuera de la UE, pero que afecten o puedan perjudicar a la política común y de seguridad de la Unión.

La nueva herramienta, impulsada por el alto representante para Política Exterior y Defensa, Josep Borrell, permitirá por primera vez prohibir la entrada en la UE y congelar sus bienes a personas físicas o jurídicas que ofrezcan un soborno o sobornen a funcionarios; a los que acepten esa corrupción, a los cómplices de los delitos y a cualquiera que ayude a blanquear el dinero.

La nueva regulación ha suscitado el debate sobre posibles dificultades técnicas, legales y políticas porque no hay una definición internacional sobre qué es corrupción y porque se pretende sancionar situaciones ocurridas en países fuera de la UE, apuntan fuentes comunitarias. El riesgo está en que la inclusión en la lista negra se vea como una interferencia en asuntos de otro Estado o se perciba que la Unión tiene un doble rasero al poner en la diana casos en un país y no en otro. El esquema que se ha acordado para resolverlo es que los actos perseguidos deben tener algún tipo de relación con la política de la UE.

La medida, dice Borrell, es una “prueba” de la determinación de la UE para prevenir y combatir la corrupción tanto dentro como fuera de la UE. “Estamos enviando un mensaje claro: la UE no está abierta a los negocios para aquellos que se involucran en la corrupción, donde sea que ocurra”, señala el alto representante para Política Exterior, que cree que la lista negra de corruptos contribuye a la creación de una cultura de integridad.

Esta normativa parte de un paquete más amplio para luchar contra la corrupción en todos los ámbitos de la UE (a nivel nacional y de las instituciones). La otra pata de ese paquete es una directiva para combatir estos delitos, presentada a grandes rasgos este miércoles en Bruselas con un gran despliegue y la presencia de cuatro comisarios. Exigirá a los Estados miembros que establezcan organismos especializados en la lucha contra la corrupción ―España ya los tiene, pero no es el caso de todos los socios―; armonizará las definiciones de delitos relacionados con la corrupción en los Veintisiete —como el soborno, el fraude, la malversación o la apropiación indebida—; establecerá ciertos baremos en las penas y en los tiempos de prescripción, y medidas para la protección de los denunciantes.

Por ejemplo, hay dos Estados miembros que no tienen el delito específico de tráfico de influencias y 17 no disponen en sus ordenamientos jurídicos de un tipo concreto para penalizar el “enriquecimiento ilícito”.

Tras este paquete de medidas, en el que se destaca como una circunstancia agravante el que los delitos de corrupción se realicen en beneficio de un país tercero, llegará la creación de un cuerpo ético para prevenir la corrupción en las instituciones de la UE, que recibió impulso con el escándalo del Qatargate de sobornos del emirato y Marruecos a europarlamentarios y que aún se está ultimando.

‘Ley Magnitsky’ europea

Mientras, el nuevo índice de corruptos pretende ser otra pata de la lista de sancionados por violaciones de derechos humanos propuesta a finales de 2020 (aunque hasta finales de abril de 2021 no se empezó a nutrir). El nuevo régimen regulador tiene ciertas similitudes con la conocida Ley Magnitsky, creada por EE UU en 2012 para imponer sanciones a título individual en casos de violación de derechos humanos y corrupción, ha apuntado la comisaria y vicepresidenta de Valores y Transparencia, Vera Jourova.

Esa fórmula puntual de Washington —que nació en respuesta a la muerte en una prisión rusa de Serguéi Magnitsky, un contable ruso que descubrió un escándalo de corrupción— se fue transformando con los años en una Ley Magnitsky global para castigar cualquier caso de violación grave de derechos humanos o de corrupción a gran escala. Supuso un impulso para la lista negra europea, también conocida a veces como Ley Navalni, por el opositor ruso envenenado y hoy encarcelado en una prisión rusa.

La idea de crear una lista negra de corruptos sancionados todavía debe recibir la luz verde del Consejo de la UE. Será el Servicio de Acción Exterior —o los Estados miembros— quienes propongan incluir los nombres en la lista y, como en el resto de medidas restrictivas, tendrá que recibir la aprobación de los Veintisiete.

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