Meloni agita la agenda migratoria
La primera ministra italiana busca acuerdos con países africanos para frenar las llegadas irregulares tras declarar el estado de emergencia
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, sigue siendo un enigma político. Más allá de un pasado posfascista del que no reniega, de sus declaraciones y de muchos de los personajes que la rodean, ha destapado todavía pocas cartas en la partida política real que juega en Italia y en Europa. A una semana de que su Ejecutivo cumpla medio año de mandato, la mayoría de sus movimientos muestran pocos rasgos identitarios. De hecho, en cuestiones fundamentales como política exterior y economía, ha seguido exactamente la misma ruta que habría trazado su predecesor en el cargo, Mario Draghi. Sin embargo, en las últimas semanas ha exhibido también un par de aspectos de política social —como la prohibición a a las parejas homoparentales de inscribir a sus hijos en los registros municipales— y migratoria —como la declaración del estado de emergencia y la intención de eliminar la protección humanitaria— que marcan por primera vez algo de relieve ideológico. El viernes, además, viajó a Etiopía como primera parada de lo que ha dado en llamar el Plan Mattei (por Enrico Mattei, legendario presidente de la petrolera Eni): un acercamiento a los países africanos para llegar a acuerdos que frenen la inmigración irregular. ¿Es el comienzo de un cambio o un guiño a un electorado desconcertado?
Meloni quiere agotar esta legislatura, algo que no ha logrado ningún primer ministro desde Silvio Berlusconi en el mandato que comenzó en 2001. Y busca aglutinar a todo el espectro de la derecha bajo su liderazgo hegemónico. Seis meses después de comenzar a gobernar, en el ecuador de la esperanza de vida media de cualquier Ejecutivo italiano (poco más de un año), es difícil recordar un Gobierno tan estable. Más allá de problemas ocasionales, el Gabinete liderado por Meloni, que integra a Hermanos de Italia, Forza Italia y la Liga, no tiene oposición ni complicaciones externas. Esta semana, de hecho, se ha desintegrado la alianza que mantenían los dos teóricos partidos de centro (Italia Viva y Azione) liderados por Matteo Renzi y Carlo Calenda respectivamente. Un suceso que tranquiliza todavía más a la primera ministra, segura ya de que sus votantes de centroderecha no tendrán otra opción donde elegir: ni en las urnas ni en las encuestas, donde mantiene su solidez.
“No hay una alternativa a ella”
Los últimos sondeos, todavía no publicados, marcan una leve caída en los apoyos de la coalición y de la popularidad de la primera ministra. Pero en el Gobierno no se percibe todavía como relevante. Porque, como indica Nando Pagnoncelli, presidente de la empresa demoscópica Ipsos, que elabora las encuestas para Il Corriere della Sera, Meloni no tiene ahora mismo oposición. “No hay una alternativa a ella. Pero, sobre todo, hay una polarización enorme. El 44% expresa un juicio positivo y el 42%, negativo (el 14% no se expresa). Las dificultades son sobre todo internas. El caso de los nombramientos ha determinado mucha tensión dentro de la coalición”, apunta.
El tema de la inmigración, piedra angular de la derecha populista que conforma el Ejecutivo, parecía que había dejado de ser una prioridad para los italianos. De hecho, solo el 20% lo sitúa entre los tres principales problemas de Italia: en 2018 era el 48%. Aun así, Meloni ha acelerado en esta cuestión esta semana. En su viaje a Etiopía declaró: ”Invirtamos en África para evitar otro éxodo hacia Europa”. Días antes, declaró el estado de emergencia y puso en marcha un proceso para reducir la protección humanitaria de los migrantes. Esto último era una petición explícita de Salvini, socio de Gobierno y mucho más agresivo en esta cuestión. Pero el decreto que se aprobará choca frontalmente con la presidencia de la República, que había pedido retirar ese aspecto.
La reducción de la protección especial, incluida dentro del llamado decreto Cutro —bautizado así por el pueblo calabrés donde se produjo la tragedia donde murieron más de 90 migrantes el pasado febrero— consistirá en hacer más complicada su obtención y en impedir que pueda derivar con el tiempo en un permiso de residencia. La mayoría del Gobierno considera ahora que la protección especial es un factor de atracción para los migrantes. Pero, como ya sucedió durante la época que Salvini era ministro del Interior, la eliminación de la protección especial suele aumentar el número de personas en situación irregular en Italia y las expone a la explotación, al trabajo en economía sumergida y a la delincuencia, como recordaba esta semana Médicos Sin Fronteras. De hecho, la Liga vende públicamente esta medida como un regreso a los decretos de seguridad que aprobó el entonces titular de Interior.
El problema en las últimas semanas es que la falta de propuestas en áreas propias de la derecha puede erosionar la fidelidad del electorado más radical, opina el politólogo Giovanni Orsina. De ahí, entre otras cosas, la gesticulación de esta semana respecto a la cuestión migratoria, fuera del foco desde que a principios de año aprobó una ley para dificultar el trabajo de las ONG que trabajan el Mediterráneo rescatando migrantes. “El tema de los migrantes, precisamente, es un riesgo para ella”, advierte Orsina. “Si siguen llegando con estos números y no logra pararles y dar una señal de que se está gestionando la crisis, sus electores pueden irritarse. El país pedirá soluciones, y es difícil darlas a corto plazo si uno no quiere entrar en conflicto con Europa”. Y ese, junto con el cumplimiento de las condiciones impuestas por Bruselas para recibir los fondos del plan de recuperación asignados, es otro de los temas que obsesionan a la primera ministra.
La gran preocupación del Gobierno: los fondos europeos
La otra gran preocupación ahora del Ejecutivo, quizá la mayor, es la falta de capacidad para gestionar los fondos que Italia tiene asignados del plan de recuperación pospandemia: más de 200.000 millones de euros entre capital a fondo perdido y préstamos. Bruselas ha congelado el tercer pago esperando que se cumplan algunas de las condiciones pactadas. Pero el problema, creen en el Gobierno, es estructural y mucho más grave. Y eso centra ahora mismo la mayoría de esfuerzos de varios de los ministerios implicados.
Meloni tiene la vista puesta en mayo de 2024, cuando se celebrarán las elecciones europeas. La primera ministra es también la presidenta del grupo de los conservadores europeos (ECR) y el proyecto que ya nadie oculta es que la agrupación pueda obtener un resultado suficiente como para convencer al Partido Popular Europeo (PPE) tras las elecciones de formar una coalición conjunta. “Es evidente que quiere jugar el partido de las elecciones de 2024 esperando un notable crecimiento de los conservadores. Y eso pasa también por las elecciones españolas y polacas. Ella espera cambiar los equilibrios en diálogo con una parte del PPE. Pero hay que ver cómo hacerlo. Su plan ideal es hacer que los conservadores (ECR) sustituyan a los socialistas [para formar una mayoría en el Parlamento Europeo]. Una alianza entre liberales, conservadores y populares. Es una operación difícil”, señala Orsina.
La líder de Hermanos de Italia no ha querido en estos meses mostrar cercanía con los exponentes del Grupo de Visegrado (Polonia, Hungría, la República Checa y Eslovaquia). Ha evitado encuentros (fuera del ámbito de Bruselas) con el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, y cuando viajó a Varsovia se trató de una parada previa y necesaria en su visita a Kiev. Ha priorizado viajes a Berlín y prepara una visita a París después de la que tiene ya prevista el próximo día 27 a Londres, firme defensor del apoyo sin fisuras a EE UU y la OTAN. “El dialogo con el PPE pasa por presentar una carta de la derecha más conservadora presentable. Por eso se mueve con mucha cautela para acreditarse así”, apunta Orsina. Y eso pasa por mantener el máximo tiempo posible la mayoría de sus cartas tapadas.
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