Italia decreta el estado de emergencia migratorio durante seis meses

El Gobierno italiano ha declarado en el Consejo de Ministros celebrado el martes por la tarde el estado de emergencia en el país para afrontar la cuestión migratoria. Las consecuencias de la medida, con un solo precedente en esta materia, aún no están claras porque el Ejecutivo no ha explicado su alcance ni ha detallado sus planes. El anuncio tiene un claro componente de advertencia a Bruselas y al resto de socios comunitarios ante una cuestión que Italia considera que no está siendo afrontada de manera conjunta. Es también evidente que la decisión abre una brecha legal para derogar normas del ordenamiento vigente y tomar decisiones que hasta ahora, por distintos motivos, el Gobierno ultraderechista que preside la líder de Hermanos de Italia, Giorgia Meloni, no había puesto sobre la mesa. Especialmente en relación con la expulsión de migrantes que se encuentren en situación irregular.

El estado de emergencia se ha declarado en Italia 128 veces en los últimos 20 años. Normalmente, se utiliza para catástrofes naturales como terremotos o inundaciones. Solo en 2011, el entonces primer ministro, Silvio Berlusconi, optó por este recurso para una cuestión de este tipo, pero subrayando su carácter “humanitario” y con la idea de fondo de redistribuir a los migrantes por todo el país para aliviar la presión que sufrían algunas regiones a causa del aumento de las llegadas por mar. La última vez que se empleó esta figura legal, que permite tomar decisiones de carácter excepcional sin consultar al Parlamento, fue durante la pandemia. La medida ya fue entonces muy discutida cuando avanzaban los meses y el Ejecutivo seguía imponiendo restricciones que en algunos casos fueron contestadas por parte de la ciudadanía. Ahora parece más complicado de justificar que el Ejecutivo de Meloni —ella misma estuvo entre quienes contestaron y atacaron la prolongación del estado de emergencia entonces— recurra a una figura de este tipo para afrontar un problema para el que teóricamente tiene las herramientas necesarias.

El problema es que el Gobierno llegó al Palacio Chigi prometiendo afrontar con convicción y dureza el fenómeno migratorio. Los reproches a los anteriores Ejecutivos sobre cómo habían tratado la cuestión fueron uno de los principales caballos de batalla de la campaña del pasado septiembre. Pero desde entonces, y pese a las promesas electorales, los flujos migratorios se han triplicado. La foto para el electorado de Meloni no es buena: en los últimos tres días han desembarcado en las costas italianas más de 3.000 personas, según los medios italianos; las negociaciones con la Unión Europea, además, tampoco han dado el resultado esperado. Y la desastrosa gestión de catástrofes como el naufragio en las costas de Calabria el pasado febrero (con 91 víctimas) no han transmitido una sensación de fiabilidad del Ejecutivo.

El Gobierno declara ahora el estado de emergencia sobre todo el territorio nacional, a propuesta del ministro para la Protección Civil y las Políticas del Mar, Nello Musumeci. En teoría, señala el promotor de la medida, se busca hacer frente al aumento de llegadas por mar a través de la ruta del Mediterráneo. El estado de emergencia contará con una primera partida de cinco millones de euros y durará seis meses. Un tiempo en el que el Gobierno cree que podrá dominar una situación que, en términos numéricos, ha dejado de controlar hace bastante tiempo. Las llegadas a Italia, de hecho, ascendieron a 28.285 desde el inicio de 2023, casi cuatro veces más que las 6.938 en el mismo periodo de 2022. La mayor parte se ha producido en el mes de marzo (13.216), y a los 3.002 migrantes llegados en los últimos tres días, cabe sumar el récord de 1.389 el pasado viernes. Todos estos datos permiten pensar, opina el Gobierno de Meloni, en una tendencia disparada para las próximas semanas a la que no se puede hacer frente sin medidas extraordinarias.

El estado de emergencia, según el ordenamiento legal italiano, puede declararse solo para afrontar con medios y poderes extraordinarios una calamidad: de las crisis humanas a los desastres naturales. Un acto administrativo, en suma, regulado por el artículo 24 del código de la Protección Civil que debe deliberarse en el Consejo de Ministros bajo propuesta del primer ministro, tal y como ha sucedido ahora. Con su declaración, puede nombrarse también a un comisario que deberá cumplir con los objetivos de la medida: superar la emergencia, reducción de los riesgos generados por los residuos derivados de la catástrofe, restablecimiento de los servicios esenciales y asistencia a la población que haya sufrido las consecuencias de la emergencia en cuestión. Elementos, todos ellos, algo alejados del momento actual.

El responsable de inmigración de la asociación de promoción social Arci, Filippo Miraglia, lo ha resumido de esta manera: “El Gobierno ha declarado el estado de emergencia a causa del número de llegadas a nuestras costas y fronteras terrestres. Pero ni los números ni las condiciones objetivas sugieren que haya una emergencia, ya que se declara por la llegada de 30.000 migrantes, cuando en 2015 acogimos a 200.000 y nadie pensó en declararlo”.

El estado de emergencia, ha subrayado el Ejecutivo, permitirá en este caso realizar procesos y acciones más ágiles y ofrecer a los migrantes soluciones de acogida en tiempos breves con los estándares exigidos. Además, filtra el Ejecutivo, se implicará a Protección Civil y a la Cruz Roja italiana. Meloni solo dio una breve explicación: “Lo hemos decidido para dar respuestas más eficaces y rápidas a la gestión de los flujos”. Por el lado restrictivo, también se podrán reforzar las estructuras y los sistemas para expulsar a migrantes que no tengan derecho a asilo, potenciando la identificación y el retorno rápido.

La mayor parte de los migrantes que piden asilo en Italia proceden de Costa de Marfil, Guinea, Pakistán y Túnez. Y casi siempre procedentes de los mismos puertos de salida. “El problema de Italia es que los países que alimentan el tráfico hacia sus costas son algo parecido a estados fallidos. Libia y Túnez no tienen gobierno con los que negociar y los italianos se preparan para futuras oleadas”, aseguran fuentes diplomáticas europeas. “No es la primera vez que gobiernos bajo presión recurren a estas medidas. Sucedió con Grecia, en relación con el ataque híbrido de Turquía, y con Lituania y Polonia” en relación con las tensiones previas a la invasión de Rusia en Ucrania, insisten las mismas fuentes.

La medida, explicó Musumeci, “permite derogar algunas normas del ordenamiento vigente” y “será nacional” porque hay que “ayudar a las regiones donde existe el riesgo de que el sistema colapse si continúa este ritmo de llegadas”. La iniciativa es una clara llamada de atención a Bruselas para que llegue a acuerdos con los países miembros para tomar decisiones conjuntas en esta materia. De hecho, Musumeci insistió en que lo importante es que “Europa se dé cuenta de que no hay mucho tiempo”. Las cifras, en eso, le dan la razón. Desde 2013 han muerto unos 26.000 migrantes (según la Organización Internacional para las Migraciones) en el Mediterráneo.

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