¿Vive de verdad Italia una emergencia migratoria? El aumento de llegadas y la falta de recursos tensan la situación

Italia ha sido la principal puerta de los migrantes que alcanzaron Europa de forma irregular en el último trimestre. Más de la mitad de las entradas a las fronteras comunitarias (27.651 en los tres primeros meses de 2023), según Frontex, la agencia europea de fronteras, se han producido por mar a través de la ruta del Mediterráneo central. El fenómeno, aunque antes se daba en menor medida, no es nuevo. Ha constituido desde hace una década el principal caballo de batalla electoral en Italia, especialmente de la derecha. Por eso, y ante el aumento en los últimos tres meses (las cifras se han cuadruplicado respecto al año anterior), el Gobierno italiano que preside la ultraderechista Giorgia Meloni decretó el martes por la tarde el estado de emergencia para afrontar la situación. Una medida inusual ―solo se había aplicado con estos fines en 2011, durante el último mandato de Silvio Berlusconi― que responde a distintas cuestiones: el gran aumento de desembarcos, la falta de capacidad de un sistema de acogida desmantelado y un claro aviso a la Unión Europea sobre la necesidad de abordar conjuntamente este desafío.

El alcance de la declaración no está claro todavía. Se sabe que está motivada por el colapso de centros de acogida como el de Lampedusa, que se nombrará a un comisario y que se dotará al decreto de una partida inicial de cinco millones de euros que podría llegar hasta los 300. Pero vista la situación, nadie se atreve todavía a establecer una crítica concreta a la medida. Sí se puede, en cambio, mostrar una fotografía del momento. Si se toma como referencia lo que va de año hasta el 11 de abril, las llegadas por mar (31.292) se han casi cuadruplicado respecto a 2022 (7.928) y 2021 (8.505). Pero, además, el mes de marzo ha arrojado un insólito pico (13.216) que hace temer una cifra récord a final de año que podría superar el tope de los 181.000 de 2016. Unos datos que van ligados también a la mortalidad de esta ruta mediterránea, que ha alcanzado otro récord histórico en el último trimestre con 441 personas fallecidas en el mar. ¿Justifica eso el estado de excepción?

Matteo Villa, investigador principal del ISPI (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale) y codirector de su laboratorio de datos, cree que la situación presenta “algunos elementos de excepcionalidad”. “No juzgo si tiene o no sentido activar la declaración de estado de emergencia. Es una decisión política. Pero algo irrefutable es que el nivel de desembarcos de los tres primeros meses del año es el más alto de la historia. Incluso en 2017, que fue un récord absoluto en ese mismo espacio de tiempo. Si la tendencia continúa como en estos tres meses, se puede llegar hasta 180.000 desembarcos, pero nuestro modelo apunta a unos 130.000″, afirma.

Hay otro asunto crucial. Ahora mismo hay ocupadas unas 120.000 plazas del sistema de acogida (funciona con un modelo en acordeón: se activan en función de la necesidad). Y si se alcanzan más de 150.000 personas, sería difícil organizar más, según todos los expertos. El principal problema, pues, es ahora la gestión de las llegadas a través de la estructura nacional de acogida. Un sistema que llegó a una capacidad máxima de 190.674 personas en octubre de 2017, pero que fue desmantelado durante la época en que Matteo Salvini fue ministro del Interior (de 2018 a 2019). El tipo de centro cambió y los concursos redujeron las cuantías de sus partidas. De modo que muchas de estas licitaciones quedan desiertas. ¿Resolvería eso el estado de emergencia? En parte, se supone que se agilizarán esos procesos de adjudicación y se destinarán mayores partidas económicas que coordinará un comisario. Pero la medida despierta sospechas.

Salvini redujo en 2018 la protección humanitaria y pasó a llamarla protección especial. La consecuencia es que del 40% de migrantes que la recibían, se pasó a cerca del 20%. Luego el porcentaje de protección volvió a aumentar algo con su sucesora, Luciana Lamorgese. “Pero si nos hubiéramos quedado en el índice [tan bajo] de Salvini, hoy habría como mínimo 32.000 extranjeros irregulares más [se calcula que en Italia hay en total unos 500.000]. Es un error responder a la emergencia con medidas que aumenten la irregularidad. Solo crece el problema, porque condenas a mucha gente a trabajar en negro o a la delincuencia”, señala Villa.

Las ONG que trabajan en Italia, fuertemente perseguidas por el Gobierno de Giorgia Meloni en su labor de rescate marítimo, coinciden en que la situación puede ser crítica a medio plazo. Marco Bertotto, director de programas de Médicos Sin Fronteras en Italia, lo atribuye también al “debilitamiento del sistema de acogida”. “Desde 2018 se dejó de invertir y se continuó con la lógica de emergencia, que no ayuda cuando te encuentras con números como estos. Es obvio que el país va hacia una crisis. Y si estamos ya así en abril, con la situación de Túnez, la nueva ruta de Turquía que llega hasta Calabria, la situación de Libia y la gestión entorpecida de la actividad del rescate en el mar, es obvio que nos encaminamos a una tormenta perfecta”.

Nadie quiere llamarlo emergencia. Pero las definiciones son parecidas. “Es una situación difícil que no debería ser gestionada con la declaración de emergencia. Pero es preocupante porque los números son muy altos y tenemos un sistema que no está preparado para gestionarlos”, insiste Bertotto. Y ese es el principal temor ahora del Gobierno italiano, que incluso ha acusado recientemente al grupo de mercenarios rusos Wagner de alimentar las salidas de Libia como parte de una estrategia de guerra híbrida contra las posiciones proucranias de Roma.

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