La violencia se cuela en el debate por las pensiones en Francia

Francia tiene una relación peculiar con la violencia política. Este es un país que se fundó con una revolución extremadamente violenta y con la decapitación de un rey. En su himno nacional se habla de los “estandartes ensangrentados” y se anima a los ciudadanos a que “tomen las armas” y “formen batallones” para que “una sangre impura” inunde los campos. Hay una mitificación de la barricada y, al mismo tiempo, una tradición de uso robusto de la fuerza por parte de la autoridad.

En la crisis por la reforma de las pensiones, la violencia ha hecho acto de presencia. Después de meses de manifestaciones pacíficas, desde hace 15 días se han multiplicado los disturbios en protestas espontáneas o al final de las marchas sindicales. El Gobierno ha denunciado que hay individuos y grupos que buscan directamente “destruir al poli” en las protestas. Se han producido choques con los gendarmes en una marcha ecologista en una zona rural con un balance de dos manifestantes en coma. Las denuncias por excesos policiales se multiplican. Hay diputados que han recibido amenazas o actos vandálicos en sus oficinas o domicilios. El debate sobre la violencia ―la de los manifestantes y la de la policía― ha sustituido al debate sobre los detalles técnicos del aumento de la edad de jubilación de los 62 a los 64 años.

El uso de la violencia para fines políticos goza de una comprensión considerable entre la población en Francia. El instituto demoscópico Ifop planteó hace unos días, en el contexto de las protestas contra la reforma de las pensiones, la siguiente afirmación en un sondeo: “A veces es necesario recurrir a acciones violentas para hacer avanzar la causa de uno o sus ideas”. Un 35% de franceses están de acuerdo, según el sondeo. Entre los simpatizantes de La Francia Insumisa (LFI), el partido hermano en Francia del español Podemos y hegemónico en la izquierda de este país, la cifra aumenta hasta el 60%.

“El poder, estos últimos años, ha dado varias veces la sensación a la gente de que ser violento era más eficaz que votar o manifestarse pacíficamente”, señala la politóloga Chloé Morin, autora del ensayo On aura tout essayé... (Lo habremos probado todo...). Y cita tres ejemplos. El primero es la revuelta de chalecos amarillos, los franceses de las pequeñas ciudades que se levantaron en 2018 tras un aumento del precio del carburante. Al principio fueron ignorados. Pero, cuando empezaron a manifestarse violentamente, quemaron decenas de vehículos en el centro de París, vandalizaron el Arco del triunfo y amenazaron con asaltar edificios institucionales, el presidente Emmanuel Macron retiró la tasa y desembolsó más de 10.000 millones de euros para mejorar el poder adquisitivo.

Segundo ejemplo, menos conocido internacionalmente pero significativo: el abandono del proyecto de aeropuerto de Notre-Dame-des-Landes, cerca de Nantes, considerado clave para el desarrollo del oeste de Francia, aprobado por una consulta popular y apoyado por los poderes regionales tras años de deliberaciones. Y, sin embargo, la ocupación durante años de los terrenos y los episodios de violencia y choques con la policía acabaron disuadiendo a Macron, que a principios de 2018 dio marcha atrás.

El tercer ejemplo que menciona Morin es Córcega. La politóloga recuerda que, durante años, París se había negado a hablar de autonomía, pese a que los corsos votaban mayoritariamente por los autonomistas en las elecciones. Pero hace un año bastaron, para que Macron cambiase de opinión, unos días de disturbios en la isla, tras la agresión en prisión y posterior muerte del nacionalista Yvan Colonna, condenado a cadena perpetua por el asesinato, en 1998, del prefecto Claude Érignac. Entonces el presidente ofreció hablar de autonomía. “Todo esto son señales”, reflexiona Morin. “Esto invita a pasar a la violencia”.

Dos semanas de altercados

Ahora, con la reforma de las pensiones, se plantea un problema parecido. Dos meses de manifestaciones masivas y ampliamente pacíficas no disuadieron a Macron para que retirase la ley. Dos semanas de altercados han abierto el debate sobre si solo retirando la ley Francia volverá a la calma. “El recurso a la violencia nunca es una palanca de negociación”, zanja en su despacho de la Asamblea Nacional Aurore Bergé, presidenta del grupo macronista Renaissance (Renacimiento), el primero en el hemiciclo. “Nunca puede servir para obtener satisfacción en una democracia.”

Bergé ha experimentado en carne propia el acoso. Hace unos días, recibió una carta manuscrita amenazando a su bebé de cuatro meses. “Es tan pequeño su retoño, no podrá escapar. Fuego, bate de béisbol, barra de hierro: todo vale”, se lee en el mensaje. “Así que vigile. Todos los días. Y sobre todo de noche”. Bergé argumenta: “La violencia jamás es gratuita: es un medio de acción que usan ciertas organizaciones, más o menos estructuradas, para que los cargos electos, independientemente de sus ideas, tengan un nudo en el estómago al pensar que puede haber represalias contra ellos o su familia si no dicen la frase adecuada o emiten el voto adecuado”. Añade la líder macronista: “Esto, en democracia, debería generar una condena unánime. Desgraciadamente, no siempre es así. Hay organizaciones políticas, sobre todo en la extrema izquierda, que no son claras en cuanto al uso de la violencia como medio de acción”.

La política francesa ha cambiado en el último año. Primero fue la reelección de Macron en abril de 2022 para un segundo y último mandato, hasta 2027. Después, las legislativas de junio, en las que los macronistas perdieron la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. Aunque siguieron siendo el primer bloque en número de diputados, ya no podían aplicar el obediente rodillo como en la legislatura anterior. Se reforzaron el Reagrupamiento Nacional, el partido de extrema derecha de Marine Le Pen, y La Francia Insumisa. La vida parlamentaria se animó. Al mismo tiempo, el ambiente se crispó. Durante estos meses se ha visto a un diputado de la izquierda radical llamando asesino a un ministro y a un ministro haciendo un corte de mangas. El griterío y los cánticos en la bancada insumisa son constantes durante algunas intervenciones del Gobierno. Mientras tanto, la extrema derecha se esfuerza por adoptar un comportamiento institucional.

Laurent Berger, secretario general del sindicato moderado CFDT, líder de la oposición sindical a la reforma y voz de la socialdemocracia francesa, decía esta semana a EL PAÍS: “Era simpático lo de ‘ni de izquierdas ni de derechas’ [la posición de Macron al llegar al poder en 2017], pero al cabo de un tiempo el resultado es un gran centro y los extremos. Y una palabra política que no siempre es responsable. Cuando yo era joven, nos hacía gracia el Parlamento indonesio, viendo a unos y otros peleándose. La imagen que da ahora el Parlamento francés es desastrosa”.

Macron, en un encuentro en pequeño comité esta semana sobre el que informó Le Monde, señaló específicamente a Jean-Luc Mélenchon y a su partido, La Francia Insumisa: “Quieren socavar nuestras instituciones y deslegitimar a los defensores del orden responsables. En frente, estamos nosotros. Seremos el último muro ante la violencia y la anarquía”. Mélenchon, en declaraciones recogidas por Le Figaro, denunció: “Los insumisos se han convertido en un objetivo de la politiquería que, intervención tras intervención, intenta hacerlos personalmente responsables de una violencia que, en todo momento de nuestra historia, hemos rechazado como método político”. Y añadió: “Se producen en Francia acontecimientos que recuerdan al funcionamiento de regímenes totalitarios más que a regímenes que tienen autoridad”.

Brutalidad policial

El veterano líder de LFI aludía a los durísimos enfrentamientos el 25 de marzo en Sainte-Soline, municipio del oeste de Francia donde se proyecta una megapiscina para el riego agrícola. Se aplica también a las acusaciones de violencia policial. Hasta la comisaria de derechos humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, ha avisado: “Los actos de violencia esporádica por parte de algunos manifestantes y otros actos reprobables cometidos por otras personas en el curso de una manifestación no justifican el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes del Estado”.

El sociólogo Sebastien Roché, autor de De la police en démocratie (Policía en democracia) y estudioso del mantenimiento del orden, señala un momento clave en esta reforma de las pensiones: el 16 de marzo, cuando Macron ordenó activar el artículo 49.3 de la Constitución, que permite aprobar una ley sin voto. Este día comenzaron las protestas espontáneas con incendios de mobiliario urbano y basuras sin recoger.

“En este momento, el presidente de la República y el ministro del Interior debían decidir cómo responder, y eligieron una respuesta dura”, señala Rocher. ¿Qué ocurrió? “Cuando Macron esquiva al Parlamento y envía a la policía a las calles en contra de los descontentos, todavía sale más gente a la calle”. Roché subraya que “el Gobierno debe hacer algo ante los desórdenes”, pero añade: “El problema consiste en la elección de una estrategia policial agresiva”.

Desde hace dos semanas, las protestas ya no son solo protestas contra la reforma, sino contra la manera como se había adoptado. Fue una “denegación de democracia”, según la oposición, aunque el Gobierno siguió perfectamente los procedimientos constitucionales e incluso se jugó su continuidad con dos mociones de censura, que fracasaron. Ahora las protestas también apuntan a la policía. Al mismo tiempo, ante la violencia en las protestas, el Gobierno intenta redefinir los términos de la discusión: ya no reforma sí o no, sino orden o caos.

“En Francia no se sabe hacer las cosas sin drama, de manera apaciguada y serena”, comenta la politóloga Morin. “Sistemáticamente, hay que llegar a una situación de bloqueo y de violencia para que se empiece a contemplar algo que antes no era posible contemplar”. Y concluye: “Es bastante brutal”.

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