Maduro volverá a la mesa de México si se liberan los activos en el extranjero y recibe licencias para vender petróleo

La mesa de negociación de México permanece en punto muerto y en vista de las exigencias de las partes no parece sencillo que se vuelva a reactivar en el corto plazo. Según fuentes conocedoras de la situación, Nicolás Maduro condiciona el regreso al diálogo con la oposición a la liberación de los fondos venezolanos congelados en el extranjero y la concesión de licencias a la petrolera estatal PDVSA para que pueda vender la cantidad de crudo producido que ahora mismo no tiene salida.

Washington ha recibido el mensaje a través de Juan González, el asesor de Joe Biden para América Latina, y la diplomacia colombiana, cada vez más implicada en el asunto. Estados Unidos insiste a su vez que necesita gestos del Gobierno chavista, como podrían ser la liberación de presos y el levantamiento de inhabilitaciones a políticos de la oposición. Solo así podría acceder a liberar un dinero con el que se crearía un fondo, supervisado por la ONU, destinado a combatir la crisis social y económica que vive Venezuela.

La última vez que se reunió en México el Gobierno y la oposición, en noviembre, acordaron descongelar esos fondos estatales en el extranjero, que suman varios miles de millones de dólares. No ha llegado a ocurrir. La OFAC, la oficina de control de bienes extranjero de EE UU, advirtió que esos activos podrían ser reclamados por los acreedores a los que el Gobierno venezolano les debe dinero. Maduro cree que Biden no tiene voluntad verdadera de liberar esos fondos y la situación se ha enrocado. Desde entonces no se ha producido ningún movimiento que pueda destrabar la situación.

En México se debe concretar una fecha exacta para las elecciones presidenciales de 2024 y la promesa de que la oposición podrá disputarle el poder a Maduro con un mínimo de garantías. Los opositores van a celebrar un referéndum del que saldrá un candidato único que recibirá, en principio, el apoyo del resto. Los antichavistas no han logrado cohesionarse en estos años y han dado bandazos que han facilitado la tarea del Gobierno. A principios de año, eliminaron la presidencia interina de Juan Guaidó, al que durante un tiempo Estados Unidos utilizó como presidente alternativo para aislar a Maduro. No funcionó. Guaidó perdió todo el respaldo y, en paralelo, la coyuntura internacional favoreció a Maduro, más asentado en el poder que nunca. Países hasta hace poco enemistados con el chavismo, como España y Colombia, han restablecido relaciones diplomáticas y han reabierto sus embajadas.

Precisamente el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha tomado la iniciativa para llevar a Venezuela a lo que él llama una democracia liberal. En su primer encuentro con Maduro usó este término en una rueda de prensa conjunta ante el rostro pétreo del presidente venezolano. Se han visto en otras cuatro ocasiones más y este tema siempre ha estado encima de la mesa. Petro, a su vez, va a organizar un foro con la oposición, como adelantó EL PAÍS, y se trae entre manos otros encuentros más ambiciosos que este. Maduro le pidió que en ese espacio incluyera a partidos que él considera de oposición moderada, pero que en el antichavismo llaman alacranes con desprecio. Consideran que esas formaciones le hacen el juego al chavismo y perviven bajo su sombra. Petro no consideró que fuese una buena idea.

Jorge Rodríguez, mano derecha de Maduro, es conocido por ser un hábil negociador. Él quiere poner encima de la mesa la concesión de licencias para vender petróleo venezolano. Estados Unidos lo prohíbe con las sanciones, aunque a finales del año pasado hizo algunas concesiones al permitir las operaciones de Chevron. Fue un gesto de acercamiento al chavismo, al que empezó a considerar un interlocutor válido a raíz de la invasión rusa de Ucrania. EE UU necesitaba buscar proveedores de energía alternativos. En clave interna, esas licencias que exige Rodríguez serían un balón de oxígeno para las maltrechas arcas venezolanas y más después de que tenga que reacomodar sus negocios petroleros tras la defenestración del ministro de ese ramo, Tareck El Aissami. El Gobierno ha encontrado en PDVSA un agujero de 3.000 millones de dólares producto de la corrupción.

Por su parte, Colombia ha desplegado todo su arsenal diplomático para resolver la crisis venezolana. Armando Benedetti, el embajador, ha establecido unas fuertes relaciones con el chavismo y ha visitado Washington para trasladar mensajes confidenciales, de ida y vuelta. Petro también ha encomendado esta tarea a Luis Gilberto Murillo, el embajador en Estados Unidos, que ha actuado con mucho sigilo y cautela. El canciller Leyva juega un papel relevante, pero él sobre todo se ha enfocado en que Caracas ayude a Colombia en los procesos de paz y resuelva algunos asuntos espinosos como la extradición de Aida Merlano, una exsenadora que se refugió en Venezuela cuando era buscada por las autoridades por compra masiva de votos. Dicho de otro modo, la normalización de la vida política venezolana copa la agenda del presidente, que se ve capaz de resolver los problemas. Sin embargo, Venezuela y Estados Unidos tienen sus exigencias, y nunca parecen dispuesto a ceder, por ahora.

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