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Los ataques contra la prensa ponen en alerta a los medios en Ecuador

Un USB explosivo causa heridas leves a un periodista y se suma a las 445 agresiones contra profesionales en el último año

Ecuavisa
Miembros de la policía investigan el ataque contra cinco periodistas el 21 de marzo.POLICIA ECUADOR (via REUTERS)

El artefacto explosivo estaba colocado en una memoria USB que había llegado en un sobre manila, con un mensaje impreso. Era para el periodista y presentador Lenin Artieda, del canal ecuatoriano Ecuavisa. Artieda lo metió en el computador cuando se dio la descarga que le ocasionó heridas leves, aunque pudo ser mayor porque “se activó solo la mitad del explosivo”, explicó Javier Chango, jefe de Criminalística de la Policía.

Ese fue uno de los cinco sobres que tenían el mismo contenido que se enviaron a través de un servicio de mensajería la semana pasada y estaban dirigidos a los periodistas Carlos Vera, Mario Rivadeneira de Radio Democracia, Mauricio Ayora del canal TC televisión y Milton Pérez de Teleamazonas. Solo el de Artieda explotó y fue ahí cuando los otros comunicadores se dieron cuenta de que se trataba de un ataque múltiple.

Las primeras investigaciones determinaron que el remitente era el mismo. H. García habría enviado los paquetes desde la ciudad de Quinsaloma, ubicada en la provincia costera de Los Ríos. La Policía lo considera un sospechoso clave en la investigación, pero siete días después del hecho, todavía no ha sido capturado. César Ricaurte, director de Fundamedios, teme que este ataque sea uno más que queda impune, en un ambiente cada vez más violento contra la prensa. En el 2022, la organización monitoreó 356 agresiones contra periodistas, eso significa 67 más que el año anterior.

Milton Pérez, uno de los periodistas que recibió el USB la semana pasada, dice que el caso debe aclararse. “Que nos digan dónde estamos pisando”, añade. En el sobre también había una hoja con un mensaje impreso en el que decía: “Información va a desenmascarar al correísmo”. “No decían cállate, no daban instrucciones de no meternos en un caso específico, era una trampa”, dice Pérez.

Este caso tiene un perfil diferente al que ha usado el crimen organizado en otros ataques múltiples contra periodistas y medios de comunicación en el último año. Han disparado contra las instalaciones del canal RTS, usan motociclistas para dejar panfletos con mensajes concretos, como alertar de agresiones a civiles, o prohibir la circulación del diario Extra en algunas ciudades. “Esta vez se trata de periodistas de mucha visibilidad y de larga trayectoria. Este patrón nos habla de que quieren dar un mensaje de alta exposición a la ciudadanía”, dice Ricaurte.

La mayoría de las agresiones ocurre en ciudades pequeñas, donde se ventilan graves conflictos por minería ilegal, narcotráfico y trata de personas. En el último año, cuatro periodistas de medios digitales cuyo trabajo se caracteriza por hacer transmisiones en vivo han sido asesinados en Ecuador. Y en lo que va de 2023, ya son 89 periodistas los que han sufrido algún tipo de agresión, como amenazas, discursos estigmatizantes, procesos judiciales, ataques en el espacio digital y físicos.

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“No se ha tenido más información sobre estas agresiones y me temo que bajo la muletilla de que se le atribuye al crimen organizado, ahí quede todo”, explica Ricaurte. El silencio y la impunidad atraviesan los cientos de casos de agresiones y asesinatos a periodistas, como el que conmocionó al país sudamericano hace cinco años.

El 26 de marzo de 2018, a bordo de una camioneta que conducía Efraín Segarra, el fotógrafo Paúl Rivas y el periodista Javier Ortega, del diario El Comercio, iban en la carretera que va hacia la comunidad de Mataje, en la provincia de Esmeraldas, que es fronteriza con Colombia, cuando fueron secuestrados por miembros del Frente Oliver Sinisterra, disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra murieron por contar qué ocurre en uno de los territorios más violentos del país y la impunidad de sus muertes ha convertido a Esmeraldas en una “zona silenciada”, que inhibe a los comunicadores a informar sobre los graves hechos en la provincia del norte y que se extiende a otras zonas donde las bandas delincuenciales han tomado control.

Cinco años después del crimen, el Ministerio Público no ha determinado una hipótesis de lo ocurrido, y el caso se mantiene bajo reserva. Las familias han pedido insistentemente la información, pero ni Lenin Moreno ni Guillermo Lasso, que ofreció desclasificar los archivos de este crimen, lo han hecho.

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