Ecuador, el país donde las balas no distinguen barrios ni horarios

Las balas ya no distinguen entre víctimas de ajustes de cuentas y ciudadanos corrientes que se cruzan con la delincuencia. Guayaquil, la principal ciudad portuaria de Ecuador, está tan caliente que el nivel de inseguridad ha llevado al presidente del país, Guillermo Lasso, a decretar este lunes el estado de excepción en todo el territorio cuando aún no cumple ni cinco meses al frente del Gobierno. Los militares acompañarán a los policías a patrullar las calles durante 60 días ante una oleada de incontrolable violencia que justo el día antes de la reacción oficial se llevó doce vidas en una sola jornada.

La violencia ya no discrimina ni barrios ni horarios. Un niño de 11 años murió abatido de cuatro disparos el domingo por la tarde en una heladería cuando un ladrón armado y un policía se enfrentaron a tiros. Una mujer de 33 años fue asesinada este mismo martes, primer día en vigencia de la emergencia, al resistirse a un asalto después de salir de un banco con 6.000 dólares en efectivo. Un almacén de artículos del hogar fue atracado por cuatro delincuentes que se llevaron 80.000 dólares. Dos personas más recibieron disparos en sendos robos la semana pasada mientras hacían fila para entrar también al banco. Una anciana recibió un disparo en la cara y cayó desplomada en la calle a finales de septiembre por tratar de defender a su esposo cuando dos tipos aparecieron en una moto y le golpearon para robarle. Los casos se repiten a diario.

”Esto es una guerra”, ha dicho el gobernador de Guayas, la provincia que lidera el índice de problemas. “Lo que estamos viviendo hoy es lo que vivía Colombia en los 80 y 90″, compara Pablo Arosemena por el impacto del narcotráfico y del sicariato en la vida cotidiana. “Ver uniformes militares en las calles tiene un simbolismo: están diciendo ‘estamos entrando con fuerza’ para proteger al ciudadano”, interpreta Fernando Carrión. El académico especializado en seguridad de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) no cree que en dos meses se vaya a resolver definitivamente un problema que tiene dos aristas, la de la delincuencia alimentada por la pobreza y la penetración del narcotráfico en Ecuador. En el país, según los últimos datos oficiales, hay 5,2 millones de personas viviendo en la pobreza y pobreza extrema de una población de 17 millones, una situación que agravaron la pandemia y los confinamientos para contener la propagación del virus. Solo tres de cada 10 personas tienen un empleo formal.

Los criminales actúan ahora a plena luz del día, en zonas residenciales, en centros comerciales y en cualquier circunstancia con más asiduidad que antes. Roban mientras se espera en un semáforo, dan el tirón por la ventana de los autobuses para arrebatar teléfonos o bolsos, se cruzan delante de un vehículo en mitad de la circulación para llevárselo, se cuelan en las casas con los residentes dentro o fuera, se suben al transporte público con machetes o pistolas para desvalijar a los pasajeros o desmantelan piezas del motor de los coches que están aparcados con la puerta de casa en menos de cinco minutos.

Pero esos comportamientos, que el Gobierno achaca a que Ecuador es ahora también un país de consumidores de droga que roban para satisfacer su adicción, no son el único problema. Las muertes por sicariato y los asesinatos responden al nuevo rol que tiene el país en el mundo de las drogas. Esto, a su vez, está relacionado con el descontrol en el sistema carcelario y los violentos amotinamientos de los últimos años, como el de la Penitenciaría de Guayaquil que dejó 118 muertos hace dos semanas.

Según Carrión, Ecuador se ha reposicionado en el panorama internacional del narcotráfico porque está en un lugar estratégico. Por un lado, es vecino de los dos mayores productores: Colombia y Perú. Por otro lado, está dentro de los dos corredores de comercialización: hacia Estados Unidos por la vía del océano Pacífico y hacía Brasil -el mayor consumidor- por la vía Amazónica que, además, conduce hacia Europa, Asia y Oceanía.

Esta tesis coincide con las declaraciones oficiales y la declaración de la emergencia. “Más del 70% de las muertes violentas que ocurren en Guayas están de alguna forma relacionadas con el tráfico de drogas”, dijo el presidente Lasso. Y decretó la emergencia, precisamente, en las seis provincias de la zona costera donde es más intensa la actividad narcodelictiva.

“Grave conmoción interna”

El goteo de incidentes que antes convivía con unos ciudadanos adiestrados para evitar el riesgo es ahora un reguero de episodios violentos. Los ecuatorianos, especialmente los guayaquileños, están aterrados y han empezado a modificar sus hábitos para no exponerse a una delincuencia que, según el decreto presidencial de emergencia, ha causado “grave conmoción interna” en el país por “el desbordamiento de la actividad delictiva”.

La percepción ciudadana se confirma en las cifras de la policía. A falta de dos meses y medio para acabar 2021, el país suma 1.885 homicidios cuando en todo el año pasado eran 1.372 muertes violentas y, en 2019, antes de la pandemia, rozaban las 1.200. Un 27% de los asesinatos tiene lugar en Guayaquil y sus zonas de influencia. No son solo ajustes de cuentas entre bandas criminales o traficantes de droga que se disputan el territorio, como era habitual leer hasta ahora en los partes policiales; también son víctimas de robos o asaltos que terminan mal.

La Fiscalía lleva un registro que, pese a las cifras, no refleja la dimensión real de la delincuencia porque no todos los delitos son denunciados. En 2021, ha habido 16.017 robos hasta agosto. Unos 66 por día con un significativo repunte a partir de junio, cuando la vacunación contra la covid catapultó la reactivación laboral y comercial. Hace dos años, fueron 20.121. Guayaquil y Quito, las dos ciudades ecuatorianas más pobladas, copan la mitad de la incidencia delictiva nacional. Para estos casos, apunta el académico de la Flacso, no sirve la misma receta que para la incidencia del crimen organizado. Hay que establecer, dice, políticas públicas con reformas al sistema judicial y fiscal y estrategias sociales. “No basta con la presencia del uniforme militar en las calles”.

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