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La paradoja del juez del ‘Diario Militar’: pedir protección a las instituciones por las que se exilió

Miguel Ángel Gálvez Aguilar envió a juicio a nueve militares y policías retirados, acusados de crímenes contra la humanidad y desaparición forzada en Guatemala

Evelyn Boche Ventura
Ciudad de Guatemala -
Miguel Angel Galvez
El juez guatemalteco Miguel Ángel Gálvez, en su casa en San Lucas, en diciembre de 2015.Moises Castillo (AP)

El juez Miguel Ángel Gálvez suma cuatro meses en el exilio por las presiones e intimidación que experimentó luego de encarcelar y enviar a juicio a nueve policías y militares retirados, acusados de crímenes contra la humanidad cometidos durante el conflicto armado en Guatemala en el caso conocido como Diario Militar o Dosier de la Muerte. El jurista ha dicho que no tuvo más opción que el exilio porque consideró que en Guatemala no hay garantías para defenderse de denuncias infundadas y porque la policía que debía cuidarlo no advirtió ni frenó las prácticas intimidatorias de seguimientos y vigilancias que lo llevaron a pedir las medidas cautelares que la Corte IDH le otorgó en julio de 2022. En respuesta al sistema americano de justicia, el Estado le ofrece ahora a Gálvez dos únicas garantías para que vuelva al país: custodia policial y que denuncie ante el Ministerio Público, una institución en la que paradójicamente no confía.

En sus 23 años como jurista, Gálvez ha sumado decenas de resoluciones contra grupos del crimen organizado, estructuras de corrupción y criminales de guerra. En 2012, hizo que el dictador Efraín Ríos Montt fuera a juicio por cargos de genocidio y crímenes contra la humanidad. Cinco años más tarde, procesó también al expresidente Otto Pérez Molina y varios exintegrantes de su gabinete de Gobierno, acusados en el caso de defraudación aduanera conocido como La Línea, que investigó la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Por su trabajo, Gálvez (64 años) se ganó el sobrenombre de “Honorable Juzgador” en las redes sociales. Pero no todo eran aplausos para el Juez de Mayor Riesgo, figura legal guatemalteca para designar a los magistrados responsables de juicios que puedan representar un peligro personal para ellos. La alerta de criminalización llegó también desde internet. El 6 de mayo de 2022, horas después de su resolución en el caso Diario Militar, uno de los directivos de la Fundación contra el Terrorismo (FCT), Ricardo Méndez Ruiz, publicó un tuit en el que le ponía en la diana: “Es el turno de Miguel Ángel Gálvez. La @FCTGuatemala se hace cargo.”

Creada para la defensa y apoyo de los veteranos de guerra, la fundación que dirige Méndez Ruiz ha acabado encabezando una persecución penal contra jueces, fiscales y periodistas que son incómodos para el poder de turno. Como advertía en el mensaje contra Gálvez, buscan llevar ante la justicia a juristas a quienes ellos consideran “delincuentes” o que han cometido irregularidades. En su diana han estado también exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Francisco Sandoval; la jueza Ericka Aifán y el presidente de elPeriódico, Jose Rubén Zamora. Sandoval y Aifán llevaron ante la justicia a decenas de funcionarios y exfuncionarios señalados por corrupción en instituciones de Gobierno y por supuestos vicios en la elección de magistrados y justicia. Zamora, por su parte, lleva más de siete meses en prisión acusado por lavado de dinero, en un caso que se armó en tres días, según un reportaje del periódico digital ElFaro. La detención del presidente de elPeriódico se ordenó después de publicar varios artículos e investigaciones periodísticas que denuncian posibles actos de corrupción durante el gobierno del presidente Alejandro Giammattei, como la conocida Trama Rusa.

En el caso de Gálvez, le señalan por prevaricato y por crear la figura de “prisión provisional”, aunque en el texto de la denuncia que presentó el 11 de mayo de 2022 no quedaba del todo claro el fundamento del señalamiento hacia el juez. También le atribuyeron casos que no se habían tramitado en su juzgado. Para garantizar que los funcionarios no sean sujetos de denuncias espurias o de carácter político, en Guatemala se activa el proceso de antejuicio o pesquisa preliminar, pero Gálvez ha asegurado que, en su caso, ese mecanismo no fue efectivo.

Conforme avanzó el antejuicio, se comprendió que la FCT señalaba a Gálvez por el retraso en la primera declaración de los detenidos. La Constitución guatemalteca establece que los arrestados deben testificar ante un juez dentro de las 24 horas posteriores a su captura. Gálvez se defendió argumentando que es “imposible” cumplir con ese plazo cuando los casos involucran a más de 50 sospechosos, como el de La Línea u otros a cargo del Ministerio Público y la CICIG.

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El pasado 15 de noviembre, el jurista divulgó un video en el que anunció su renuncia y exilio por la falta de garantías para enfrentar un proceso penal en Guatemala. La maquinaria que se activó con la denuncia de la FCT avanzaba a toda prisa pese a las medidas provisionales que la corte IDH dictó a favor del juez en julio de 2022, precisamente para asegurar la justicia a favor de las víctimas del caso Diario Militar.

El Diario Militar

El Diario Militar es un documento desclasificado de inteligencia militar y policial que registra las torturas, asesinatos y desapariciones contra 183 dirigentes sociales e integrantes de organizaciones guerrilleras, considerados como “enemigos internos” entre 1983 y 1985. La justicia guatemalteca no había dado seguimiento al caso hasta que, en 2012, la corte IDH condenó al Estado y ordenó investigar los hechos.

Las primeras capturas por el caso se efectuaron en mayo de 2021, por autorización del juez Gálvez. Entonces, el Ministerio Público aseguró que las personas fichadas en el Diario Militar fueron sometidas a “diversos actos de tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes y en algunos casos ejecución extrajudicial”.

En una audiencia de supervisión de las medidas provisionales de seguridad que la corte IDH dictó a favor de Gálvez, el jurista recordó la escalada de intimidaciones y criminalización en su contra. El magistrado decidió salir del país tras advertir que continuaban los seguimientos y que lo habían fotografiado junto con su hijo menor de edad.

Cuando la jueza de la corte IDH Verónica González preguntó qué medidas puede asegurar el Estado para el retorno seguro de Gálvez y su familia a Guatemala, el director de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh), Ramiro Contreras, señaló que la Policía Nacional Civil (PNC) siempre ofreció protección perimetral a la residencia del juez.

Pero el retorno del juez más bien depende del cese de las acciones judiciales que se emprendieron en su contra por la denuncia de la FCT. La petición puntual de Gálvez ante la corte IDH es que Guatemala se abstenga de “cualquier acción de persecución y hostigamiento” en contra de él y su familia y que finalice la “criminalización por sus resoluciones en los casos de graves violaciones a los derechos humanos”.

El juzgador recordó ante los jueces de la corte IDH que la supuesta protección policial que le ofrece el Gobierno no impidió que dos hombres armados lo siguieran hasta su casa el día de su resolución en el caso Diario Militar. A la cita de la corte en Costa Rica, asistió el secretario general del Ministerio Público, Angel Pineda, incluido en la lista Engel del Departamento de Estado de EE UU que señala actores corruptos y antidemocráticos en Centroamérica. Cuando la jueza González preguntó por la falta de investigación en torno a los seguimientos e intimidación que denuncia Gálvez, Pineda señaló que el juez no siguió el camino de la denuncia, el único que marcan las instituciones de justicia de Guatemala para “encontrar la verdad”.

Galvez expresó que no quiso denunciar ante el Ministerio Público porque eso significaba compartir información con una institución que no le inspira credibilidad. Para los abogados que acompañan al juez, las causas generadoras del riesgo siguen vigentes. Para los representantes de la estructura gubernamental, el Estado de Guatemala “respetaría” el compromiso de proteger a Gálvez, con protección policial.

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