Un grupo de eurodiputados exige a la Comisión Europea que investigue los abusos contra migrantes en Grecia

Las revelaciones de EL PAÍS sobre los abusos cometidos por agentes de seguridad fronteriza en Grecia contra migrantes irregulares, devueltos ilegalmente a Turquía tras ser despojados de sus pertenencias y dinero, ha provocado indignación en Bruselas, donde varios eurodiputados han reclamado inmediatamente a la Comisión Europea que investigue estas y otras alegaciones que organizaciones de derechos humanos llevan tiempo denunciando en uno de los puntos migratorios más controvertidos del territorio europeo. Las nuevas denuncias —ha habido otras en el pasado reciente— llegan en un momento delicado: cuando varios países, entre ellos Grecia, reclaman un endurecimiento de la política migratoria europea y que la Comisión financie vallas y muros físicos.

La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del Parlamento Europeo, presidida por el socialista español Juan Fernando López Aguilar, se ha apresurado a remitir una pregunta a los comisarios de Interior, Ylva Johansson, a su jefa, la vicepresidenta para Valores y Transparencia, Vera Jurová, y al también vicepresidente y comisario para la Promoción de nuestro Modo de Vida Europeo, el griego Margaritis Schinas.

“¿Piensa la Comisión Europea abrir una investigación formal sobre la veracidad de estas acusaciones contra las autoridades fronterizas griegas y hacer cumplir la ley europea?”, reza la pregunta remitida en Bruselas en el mismo día en que una delegación parlamentaria ha llegado a Atenas para analizar, precisamente, “alegaciones relacionadas con el estado de valores europeos en Grecia”. La misión de LIBE, presidida por la neerlandesa Sophie in ‘t Veld, ya ha decidido “incorporar el asunto” de las revelaciones de este diario en sus reuniones con el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, y otras autoridades helenas, entre ellas el Servicio de Asilo griego, responsables locales de Frontex y ONG, ha adelantado a EL PAÍS López Aguilar, que también planteará esta cuestión en sus encuentros con Johansson la semana que viene durante el pleno de la Eurocámara en Estrasburgo.

“Hay una base de empatía con los padecimientos de la Administración griega y sus fuerzas de seguridad en el manejo de una situación tan difícil [como es la frontera con Turquía]”, asegura el socialista español. Pero la cuestión migratoria es un “problema cronificado” en Grecia y, en ningún caso, se puede permitir “ninguna connivencia con violaciones de derechos humanos como continuamente están reportando todas las ONG que trabajan en la zona”, advierte López Aguilar, para quien resultan “intolerables” las denuncias efectuadas por los testigos que hablaron con EL PAÍS y el medio griego Solomon.

La pregunta escrita a la Comisión enviada este lunes es la segunda en pocos días que la Comisión parlamentaria de Justicia manda al Ejecutivo europeo respecto a la política migratoria helena. Tras un reportaje de The New York Times a mediados de febrero sobre los pushbacks (devoluciones ilegales de migrantes) por parte de las autoridades helenas, López Aguilar ya envió otra carta a la Comisión preguntando si está dispuesta a abrir un expediente sancionador por estas políticas y, también, si la Comisión piensa “condicionar” los fondos de asilo y migración a Atenas a que esta cumpla con las leyes internacionales y europeas en la materia.

A estas misivas se agrega ahora una tercera, preparada por los eurodiputados españoles Ernest Urtasun (Catalunya en Comú, afiliado a Los Verdes en Bruselas), Sira Rego (IU) y María Eugenia Rodríguez Palop (Podemos), que también preguntaron este lunes a la Comisión, tras las revelaciones de EL PAÍS, si piensa abrir una investigación “para comprobar si estos hechos se están produciendo en Grecia” y si piensa desplegar alguna medida, en Grecia y otras fronteras exteriores, para “monitorizar esta vulneración de derechos fundamentales”. Los tres españoles quieren saber, asimismo, si la Comisión Europea “considera que el despliegue de fondos europeos en zonas fronterizas es compatible con la práctica de sustraer dinero y objetos de valor a las personas migrantes”, según el texto, al que ha tenido acceso este diario.

La Comisión Europea tiene un plazo de dos meses para responder a este tipo de cuestiones escritas de los parlamentarios, aunque no es inusual que tarde más. Fuentes comunitarias apuntan a que sobre todo en cuestiones migratorias la lista de consultas y requerimientos suele ser más larga de lo habitual.

En una primera respuesta oficial, una portavoz del Ejecutivo europeo se ha limitado este lunes a recordar que la gestión eficiente de fronteras debe estar “enraizada en el respeto de los derechos fundamentales, incluyendo la dignidad humana, y el principio de no devolución” y ha recordado que los Estados miembros “deben respetar sus obligaciones” en la materia.

Por otro lado, y aunque ha subrayado que son las propias autoridades griegas las que, en primera línea, deben investigar estas cuestiones, ha recordado que la Comisión lleva ya tiempo en “estrecho contacto” con las autoridades helenas por acusaciones de este tipo que han derivado, ha dicho, en un refuerzo de los controles internos con varias “investigaciones en marcha” tanto de agentes fronterizos como de guardia costera, entre otros. Además, la comisaria Johansson mantiene “profundas conversaciones” con las autoridades griegas en la materia, ha agregado, sin revelar su contenido.

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