La polémica reforma judicial en Israel echa a andar entre protestas frente al Parlamento

La polémica reforma judicial del Gobierno de Benjamín Netanyahu, contra la que cientos de miles de israelíes se manifiestan desde hace dos meses, ha sido aprobada en primera lectura en la madrugada de este martes en el pleno del Parlamento israelí, tras horas de bronco debate y de una nutrida protesta en sus alrededores, en Jerusalén.

La Knesset ha dado luz verde a una parte de la propuesta, que tiene como objetivo debilitar el poder del Tribunal Supremo y modificar el sistema de elección de sus magistrados, por 63 votos a favor, 47 en contra y sin abstenciones. Los seis diputados de Israel Nuestro Hogar, el partido de Avigdor Lieberman, han boicoteado la sesión. El texto volverá ahora a la Comisión de Constitución, Ley y Justicia para preparar su votación en segunda y tercera lectura, que tendrán lugar previsiblemente a finales de marzo.

La iniciativa está promovida por la coalición del Likud de Netanyahu con los partidos de ultraderecha y ultraortodoxos, que gobierna desde el pasado diciembre. Tras advertir la semana pasada de que la propuesta ha colocado al país “al borde del colapso constitucional y social” por la polarización que genera, el presidente, Isaac Herzog, se ha mostrado este domingo convencido de que Gobierno y oposición pueden alcanzar un acuerdo de compromiso “en los próximos días”.

Este lunes, sin embargo, el tono ha sido otro. El anterior primer ministro y líder de la oposición, Yair Lapid, ha acusado al Gobierno de llevar a votación “dos leyes para anular la democracia” y un grupo de diputados ha ondeado la bandera nacional al comenzar el debate. El presidente de la Cámara, Amir Ohana, ha expulsado a varios. Uno de los promotores de la medida, el ministro de Justicia, Yariv Levin, se ha presentado poco antes de la votación como una de las voces excluidas por “los jueces, el mundo académico y los medios de comunicación, que ignoran a la mayoría de los ciudadanos israelíes”.

“Una gran noche y un gran día”, ha tuiteado Netanyahu tras la votación. Horas antes y visiblemente molesto, ha acusado a los organizadores de las protestas ―que han cortado temporalmente el tráfico en la carretera entre Jerusalén y Tel Aviv― de “destruir la democracia”. “No aceptan los resultados de las elecciones, no aceptan la decisión de la mayoría”, ha subrayado mientras ponía el foco en el escrache que impidió esta mañana a una diputada conservadora llevar al colegio a su hija, con necesidades especiales, y en que “hay espacio para el diálogo” en torno a las enmiendas mientras siguen su curso parlamentario. El embajador de Estados Unidos en Israel, Tom Nides, ha señalado recientemente que la Administración de Joe Biden está pidiendo al primer ministro que “pise el freno” con la reforma.

Además, el jefe de los servicios de inteligencia en el interior (Shin Bet), Ronen Bar, ha hablado recientemente con Levin y otros ministros para advertirles de que “el ambiente se está calentando”, con “riesgo potencial de violencia”, según el canal KAN 11 de la televisión israelí. Este martes, se reunirá con Lapid.

La Knesset ha aprobado en concreto dos enmiendas a la Ley Básica (Israel carece de Constitución). De salir finalmente adelante, la primera modificaría la composición del comité que elige a los jueces del Supremo y que data de 1953, cinco años después del nacimiento del país. Ahora está formado por tres magistrados de la Corte, dos ministros, dos diputados ―uno de ellos de la oposición― y dos miembros del colegio de abogados. La enmienda dejaría, en la práctica, el comité en manos del Ejecutivo, al otorgar las plazas del colegio de abogados a otro ministro y otro diputado. Además, estipula que el ministro de Justicia elegirá, con el visto bueno del presidente del alto tribunal, a dos de los jueces, que han de estar retirados.

La segunda enmienda impediría al Supremo revisar o tumbar aquellas normas que considere contrarias a la Ley Básica, una prerrogativa que se arrogó hace un cuarto de siglo y ha utilizado de forma muy limitada. La Corte ejerce de contrapeso en un país sin Constitución, con una estructura de poder muy centralizada y un jefe de Estado carente de poder ejecutivo. La enmienda más polémica ―la que permitiría al Parlamento anular una decisión del Supremo por mayoría simple― no ha sido aún llevada al pleno.

La derecha, mayoritariamente en el poder en Israel desde 1977, percibe desde hace tiempo al Supremo como un reducto de poder asquenazí (judíos originarios del centro y este de Europa, generalmente asociados despectivamente a la élite y a la izquierda) que frena la voluntad popular expresada en las urnas. Ahora, el Ejecutivo más derechista de la historia del país se ha lanzado rápidamente a laminar sus atribuciones y cambiar su composición. La oposición sospecha que las prisas están relacionadas con las tres imputaciones por corrupción de Netanyahu, cuyas causas podrían acabar justamente en el Supremo si resulta condenado y apela.

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