Ofensiva del Gobierno de Lula para aliviar la crisis de los indígenas yanomami

Los problemas sanitarios y de seguridad en la Tierra Yanomami, la mayor reserva indígena de Brasil, no son novedad, pero en los últimos años han empeorado de tal manera que el nuevo Gobierno brasileño decretó el día 20 una emergencia sanitaria en este territorio amazónico del tamaño de Portugal. Y ha anunciado que la semana próxima desplegará una operación militar para expulsar a los mineros furtivos.

Hogar de 27.000 indígenas, está invadido por unos 20.000 buscadores de oro que operan en la ilegalidad. Las imágenes de niños famélicos con tripas hinchadas de lombrices han causado conmoción y han dado nueva fuerza a las recurrentes denuncias de los jefes yanomami. “Parece un campo de concentración”, declaró tras visitar la zona el secretario de salud indígena del ministerio, Weibe Tapeba, la semana pasada. El Ejecutivo envió una misión de emergencia con personal sanitario, evacuó a los enfermos más graves a hospitales —incluidos críos—, repartió cestas básicas y la policía federal abrió una investigación por genocidio.

En el punto de mira de la policía y del Gobierno está el anterior presidente, Jair Bolsonaro. El actual, el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, fue categórico tras viajar el fin de semana pasado a Boa Vista (Estado de Roraima), donde están hospitalizados más enfermos: “Más que una crisis humanitaria, lo que vi en Roraima fue un genocidio. Un crimen premeditado contra los yanomami, cometido por un Gobierno insensible al sufrimiento del pueblo brasileño”.

Las imágenes difundidas son dantescas, pero los datos también. En el único hospital pediátrico de Boa Vista hay 59 críos indígenas ingresados, incluidos ocho yanomami en estado crítico, informa Reuters. Durante el mandato de Bolsonaro, murieron por causas evitables 570 menores de cinco años de esa etnia, según cifras oficiales obtenidas por Sumaúma, un medio digital especializado en la Amazonia.

El Gobierno de Lula ha abierto una convocatoria para médicos brasileños voluntarios que estén dispuestos a ir a atender a los yanomami en sus tierras, en la Amazonia, que se extienden a ambos lados del linde con Venezuela.

Tapeba, secretario de salud indígena del Gobierno, él mismo médico y nativo, explicó tras su visita a la remota región que el sistema de salud es inexistente por la presencia de bandas de criminales armados. “Esto solo se puede resolver expulsando a los mineros ilegales, y eso solo lo pueden hacer las Fuerzas Armadas”, declaró. Está en consonancia con las demandas insistentes de los líderes yanomami. Ya se hizo en los años noventa, como recordó Joenia Wapichana, máxima responsable de la atención gubernamental a la población indígena, unos 800.000 entre los 210 millones de brasileños.

Neutralizar avionetas de los mineros

El presidente Lula se reunió este lunes con Wapichana, el ministro de Defensa, José Múcio, y los jefes de las Fuerzas Armada para tratar del despliegue de militares la semana próxima en la Tierra Yanimami. La prioridad es neutralizar la circulación de las avionetas de los mineros furtivos, vitales para llevar suministros a las áreas de difícil acceso en las que operan. “Cualquier vuelo sospechoso va a ser obligado a desviarse y aterrizar en una pista para ser identificado”, según el titular de Defensa.

Unos años después de que los garimpeiros (mineros furtivos) fueran expulsados por los soldados, comenzaron a regresar atraídos por la subida del oro en los mercados internacionales. Y la llegada de Bolsonaro al poder desató una nueva fiebre del oro.

Antes de ser presidente y mientras ostentó el cargo, el ultraderechista defendió la legalización de la minería ilegal y la asimilación a los indígenas. Proteger el modo de vida tradicional de los nativos como vía de preservar la Amazonia siempre le pareció a Bolsonaro un derroche. Su receta para acabar con la miseria de la región es explotar las riquezas minerales que alberga. Ese discurso envalentonó a garimpeiros, que en sus orígenes buscaban el oro de manera artesanal. Ahora se hace a escala industrial con financiación de grandes empresarios e incluso con cómplices en el narcotráfico.

Tanto líderes indígenas como médicos que han trabajado en la Tierra Yanomami denuncian que durante el mandato de Bolsonaro se agravaron sobremanera problemas existentes. Los ambulatorios que atendían a los indígenas en su tierra fueron clausurados, en alguna ocasión porque los furtivos tomaron la pista de aterrizaje creada en medio de la selva para los sanitarios. En otros casos porque las autoridades descubrieron que el personal médico traficaba con los medicamentos a cambio de pepitas de oro. A consecuencia del desmantelamiento de la red de atención básica, enfermedades antes bajo control se han desbocado y convertido en mortales o requieren caras evacuaciones en helicóptero. Sin revisiones médicas ni tratamiento sistemático, se han disparado la malaria, la desnutrición, las lombrices, las diarreas y neumonías.

Los jefes yanomami llevan años denunciando las invasiones de mineros, que traen una ristra enorme de problemas, además de ser ilegal. Solo los aborígenes locales pueden explotar las riquezas naturales de las reservas indígenas. Los blancos atraídos por la fiebre del oro contaminan los ríos por el mercurio que usan para separar el metal precioso de los residuos. La pesca disminuye. Pero, además, su mera presencia ahuyenta a los animales, dificultando la caza.

En paralelo, los indígenas son atraídos a la minería ilegal, la actividad más lucrativa en esas tierras. De manera que su milenaria organización social se está fracturando a pasos agigantados. Y lo que durante milenios fue un círculo virtuoso de convivencia con la naturaleza se convierte en un círculo perverso. Si faltan la pesca o la caza, o ambas, si surgen dificultades de plantar o se pierde una cosecha, de repente la comunidad está ante un problema agudo de hambre. Las cestas básicas, con latas de sardina y arroz, que los militares les lanzan estos días desde el aire son un remedio de emergencia, inviable a largo plazo.

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