El régimen iraní condena a dos jóvenes a 10 años y medio de cárcel por bailar en un vídeo en apoyo de las protestas

Amir Mohammad Ahmadi y Astiaj Haguigui son dos blogueros iraníes de 22 y 21 años, respectivamente. En octubre, cuando arreciaban las protestas contra el régimen de los ayatolás, difundieron en redes sociales un vídeo en el que aparecían bailando juntos ante el icónico monumento de la plaza Azadi (Libertad) de Teherán, un gesto que se interpretó como una muestra de apoyo a los manifestantes. La joven no llevaba el velo que sigue siendo obligatorio en Irán. El 1 de noviembre, días después de publicar esa grabación de 16 segundos, ambos fueron detenidos. Este domingo, la sección 15 del Tribunal Revolucionario de Teherán los condenó a 10 años y medio de cárcel cada uno por “fomentar la corrupción, reunión [ilegal] y connivencia con intención de perturbar la seguridad nacional y difundir propaganda”, informaron este lunes medios de comunicación iraníes en el exilio como IranWire. A Ahmadi y Haguigui también se les ha prohibido toda actividad en internet y abandonar el país durante dos años cuando salgan de la cárcel.

En Irán, las mujeres tienen prohibido bailar en la calle y mucho más si lo hacen con un hombre, incluso si se trata de una pareja de prometidos, como Ahmadi y Haguigui. Sin embargo, IranWire relaciona esta dura condena, más que con esa prohibición, con la represión de unas protestas que comenzaron con la muerte bajo custodia policial de Mahsa Amini, el 16 de septiembre, tres días después de que la joven de 22 años fuera detenida en Teherán por la policía de la moral, que la acusó de llevar mal colocado el velo. Desde entonces, al menos 488 iraníes han muerto por la represión, mientras que más de 18.000 manifestantes han sido detenidos y al menos cuatro, ejecutados, de acuerdo con los datos de la ONG iraní con sede en Oslo Iran Human Rights.

Ahmadi y Haguigui fueron detenidos el 1 de noviembre por agentes de paisano que los golpearon y trasladaron al pabellón 209 de la prisión de Evin, en Teherán, célebre por albergar presos políticos y que está bajo el control del Ministerio de Inteligencia iraní, relata IranWire. Numerosos testimonios de antiguos reclusos de esas instalaciones han descrito la existencia en ellas de una cámara de tortura donde se aplica corriente eléctrica a los presos o se les somete a otros castigos como suspenderlos en el aire por los pies con las manos atadas a la espalda durante periodos prolongados de tiempo.

Juicios sin garantías

Tras más de cuatro meses de protestas populares bajo el lema “mujer, vida y libertad” y en contra de la República Islámica —que el 11 de febrero celebrará su 44º aniversario—, el cansancio y la represión por parte de las fuerzas de seguridad y los paramilitares parecen haber logrado sofocar las manifestaciones, al menos por el momento. Según el sitio web de seguimiento de la crisis en Irán de la organización Critical Threats, el domingo solo se registró una pequeña manifestación en Teherán, en contraste con las decenas de marchas en todo el país de las que se informaba semanas atrás. En los días anteriores, este sitio web había informado de pequeñas protestas en otras zonas de Irán, pero por motivos más económicos que políticos.

La represión, sin embargo, ha pasado de tener como escenario la calle a desarrollarse en los tribunales, según denuncian organizaciones como Iran Human Rights, especialmente en los tribunales revolucionarios, un sistema paralelo al regular, creado en 1979 y cuyo fin es proteger al régimen iraní. En sus salas se suele juzgar a disidentes y periodistas críticos y ante sus jueces están desfilando estos días los detenidos en las manifestaciones. Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch consideran que esos tribunales constituyen arietes de la represión en Irán y que los procesos que se celebran en ellos carecen de garantías.

Amir Ahmadi y Astiaj Haguigui han sido condenados por uno de esos tribunales, el que lleva el número 15 de la capital iraní, que les negó el derecho a elegir a un abogado defensor y denegó también su petición de libertad bajo fianza, siempre según IranWire.

El juez que preside ese tribunal es Abolqasem Salavati, a quien los activistas de derechos humanos iraníes apodan “el juez de la horca” por la facilidad con la que salen de su mano condenas a la pena capital, que en Irán se llevan a cabo mediante ahorcamiento. Otros métodos de ejecución, como la crucifixión y la lapidación, aún son legales. De la firma de Salavati salió la condena a muerte, ejecutada el 14 de enero, contra el ciudadano británico-iraní Alireza Ajbari, por “corrupción en la tierra”, entre otros graves cargos. Tanto la Unión Europea como Estados Unidos han sancionado a este juez, en 2011 y 2019, respectivamente, por los graves abusos de derechos humanos que se le atribuyen, especialmente las violaciones de las garantías procesales y del derecho a la defensa de los acusados.

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