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La elección de los 15 magistrados de la Corte Suprema hondureña encalla en el Congreso

Los diputados del partido Libre de la presidenta Xiomara Castro no logran la mayoría ante la falta de consenso, en un país que anhela el regreso de una Comisión Internacional Contra la Impunidad

Wilfredo Miranda
Xiomara Castro, presidenta de Honduras
Xiomara Castro, presidenta de Honduras, durante un evento en Tegucigalpa, en 2022.Tomas Ayuso (Bloomberg)

Esta vez no llegaron a golpes como en enero de 2022, cuando se eligió a la junta directiva del Congreso de Honduras, pero este miércoles los diputados de los tres principales partidos políticos no lograron un consenso para elegir a los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en un traspié, hasta ahora, para la agrupación oficialista Libertad y Refundación (Libre) de la presidenta, Xiomara Castro. La selección de estos togados es clave porque en el panorama hondureño están pendiente la llegada una Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIH), el nombramiento de un fiscal general y casos judiciales de corrupción pública pendientes, que involucran a los principales grupos de poder y a algunos legisladores. La maratónica sesión ha sido un ejercicio de negociaciones fallidas que se extendió hasta después de las diez de la noche.

Libre es mayoría en el Parlamento con 50 de los 128 diputados y, basados en ese planteamiento, alegan que les corresponden al menos ocho de los quince magistrados. Sin embargo, para la elección de los mismos se requiere una mayoría calificada de 86 votos que el oficialismo no posee. De modo que el oficialismo necesita entenderse con las bancadas de los partidos Liberal, Salvador de Honduras y el Nacional, el rival político más duro de la Administración de Castro. El Partido Nacional tiene 44 escaños y una reputación maltrecha: se le acusa de haber gobernado entre 2010 y 2022 a través de fraudes electorales y relaciones con el narcotráfico, señalamiento último que quedó patente con la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández a Estados Unidos en abril de 2022.

De acuerdo con analistas consultados, el escenario más expedito era un acuerdo entre Libre y el Partido Nacional o el fracaso, como ha sucedido, de la nómina presentada. Antes de que el presidente parlamentario, Luis Redonda, suspendiera la sesión, el jefe de la bancada de Libre, Rafael Sarmiento, presentó una moción nominativa, compuesta por ocho mujeres y siete hombres, que no fue considerada por el resto de las bancadas.

La votación de los magistrados ha encallado y ahora los legisladores tienen dos semanas para ponerse de acuerdo, mientras los magistrados salientes siguen en sus oficinas. Al calor de la discusión, algunos diputados del Partido Liberal afirmaron que Libre “estaría accediendo a aceptar siete magistrados”.

La principal crítica de Libre es que los partidos Nacional y Liberal, que desde 2010 han controlado el Supremo, el primero con ocho magistrados, y el segundo con siete, “no pueden seguir dirigiéndolo”. De acuerdo a versiones extraoficiales, la apuesta del Partido Nacional es tener cinco magistrados y Libre al menos tres.

“No hay consenso en ninguno de los candidatos a magistrados presentados por Libre, porque ellos se inventaron los nombres de los nominados que estaban supuestamente representando al Partido Nacional y al Partido Liberal”, dijo el diputado Jorge Zelaya del Partido Nacional. Lo que sigue ahora es que los legisladores sean convocados por sus jefes de bancada para elegir a los magistrados antes del once de febrero. “Tenemos todos estos días para encontrar consensos, especialmente la gente de Libre y el Partido Liberal, nosotros estamos firmes”, agregó.

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“Pactos” que “buscan la impunidad”

Sin embargo, más allá del desencuentro político, el medio Contracorriente señala en un artículo que lo que se cocina en el Congreso son “pactos” que “buscan la impunidad”. “Desde el 2016, una treintena de congresistas, algunos de estos todavía en el Congreso (Antonio Rivera, Alberto Chedrani, Gladys Aurora López, Milton Jesús Puerto Oseguera, Tomás Zambrano y Wilson Rolando Pineda), han sido acusados e investigados por corrupción”, recuerda el medio de comunicación.

El análisis continúa: “La extinta Misión de Apoyo contra la Impunidad (MACCIH) reveló redes de corrupción que operaban desde el Congreso Nacional, la más conocida fue el Caso Pandora (...) Pero también existen diputados sancionados por los Estados Unidos en la Lista Engel de actores corruptos y en ese país se están llevando a cabo juicios contra ex congresistas, lo cual abre posibilidades de más órdenes de extradición”.

“En ese Congreso siempre ha habido conflictos de intereses… La mayoría de los diputados son empresarios, otros son ganaderos, otros han estado en cuestiones ilícitas, ahorita hay dos o tres extraditados en Estados Unidos que han sido diputados. Hay diputados de los que dicen que siguen en eso. Conflictos de interés siempre hay”, dijo la designada presidencial para la votación de magistrados, Doris Gutiérrez.

El abogado Luis Javier Santos, fiscal jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), dijo a Contracorriente que lo ideal para Honduras es contar con un fiscal general o con un Ministerio Público que tenga como política prioritaria “la lucha contra la corrupción, la defensa de los Derechos Humanos, la lucha contra la criminalidad organizada y la defensa del medioambiente”. “Yo creo que no son incompatibles (con los diputados). Yo creo que esos son los cuatro pilares”, sostuvo.

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Sobre la firma

Wilfredo Miranda
Periodista nicaragüense. Colaborador de EL PAÍS basado en Costa Rica, donde está exiliado. Ha cubierto temas políticos, en especial sobre violaciones de derechos humanos: desplazamiento forzado, tráfico ilegal de tierras indígenas, medio ambiente y ejecuciones extrajudiciales en Centroamérica. Ha ganado el premio Ortega y Gasset y el Rey de España.

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