La región boliviana de Santa Cruz, paralizada tras la detención del gobernador Luis Fernando Camacho

La región boliviana de Santa Cruz se halla paralizada este viernes por decisión de su Comité Cívico, una plataforma vecinal que centraliza a todas las organizaciones locales del departamento. Los cruceños protestan con un paro de 24 horas contra la detención, el pasado 28 de diciembre, de su gobernador, Luis Fernando Camacho. El político ultracatólico ha sido acusado de haber conspirado para derrocar a Evo Morales y sustituirlo por un “gobierno cívico-militar” en noviembre de 2019. Un juez de medidas cautelares dictó “detención preventiva” de cuatro meses en su contra. Camacho permanecerá en una prisión de alta seguridad de La Paz, la capital política de Bolivia, a donde fue enviado inmediatamente después de su captura en Santa Cruz de la Sierra.

Lo sucedido ha sembrado la inquietud en todo el país. Según una encuesta, el 60% de los bolivianos reprueba la detención. Se han reportado compras compulsivas y largas filas ante los surtidores de gasolina en varias ciudades ante la posibilidad de que estalle una oleada de protestas. “Nunca me voy a rendir; los cruceños seguimos luchando hace muchos años contra el abuso del masismo. Esta es una lucha por la democracia y la libertad, una lucha por Bolivia. A los bolivianos que me escuchan: no dejemos que el masismo imponga una dictadura como en Venezuela y Cuba”, declaró Camacho en el acto judicial. Aludía al Movimiento al Socialismo (MAS), el partido oficialista que ha planteado la acusación en su contra, y que está en el poder en Bolivia desde 2006, con un intervalo el año 2020.

En noviembre de 2019, Morales cayó en medio de una crisis política que algunos interpretan como un golpe de Estado y otros como una revuelta popular en contra de un fraude en las elecciones que acababan de ocurrir ese año. Para los primeros, Camacho no solo lideró los bloqueos de calles con pititas, sogas delgadas, que detuvieron el funcionamiento del país para lograr la renuncia del presidente, sino que es culpable de coordinar con miembros de la policía el motín que estalló en esta institución y que determinó la suerte de Morales. Las piezas principales de la acusación son dos declaraciones de Camacho. En una este afirma que su padre, un importante empresario, fue quien “arregló con los policías” el apoyo de estos al levantamiento contra Morales. En otra, emitida inmediatamente después de la renuncia del presidente izquierdista, pidió que este fuera sustituido por una “junta cívico-militar”. En ese momento, él era el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, así que pensaba participar en tal gobierno.

Para los defensores del gobernador, la mayoría de los cuales vive en Santa Cruz, este expresó valerosamente la furia del pueblo contra el fraude electoral, se hizo legendario al vencer a un presidente tan fuerte y determinado como Morales y ahora es el legítimo portavoz de la identidad cruceña, que se diferencia claramente de las otras identidades nacionales. Esto último le ha impedido extender el sólido respaldo electoral del que goza en su región (cuya gobernación ganó en marzo de 2021 con el 55% de los votos) al resto del país, donde el electorado de oposición prefiere líderes menos regionalistas. En este momento todas las fuerzas contrarias al MAS están alineadas detrás de la exigencia de que Camacho sea liberado.

Las medidas de presión contra la aprehensión de Camacho comenzaron a darse a conocer a lo largo del día. El presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), Adrián Castedo, dijo que los productores han determinado que no se comercializará ni granos, ni carne al resto del país, medida que se mantendrá hasta el día que liberen al gobernador de esa región. “Expresamos nuestro apoyo y solidaridad a nuestro gobernador Luis Fernando Camacho y a toda su familia por los lamentables hechos suscitados en su contra en franca violación de las normas constitucionales y de nuestro sistema jurídico”, reza un pronunciamiento público de Fegasacruz.

Por su parte, el europarlamentario del Partido Popular, Leopoldo López Gil, dio a conocer que pedirá que la Unión Europea emita sanciones para el Gobierno de Luis Arce. El eurodiputado le dijo al diario Página Siete que el 9 de enero comenzarán las actividades en la Eurocámara y dio a conocer que en esa fecha realizará la solicitud para una sesión en la que se trate la situación del gobernador de Santa Cruz.

“Promoveré una resolución condenatoria contra el Gobierno de Arce, que pone en evidencia su vocación por la tiranía. Debemos pedir sanciones severas contra el régimen de Arce”, aseveró en comunicación con el medio boliviano.

La policía detuvo a 28 personas en dos ciudades por las violentas reacciones que se produjeron tras el aparatoso arresto del gobernador, que fue interceptado por la policía mientras se trasladaba en un automóvil junto a su equipo de seguridad. Ese día, dos aeropuertos fueron temporalmente tomados por grupos de adherentes de Camacho. Los edificios de las fiscalías de Santa Cruz y de Cochabamba fueron atacados. El primero quedó calcinado; lo mismo pasó con unos 30 vehículos que estaban estacionados frente a él. Las llamas también acabaron con la fachada de la casa de un ministro cruceño del Gabinete de Luis Arce. Otras instituciones públicas sufrieron daños. El Comité Cívico de Santa Cruz considera los incendios “auto-provocados”, es decir, instruidos por los servicios de seguridad para desprestigiar al movimiento cívico y justificar más detenciones. Por eso ha decidido realizar “vigilias” en las puertas de las instituciones nacionales afincadas en Santa Cruz de la Sierra, para evitar nuevas “provocaciones”.

La indignación y la belicosidad han marcado el tono de las calles de la ciudad oriental de Bolivia, la más populosa y rica del país, durante las últimas jornadas. Por eso se espera que, luego de este paro, los fieles de Camacho intensifiquen la presión para intentar lograr su liberación.

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