El voto rural que hizo presidente a Castillo aprieta al nuevo Gobierno de Perú

El sur de Perú se niega a perder la única vez que ganó. Las protestas que exigen elecciones anticipadas y el cierre del Congreso aumentan en las regiones que hace un año y medio hicieron presidente a Pedro Castillo. La imagen de un Castillo triunfal, con los brazos en alto como un profeta, pone cara a las banderas que se ven en la calle. Para muchos se ha convertido ya en un mártir. El relato del golpe de Estado que nunca fue se ve desde este lado al revés: para ellos la víctima es el maestro rural. Víctimas de las élites, del poder, del Congreso, de Lima. El Perú que la capital nunca había escuchado hasta las últimas elecciones ruge desde los Andes para negar al nuevo Gobierno de Dina Boluarte, a la que consideran una traidora, una vendida.

La nueva presidenta ha empezado a ser consciente de que el suyo será un Gobierno de transición, más breve de lo que pensó. Si hace una semana, apenas unas horas después del autogolpe fallido y detención del presidente, juraba su cargo como jefa del Estado hasta 2026, Boluarte ya sabe que no hay posibilidad de sobrevivir mucho tiempo en medio de la crisis abierta por su antecesor. A principios de esta semana planteó celebrar las presidenciales en abril de 2024, pero este miércoles ya ha hablado de diciembre de 2023. Los tiempos se acortan a medida que las protestas crecen.

Ocho días después del suicidio político de Castillo, hay ocho muertos en enfrentamientos entre manifestantes y policías, tres aeropuertos cerrados al tráfico y decenas de bloqueos de carreteras. Miles de personas amenazan con llegar a Lima para celebrar una gran protesta masiva, pero hasta ahora en la capital las marchas no son muy numerosas. Este miércoles, cientos de policías blindaban los edificios públicos y la céntrica plaza de San Martín. Había más uniformados que manifestantes. Estos se limitaron a rodear la plaza varias veces de forma pacífica gritando consignas como: “Dina asesina”. Su intención era llegar al Congreso, pero el contingente policial lo impidió. Para este jueves se esperan nuevas protestas y se ha anunciado un paro nacional.

En el sur la situación tiende más al caos. El Gobierno ha declarado el estado de emergencia en todo el país durante 30 días para que las fuerzas armadas se hagan cargo de la seguridad. Los manifestantes por ahora se niegan a dar marcha atrás. No quieren que este nuevo capítulo de la crisis política peruana se cierre con Castillo encarcelado y el resto siga igual. Quieren elecciones inmediatas y que todos los congresistas se vayan a su casa. El rechazo al Parlamento no es solo una cuestión regional, el 86% de los peruanos desconfía de él, según encuestas de noviembre, un rechazo mayor que el que suscitaba el propio Castillo.

En regiones como Cusco, hoy incendiada por las protestas, el 80% de los electores votaron por él en las elecciones pasadas. Veían en el maestro rural una persona como ellos, la primera oportunidad real de alcanzar el poder. Enfrente estaba Keiko Fujimori, representante de la más tradicional política limeña. Castillo malogró un año y medio de mandato en una crisis constante y nunca fue capaz de llevar la iniciativa política. Los casos de corrupción que lo señalaban a él o a gente de su entorno se multiplicaron hacia el final. El Congreso tampoco se lo puso nunca fácil. El día que decidió dar el autogolpe improvisado se enfrentaba a su tercera moción de censura.

La crisis de legitimidad política en Perú se ha agudizado, el descontento es generalizado. La mayoría de los ciudadanos ha optado por hacer su vida ajena a la crisis que ha hecho que en cinco años Perú haya tenido seis presidentes. El último comparte ahora prisión con el autócrata Alberto Fujimori. Castillo se enfrenta a penas que podrían llevarle cinco décadas a la cárcel, pero los últimos acontecimientos lo han envalentonado. Las protestas en el interior del país y los apoyos externos, como el de los presidentes de Colombia y México, lo animan. Desde la prisión se sigue proclamando el jefe del Estado. En las próximas horas, un juez decidirá si acepta la petición de la Fiscalía de 18 meses en prisión preventiva, un mes más que lo que duró su Gobierno.

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