Los militares golpistas y la élite civil de Sudán firman un acuerdo para tratar de iniciar una nueva transición

Los generales golpistas de Sudán y la coalición de fuerzas civiles apartada del poder en la asonada militar de octubre del año pasado han firmado este lunes, junto con otros grupos menores, un vago acuerdo inicial con el objetivo de allanar el camino para iniciar una nueva transición democrática en el país. El pacto, sin embargo, es ampliamente rechazado por los grupos prodemocráticos, que han liderado la sostenida movilización social de oposición a las autoridades golpistas, y que han convocado nuevas protestas.

El acuerdo marco rubricado este lunes ha sido negociado durante semanas en un proceso muy opaco y no aborda las principales demandas de la oposición civil: la rendición de cuentas; la reforma del ejército y los servicios de seguridad; el futuro de un acuerdo de paz con varios grupos armados del país; o el desmantelamiento del régimen instaurado por el dictador Omar Al Bashir. La resolución de estos asuntos se ha dejado para un acuerdo final que se negociaría de forma inmediata, y que debería dar pie a un periodo de transición que culminaría en unas elecciones.

El golpe del 25 de octubre de 2021 puso punto y final a la frágil transición democrática en Sudán, iniciada poco después de que Al Bashir fuera derrocado en 2019, tras meses de masivas protestas sociales. La asonada supuso un duro revés a las aspiraciones de desmantelar el antiguo régimen y sentar las bases de un Gobierno civil y democrático.

El comandante del ejército y líder del golpe, Abdelfatá Al Burhan, prometió en un primer momento que nombraría rápidamente a un Gobierno tecnocrático para dirigir el país hasta unas elecciones en 2023. Pero la amplia oposición popular con la que se ha encontrado le ha impedido apuntalar a un primer ministro. Al Burhan se ha enfrentado además, con muy pocos apoyos, a una grave crisis económica, a niveles alarmantes de violencia interna y a un fuerte aislamiento diplomático. En julio, el propio comandante ya señaló, vagamente, que el ejército estaba dispuesto a dar un paso atrás en la escena política.

En su discurso en la ceremonia de la firma del acuerdo marco, Al Burhan indicó que está dispuesto a transformar el ejército en una institución que respete una dirección democrática electa, y afirmó que son los políticos los que deben asumir el liderazgo político del país. Mohamed Hamdan Dagalo —comandante de las Fuerzas de Apoyo Rápido, un poderoso grupo paramilitar que amparó el golpe, pero que mantiene una relación tensa con el ejército— aseguró que está comprometido con el establecimiento de un Gobierno civil.

Las misiones en Sudán de la ONU, la Unión Africana y la Autoridad Intergubernamental sobre el Desarrollo (IGAD), una organización económica de África Oriental, han apoyado las negociaciones junto con diplomáticos de algunas potencias regionales y occidentales. En un comunicado posterior a su firma, estas tres misiones consideraron que el pacto “es un primer paso fundamental hacia el restablecimiento de un periodo de transición sostenible y la formación de un Gobierno civil y democrático”.

Sin embargo, los descentralizados comités de resistencia del país, que han estado al frente de la lucha contra las autoridades golpistas, han rechazado ampliamente el acuerdo. Previo a su firma, estos grupos consideraron, en un comunicado, el pacto un “arreglo entre asesinos y oportunistas” y un “compromiso entre las élites”, y llamaron a intensificar las protestas. Sharif Mohamed Osman, un alto cargo de las Fuerzas de la Libertad y el Cambio, la coalición civil que ha firmado el documento, reconoció a EL PAÍS semanas antes del acuerdo que la confianza del grupo en los militares es muy escasa.

Además de los grupos prodemocráticos, también se ha opuesto al acuerdo buena parte del movimiento islamista de Sudán, al que el propio Al Burhan se había acercado después del golpe para tratar de articular una base de apoyo. Algunos de los grupos rebeldes que firmaron en 2020 un acuerdo de paz con las autoridades centrales del país han rechazado asimismo el pacto, ya que temen que pueda traducirse en una pérdida de poder e influencia.

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